Después de que la consejera de educación, Adelaida de la
Calle, negara que los hechos fueran ciertos y desestimara los testimonios
recogidos y las fotos aportadas por el parlamentario Jesús de Manuel; un padre
indignado ha querido compartir su realidad personal en una carta que ha hecho
pública
En la carta, el “padre indignado” destaca que hay más de
70 quejas de los padres contra la
empresa que tiene contratados los servicios sólo en Motril, que la actuación de
la policía cuando realiza controles a estos autobuses es muy deficitaria y que
a día de hoy las rampas siguen sin estar adaptadas, los pasillos siguen
existiendo, los anclajes son insuficientes, los cinturones están rotos y atados
con nudos y los y las niñas tienen que pasar más de una hora en estas
condiciones pese a las características especiales de su salud, lo que hace que
muchas de ellas tengan crisis epilépticas, ataques, retrasos a la hora de
satisfacer sus necesidades de higiene y aseo, etc.
El asunto se remonta al pasado martes 31 de enero, cuando el
parlamentario andaluz, Jesús de Manuel, y la consejera de Igualdad y Relaciones
con la sociedad civil de Podemos Motril, Iraida Puerta, se reunían con los
padres y madres del consejo escolar del colegio de educación especial Luis
Pastor, para conocer de primera mano la situación del transporte escolar de sus
hijos. Desde que la Junta de Andalucía, mediante concurso, otorgara a la
empresa UT Santa Marta el transporte de los colegios de educación especial
tanto en Granada como en Motril, se han venido sucediendo diversos problemas
con el estado de los vehículos que hacen la ruta, que no cumplen las mínimas
garantías de seguridad para este tipo de transporte especial, así como con los
horarios que obligan a los y las menores a estar hasta casi una hora dentro del
autobús antes de llegar al destino.
El asunto se trasladó el jueves siguiente al Parlamento
andaluz en forma de pregunta parlamentaria que fue contestada por la consejera
de educación, Adelaida de la Calle, negando la mayor, e insinuando que los
testimonios recogidos y las fotos aportadas por nuestro parlamentario, en los
que se podía constatar el mal estado del servicio, eran falsos.
En su intervención, la consejera argumentó que se había
abierto un expediente sancionador, y que pese a que la empresa presentó
alegaciones y el proceso continuaba abierto, la Junta estaba muy vigilante y
que se había pedido a la empresa que dotara a la ruta de más vehículos, gracias
a lo cual, el servicio se prestaba adecuadamente a día de hoy. Los padres y las
madres afectadas denuncian, sin embargo, que el expediente que se abrió el 25
de noviembre de 2016 tenía un plazo ejecución de 15 días, y que a día de hoy
aún no tienen una solución. Así mismo, piden la dimisión de la consejera.
Enlace a la carta aquí:
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