Los servicios de comunicaciones, los esenciales como el agua y la luz y los financieros son los más reclamados en la provincia de Granada durante 2014, con 2.287 sobre un total de 2.527 frente a las 3.040 registradas en 2013. Así, el número de demandas presentadas es el más bajo del periodo 2011-2014.
Según el balance de 2014 del Servicio Provincial de Consumo, las comunicaciones aglutinan 725 reclamaciones, relacionadas sobre todo con la telefonía móvil, y los servicios esenciales concentran casi el 24% del total. Por su parte, los productos industriales – comunicaciones, textiles y electrodomésticos-- ocupan el segundo puesto en el número de reclamaciones con 236 frente a las 415 registradas en 2013, lo que supone un descenso del 43,1%.
La memoria de 2014 indica igualmente que se han presentado 294 denuncias correspondiendo la casi totalidad al sector servicios, con 283 que representan un aumento del 16% en relación con 2013. Los financieros son los más demandados, con 57 denuncias motivadas principalmente por los horarios de pago de recibos en ventanilla, comisiones bancarias y condiciones de los contratos. Les siguen los servicios minoristas (35 denuncias), de ocio y juego (27) y sanitarios (26).
Cabe destacar un descenso del 51% en el número de las reclamaciones relacionadas con los servicios de restauración como consecuencia, entre otros factores, del aumento de las campañas de inspección que realiza la Junta durante todo el año.
Con estas actuaciones, se pretende reforzar los controles sobre todos los sectores y productos con el fin de garantizar los derechos y garantías que le reconoce la ley a las personas consumidoras y usuarias. En este marco de inspección, durante 2014 se han realizado 39 campañas (31 en 2013) en las que se han visitado 1.552 establecimientos y se han levantado 3.566 actas de las que 1.066 contienen alguna infracción.
Sanciones
Con motivo de las inspecciones realizadas se han iniciado 316 expedientes por las campañas de 2014 y se han resuelto 341, algunos iniciados en campañas anteriores pero que dado el procedimiento administrativo se prolongan más de un año natural. Estos expedientes se traducen en propuestas de sanciones de carácter leve por un importe total de casi medio millón de euros.
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