La concejala del Partido Popular, Ángeles López, ha denunciado la falta de compromiso político en materia social de la Junta de Andalucía al no dotar de presupuesto esta herramienta legal de servicios sociales. En este sentido la dirigente popular ha explicado que en la propia norma la Junta de Andalucía supedita a su estado financiero la aplicación de la Ley y la concesión de Ayudas. Y es que realmente esta ley reconoce y garantiza el derecho a recibir una prestación por parte de los ciudadanos que demanden y sean beneficiarios de estos derechos, pero “en función de su capacidad económica”. Hay un artículo en el proyecto de ley de Servicios Sociales de Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que contradice el principio fundamental de la futura normativa: el blindaje de estas ayudas.
Se trata del artículo que diferencia entre unas prestaciones garantizadas, "aquellas cuyo reconocimiento tiene el carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria", de las condicionadas, entendidas como aquellas que "están sujetas a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación que se establezca". Sobre las garantizadas, la Consejería de Hacienda aún siendo un derecho subjetivo reconocido la concesión de las ayudas y cuya concesión es obligatoria, ésta se hará "de acuerdo con la asignación de recursos, la situación económica y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria". Para los populares es absurdo que se reforme una ley vigente desde 1988 para “blindar y garantizar prestaciones y finalmente se queden supeditadas a la viabilidad financiera de la administración, por lo que nuevamente la Junta de Andalucía del Partido Socialista vuelve a vender “humo y propaganda sin sostenibilidad ni ningún tipo de garantías”.
López Cano ha pedido al PSOE que “no tome el pelo a los ciudadanos y que acompañe el documento escrito de las partidas presupuestarias para llevar a cabo este texto normativo”.
Así mismo la dirigente popular ha denunciado que desde la Junta de Andalucía se hayan descartado más del 60% de las alegaciones y enmiendas formuladas por los ocho Colegios de Trabajo Social de la comunidad autónoma, en representación de los 5.000 profesionales trabajadores y trabajadoras sociales. “No escuchar a los profesionales que atienden a diario a los ciudadanos y que conocen la realidad social es sumamente grave”, ha criticado.
Del texto propuesto por la profesión compuesto por 177 alegaciones, sólo han sido admitidas un total de 39 (un 22%) y otras 24 lo han sido parcialmente (el 14%), mientras que un total de 114 han sido descartadas, lo que suponen nada menos que el 64%.La edil popular ha explicado que la exigencia de atenerse a la estabilidad presupuestaria es obligatoria desde la reforma del artículo 135 de la Constitución, es cierto, pero otras comunidades Autónomas como Castilla y León o Galicia también tienen leyes de Servicios Sociales y han diferenciado prestaciones esenciales y condicionadas pero no han introducido la coletilla, “según disponibilidad presupuestaria, garantizando y comprometiéndose realmente a dar las prestaciones que recogen sus disposiciones”.
Por ello la responsable popular ha denunciado que según esta Ley, “el ciudadano tiene el derecho subjetivo a la ayuda, y la Administración se la reconoce, pero no se la otorga si no hay dinero creando expectativas y mareos a personas que realmente tienen necesidades”.
Así mismo López Cano ha manifestado que el proyecto de ley de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía actualiza la normativa vigente desde 1988 e introduce las novedades ya existentes en otras comunidades autónomas en las que se conocen como leyes de segunda generación, aquellas reformadas tras la entrada en vigor de la ley de dependencia en 2007, por lo que “no es una ley pionera y novedosa tal y como llevan vendiendo a bombo y platillo durante un año”, ha censurado.
Del mismo modo, ha alabado que por fin la Junta de Andalucía se ha decidido a promulgar una segunda ley de servicios sociales; la primera y única es de 1988. Pero ha lamentado que veintiséis años haya esperado el PSOE para crear una Ley de Servicios Sociales, “cuando llevan toda la vida gobernando en Andalucía y con mayoría absoluta”.
Así mismo, la edil popular ha subrayado que buena parte de las prestaciones destacadas figuran en otros articulados. Es el caso de la tarjeta social, disponible en las leyes de Galicia, Madrid o Castilla-La Mancha. También los itinerarios individualizados para los usuarios están presentes en otras normas (Galicia, Aragón). O el papel de los profesionales de referencia, en Madrid e incluso la capacidad de acudir a los tribunales para reclamar un derecho no será una novedad en Andalucía, ya que aparece en Castilla y León, el País Vasco o Extremadura.
Sobre las prestaciones presuntamente garantizadas, Andalucía reproduce un listado genérico, prácticamente calcado al de otras comunidades. Será en la elaboración del catálogo de prestaciones -en un plazo no superior a 12 meses tras la aprobación de la ley por el Parlamento- cuando se concrete qué ayudas están disponibles. Por ejemplo, el proyecto recoge que estará garantizada la atención inmediata en situaciones de urgencia social, pero será el catálogo el que explicite, o no, si habrá ayudas de alimentación, agua o luz, y la disponibilidad presupuestaria.
Para concluir la responsable popular ha afirmado que “la ley es papel mojado, realmente reconoce unos derechos pero no los garantiza y deja solos a los Ayuntamientos y a los profesionales indefensos y sin herramientas para llevar a cabo la implantación real de esta normativa”. Y ha defendido el trabajo y el papel del Trabajador Social que se encuentra en la mayoría de las ocasiones desamparado y sin recursos para aplicar y atender las demandas sociales, convirtiendo a los servicios Sociales en el “cajón desastre” donde cabe todo, pero sin medios, algo de lo que deben de tomar nota las administraciones competentes”, ha finalizado.
Se trata del artículo que diferencia entre unas prestaciones garantizadas, "aquellas cuyo reconocimiento tiene el carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria", de las condicionadas, entendidas como aquellas que "están sujetas a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación que se establezca". Sobre las garantizadas, la Consejería de Hacienda aún siendo un derecho subjetivo reconocido la concesión de las ayudas y cuya concesión es obligatoria, ésta se hará "de acuerdo con la asignación de recursos, la situación económica y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria". Para los populares es absurdo que se reforme una ley vigente desde 1988 para “blindar y garantizar prestaciones y finalmente se queden supeditadas a la viabilidad financiera de la administración, por lo que nuevamente la Junta de Andalucía del Partido Socialista vuelve a vender “humo y propaganda sin sostenibilidad ni ningún tipo de garantías”.
López Cano ha pedido al PSOE que “no tome el pelo a los ciudadanos y que acompañe el documento escrito de las partidas presupuestarias para llevar a cabo este texto normativo”.
Así mismo la dirigente popular ha denunciado que desde la Junta de Andalucía se hayan descartado más del 60% de las alegaciones y enmiendas formuladas por los ocho Colegios de Trabajo Social de la comunidad autónoma, en representación de los 5.000 profesionales trabajadores y trabajadoras sociales. “No escuchar a los profesionales que atienden a diario a los ciudadanos y que conocen la realidad social es sumamente grave”, ha criticado.
Del texto propuesto por la profesión compuesto por 177 alegaciones, sólo han sido admitidas un total de 39 (un 22%) y otras 24 lo han sido parcialmente (el 14%), mientras que un total de 114 han sido descartadas, lo que suponen nada menos que el 64%.La edil popular ha explicado que la exigencia de atenerse a la estabilidad presupuestaria es obligatoria desde la reforma del artículo 135 de la Constitución, es cierto, pero otras comunidades Autónomas como Castilla y León o Galicia también tienen leyes de Servicios Sociales y han diferenciado prestaciones esenciales y condicionadas pero no han introducido la coletilla, “según disponibilidad presupuestaria, garantizando y comprometiéndose realmente a dar las prestaciones que recogen sus disposiciones”.
Por ello la responsable popular ha denunciado que según esta Ley, “el ciudadano tiene el derecho subjetivo a la ayuda, y la Administración se la reconoce, pero no se la otorga si no hay dinero creando expectativas y mareos a personas que realmente tienen necesidades”.
Así mismo López Cano ha manifestado que el proyecto de ley de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía actualiza la normativa vigente desde 1988 e introduce las novedades ya existentes en otras comunidades autónomas en las que se conocen como leyes de segunda generación, aquellas reformadas tras la entrada en vigor de la ley de dependencia en 2007, por lo que “no es una ley pionera y novedosa tal y como llevan vendiendo a bombo y platillo durante un año”, ha censurado.
Del mismo modo, ha alabado que por fin la Junta de Andalucía se ha decidido a promulgar una segunda ley de servicios sociales; la primera y única es de 1988. Pero ha lamentado que veintiséis años haya esperado el PSOE para crear una Ley de Servicios Sociales, “cuando llevan toda la vida gobernando en Andalucía y con mayoría absoluta”.
Así mismo, la edil popular ha subrayado que buena parte de las prestaciones destacadas figuran en otros articulados. Es el caso de la tarjeta social, disponible en las leyes de Galicia, Madrid o Castilla-La Mancha. También los itinerarios individualizados para los usuarios están presentes en otras normas (Galicia, Aragón). O el papel de los profesionales de referencia, en Madrid e incluso la capacidad de acudir a los tribunales para reclamar un derecho no será una novedad en Andalucía, ya que aparece en Castilla y León, el País Vasco o Extremadura.
Sobre las prestaciones presuntamente garantizadas, Andalucía reproduce un listado genérico, prácticamente calcado al de otras comunidades. Será en la elaboración del catálogo de prestaciones -en un plazo no superior a 12 meses tras la aprobación de la ley por el Parlamento- cuando se concrete qué ayudas están disponibles. Por ejemplo, el proyecto recoge que estará garantizada la atención inmediata en situaciones de urgencia social, pero será el catálogo el que explicite, o no, si habrá ayudas de alimentación, agua o luz, y la disponibilidad presupuestaria.
Para concluir la responsable popular ha afirmado que “la ley es papel mojado, realmente reconoce unos derechos pero no los garantiza y deja solos a los Ayuntamientos y a los profesionales indefensos y sin herramientas para llevar a cabo la implantación real de esta normativa”. Y ha defendido el trabajo y el papel del Trabajador Social que se encuentra en la mayoría de las ocasiones desamparado y sin recursos para aplicar y atender las demandas sociales, convirtiendo a los servicios Sociales en el “cajón desastre” donde cabe todo, pero sin medios, algo de lo que deben de tomar nota las administraciones competentes”, ha finalizado.
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