La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reiterado hoy que es una prioridad para la Junta seguir velando por la ampliación de los derechos de las personas con discapacidad en Andalucía. Así lo ha señalado durante el encuentro que ha mantenido en Huéscar (Granada) con la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, Física y/o Sensorial Aspadisse, entidad que cuenta con un total de 220 personas asociadas y que está dedicada desde 1983 a la recuperación e integración social de este colectivo.
Sánchez Rubio ha recordado “el compromiso de la Junta de Andalucía por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, una prioridad de Gobierno que desarrollamos en permanente colaboración con el movimiento asociativo”. En este sentido, ha considerado “fundamental” el apoyo a las asociaciones que representan y dan voz a este colectivo, integrado actualmente en la comunidad por más de 542.000 personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por los Centros de Valoración y Orientación, 53.703 de las cuales se encuentran en la provincia de Granada.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha destacado la importante labor y los servicios que presta Aspadisse en la comarca granadina de Huéscar, así como “el esfuerzo compartido entre la Junta y el Ayuntamiento de Huéscar para mantener los servicios que desarrolla Aspadisse en el municipio”, a través del Centro de Atención Temprana, la Unidad de Apoyo Académico y la Unidad de Estancia Diurna con Terapia ocupacional. En concreto, en el Centro Ocupacional llevan a cabo programas relacionados con las habilidades sociales, la autonomía personal, y la atención temprana, entre otros. Además, desarrollan otras iniciativas individualizadas adaptadas a las necesidades de cada persona para lograr su integración total, tanto física como social y laboral.
Durante el encuentro con Aspadisse, la consejera ha manifestado que Andalucía es de las pocas comunidades autónomas que cuenta con una Ley específica de Atención a las Personas con Discapacidad, de carácter transversal y aprobada en 1999 para dar respuesta a las necesidades de este colectivo.
Esta norma será sustituida en breve por la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, cuyo anteproyecto ha aprobado ya el Consejo de Gobierno. El nuevo texto normativo amplía el actual, primando la garantía de derechos más allá del enfoque asistencial y prestando especial atención a mujeres y menores. Además, prioriza las políticas de empleo dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades de estas personas y garantiza el acceso universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación y/o servicios sociales, entre otras medidas.
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