26/2/16

IU acusa a PSOE y PP de impedir la investigación de irregularidades en el contrato de Aguas y Servicios con la Mancomunidad


La moción presentada por Izquierda Unida en el Pleno de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios fue rechazada con los votos del PSOE y del PP y la abstención del Partido Andalucista, poniendo de manifiesto de forma clara y rotunda la voluntad de esos partidos en mantener la gestión del agua como un negocio sucio en manos privadas y en perjuicio de la mayoría social ciudadana.



Ante esta situación, IU ha reafirmado su compromiso con la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de la Comarca, llevando a cabo todas las actuaciones legales a su alcance para que se esclarezcan las múltiples irregularidades cometidas. En este sentido, sus responsables han anunciado que van a poner en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz este asunto, además de trasladar a la Fiscalía toda la documentación del proceso de privatización iniciado en 1995 para que investigue cualquier indicio de corrupción y depure presuntas responsabilidades.



La moción de IU rechazada planteaba cuatro propuestas de Acuerdo:



- Llevar a cabo las actuaciones necesarias para esclarecer la legalidad de la prórroga de la concesión de la gestión del servicio del agua

- Poner a disposición de la Administración de Justicia toda la información para que se determine la legalidad del proceso.

- En el caso de que, finalmente, el contrato resultara lesivo para los intereses ciudadanos, iniciar los trámites necesarios para el rescate del servicio de gestión del ciclo integral del agua.

- El compromiso de no incrementar los recibos del agua a los vecinos y vecinas hasta que se esclarezcan todas las irregularidades.



Para Izquierda Unida, en cualquier caso, queda claro que las responsabilidades políticas del Partido Popular y del PSOE resultan evidentes dado el enorme perjuicio que se ha ocasionado a los ciudadanos al hurtarles un derecho básico que debe ser accesible y asequible para todos y todas.



Por ello ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a las asociaciones, a las organizaciones políticas y sociales y, en definitiva, a la sociedad civil para que se movilicen en defensa de sus intereses y no toleren que sus derechos básicos se conviertan en negocios privados. Que nadie se enriquezca a costa de sus dineros. Y que denuncien esta forma de hacer política de los gestores públicos que actúan a favor de sus intereses particulares en muchos casos y no para el interés colectivo.




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