Un grupo de voluntarios de Cáritas se ha
concentrado esta mañana en la plaza de la Aurora, donde han dado a conocer la
campaña ‘Por una vivienda digna y adecuada. Nadie sin hogar’, lema bajo el que
se celebra, el próximo domingo, el Día de las Personas sin Hogar.
Para estas entidades no se trata de una afirmación
alarmista, sino de una constatación que ponen de manifiesto los datos aportados
por fuentes diferentes. Así, mientras que la Federación de Entidades de Apoyo a
las Personas sin hogar (fePsh) indica que más de 30.000 personas viven en
nuestro país sin hogar y sin techo, el VII Informe FOESSA, publicado a finales
de octubre pasado, señala que en 2013 un 3,3% de personas en España viven en
situación de hacinamiento.
Otra cifra preocupante es la que procede de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que señala que entre enero y julio de
2013 se produjeron en nuestro país 35.908 desahucios. Y, lo que es más grave,
el 83% de las personas afectadas afirman no tener otra vivienda, ni de
propiedad, ni de alquiler, en la que alojarse.
La vivienda, un derecho humano
Tanto la Declaración Universal de los Derechos
Humanos como la Carta Social Europea y la Constitución Española sostienen que
toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. FACIAM, Cáritas,
fePsh, XAPSLL y BesteBi subrayan todos los aspectos vitales que, según Naciones
Unidas, suponen el derecho a vivir bajo un techo: la seguridad en una ocupación
continuada y pacífica de la vivienda, sin la amenaza de su pérdida; el acceso
garantizado a suministros y el correlativo soporte de sus gastos; la
accesibilidad física al edificio o casa y su entorno (educación, ocio, salud,
transporte etc.); la habitabilidad legal y emocional del espacio; y el acceso a
la cultura y al ocio.
El drama de las ejecuciones hipotecarias
El acceso a ese derecho no es hoy posible para
miles de ciudadanos y ciudadanas españoles, que viven en carne propia el
resultado de lo que para los responsables de la Campaña son “unas políticas de
vivienda no inclusivas basadas en la inversión económica y donde la persona no
es el centro”.
Las cifras, de nuevo, confirman esa aseveración, si
se tiene en cuenta que de los casi 7 millones de viviendas terminadas en España
entre 1991 y 2007, sólo el 14,5% (989.018) estuvieron sujetas a algún sistema
de protección. O si se analizan los devastadores efectos que en la vida de
miles de familias tuvieron las 400.000 ejecuciones hipotecarias que, según el
Consejo General del Poder Judicial, tuvieron lugar entre 2008 y 2012; o el dato de las 3.443.365
viviendas vacías que existen en España, como indica el Censo de Población y
Vivienda 2011.
Como se denuncia desde la Campaña de Personas Sin
Hogar, “estos datos tienen cientos de miles de nombres propios y están
referidos a personas concretas: mujeres, hombres y niños que han visto como ´el
sueño de un hogar´ se ha derrumbado”.
Se trata de personas y familias que no tienen techo
o, aún teniéndolo, no disfrutan de una vivienda digna, adecuada, en paz y en un
entorno habitable y sustentable. Que se ven empujadas a vivir sin techo, en
espacios públicos o pernoctando en algún centro de emergencia y de carácter
temporal. O que no tiene otro remedio que seguir viviendo en una recinto
inadecuado, ya sea una chabola o en una vivienda masificada.
Reclamación a las Administraciones públicas
Ante esta realidad, FACIAM, Cáritas, fePsh, XAPSLL
y BesteBi reclaman a las Administraciones públicas la puesta en marcha de
manera urgente de una política de vivienda que garantice este derecho, y que
prevenga y combata la vulnerabilidad y la exclusión residencial en España.
Además, y como vienen haciendo desde el año 2008,
las entidades piden que el Estado ratifique la Carta Social Europea Revisada de
1996, donde se incluye el derecho a la vivienda en el artículo 31, así como la
firma y ratificación del Protocolo Adicional por el que se establece el Sistema
de Reclamaciones Colectivas de 1995.
Es necesaria y urgente, además, una reforma
jurídica, sobre todo en el ámbito del alquiler y de los procedimientos de
ejecución hipotecaria (desahucios), que reflejen una opción clara de política
pública por el derecho y que no trate a la vivienda como oportunidad de negocio
y de crecimiento económico. Proponen, en este sentido, la paralización de todos
los desahucios de vivienda habitual, la obligatoriedad de la mediación en
procesos de ejecución y la dación en pago sumada a un alquiler social.
Demandan, asimismo, la articulación de un Pacto
estatal de vivienda que se refleje en un Plan de Vivienda Social para todo el
país.
Llamamiento a los medios de comunicación y a toda
la ciudadanía
Y a toda la sociedad, fePsh, FACIAM, Cáritas,
XAPSLL y BesteBi animan a “aprehender que no hay derechos para nosotros y
´sobras´ para las personas que están en situación de sin hogar”. “Somos todos
seres humanos y, por tanto, titulares de derechos. Y todas las personas –
recuerdan-- son igual de prioritarias en la garantía de sus derechos por parte
de las Administraciones públicas”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario