La propuesta ya ha recibido el respaldo necesario de 25 ayuntamientos de la comunidad autónoma por lo que la iniciativa legislativa municipal será registrada el próximo 24 de febrero en el Parlamento para su debate y aprobación por la cámara andaluza
El coordinador provincial de
Andalucía por Sí, Ángel Ortega y los miembros de la coordinadora nacional de la
nueva formación andalucista, María José Maya y David Martín, han dado a conocer
los trámites que se llevarán a cabo para exigir al Parlamento de Andalucía la
puesta en marcha de una ley regional que impida el corte del suministro de
agua, electricidad o gas a las familias en riesgo de exclusión social.
En
este sentido, el coordinador provincial, Ángel Ortega, ha afirmado que una ley
andaluza contra la pobreza y la brecha energética cada vez es más necesaria
vista la escalada de precios de la electricidad en pleno invierno.
Ortega
ha declarado que “es intolerable que en el siglo XXI la luz se esté
convirtiendo de nuevo en un artículo de lujo para cientos de miles de familias
andaluzas, que están en situación de vulnerabilidad y se sienten desprotegidos
ante la escalada de precios de los suministros básicos de sus hogares,
especialmente de la luz”.
El
coordinador provincial de Andalucía Por Sí ha confirmado que la intención de su
formación política impulsando esta medida es “que a ninguna familia, a ningún
hogar andaluz se le corte la luz, el gas o el agua porque no pueda pagarla. Que
si los Servicios Sociales del municipio informan que es una familia en riesgo
de exclusión social, las empresas suministradoras no puedan cortarle el
suministro por falta de pago”.
Del
mismo modo, el miembro de la coordinadora nacional, David Martín, ha afirmado
que desde Andalucía por sí, “tenemos claro que la dignidad de la persona es un
de los valores fundamentales y que en la actualidad haya familias que tienen
que decidir entre pagar la factura de la luz o comer no es de recibo”.
Martín
ha defendido que esta iniciativa legislativa municipal ha recibido el apoyo por
unanimidad de casi todos partidos en los
ayuntamientos donde se ha presentado, sin embargo “se da la circunstancia de
que algunos partidos han votado de forma distinta en cada ciudad. Este ejemplo
lo tenemos en Motril donde una formación política votó en contra, incluso su
portavoz estaba fuera de la sala cuando se debatió la propuesta andalucista en
el orden del día”.
El
miembro de la coordinadora nacional ha manifestado que no entiende como
partidos “que llevan por bandera la defensa de los más débiles frente a las
multinacionales luego en Motril votan en contra de que haya una Ley Andaluza
que impida que se corte el suministro de luz, agua o gas a las familias con
menos recursos, mientras la misma formación en otros municipio ha apoyado la
propuesta”.
Por
su parte, la integrante de la coordinadora nacional, María José Maya, ha
relatado que el estatuto de Autonomía “contempla una vía participativa que en
su artículo 111, permite que tanto los ciudadanos como los ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma puedan iniciar el procedimiento legislativo presentando
proposiciones de ley ante el Parlamento”. Cuando se ejerce a través de
corporaciones locales se precisa el acuerdo, adoptado por mayoría absoluta, de
los plenos de al menos veinticinco municipios andaluces.
Asimismo,
Maya ha incidido en que “la proposición de Ley que hemos llevado en la
Iniciativa contra la Pobreza Energética en Andalucía es la misma que fue
aprobada en el Parlamento de Aragón, por unanimidad de todos los grupos
políticos y que ya está en vigor. Si allí han sido capaces de ponerse de
acuerdo todos los partidos en beneficio de sus ciudadanos, ¿por qué en
Andalucía no podemos hacerlo?”
Finalmente,
María José Maya, ha afirmado que el acuerdo de diciembre de PP y PSOE en el
Congreso de los Diputados es “un paso importante, pues avanza en dotar de
financiación la lucha contra la Pobreza Energética, pero las competencias en Asuntos
Sociales son de las Comunidades Autónomas, por lo que las mismas deben legislar
en sus territorios cómo llevarlo a cabo”.
La
propuesta de Andalucía por Sí ha conseguido la aprobación por unanimidad o por
mayoría absoluta de los siguientes 25 ayuntamientos: Ayamonte, Isla Cristina
(Huelva), Coria del Río, Estepa, Écija, Palomares, La Campaña, Pruna (Sevilla),
Priego de Córdoba, Posadas, Aguilar de la Frontera (Córdoba), Almuñécar, Motril
(Granada), Vera (Almería), Ronda, Vélez-Málaga, Frigiliana, Montecorto,
(Málaga), Setenil de las Bodegas, Villamartín, Paterna de Rivera, Barbate,
Tarifa, Conil, El Bosque (Cádiz).
Además
se ha llevado al Pleno de otros ayuntamientos, donde no ha obtenido el respaldo
de la mayoría absoluta, con distintos posicionamientos de los partidos
políticos, como en Puerto Real, Prado del Rey, Ubrique, Alcalá de Guadaíra y
Coín. Y está previsto que se debata en otros municipios, entre ellos los
granadinos Cuevas del Campo, Montefrío, Dúrcal, Los Guájares o Huétor Santillán.
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