El Área de la Mujer de COAG y
CERES se suman a esta convocatoria impulsada a nivel mundial por el movimiento
argentino “Ni Una Menos” con motivo del Día Internacional de la Mujer. Entre
otras cuestiones, se reclama que se erradique la división sexual del trabajo,
que condena a las mujeres a empleos precarios, peor pagados, no remunerados,
ilegales e invisibles y que las obliga a ser cuidadoras como algo esencial de
su sexo. Asimismo, con este paro se quiere reivindicar un cambio de modelo
político donde “nuestros derechos no sean cuestionados”, ha subrayado
Inmaculada Idáñez, responsable del Área del Mujer de COAG y Presidenta de
CERES, a lo que ha añadido, “frente a un
Estado que nos ignora, denunciamos la violencia institucional que venimos
sufriendo. No existen leyes efectivas que logren erradicar la violencia
estructural y que supriman la jerarquía que coloca a los hombres sobre las
mujeres”.
En ese sentido, COAG y CERES
quieren poner el acento en la precaria situación que padecen las mujeres
víctimas de violencia machista en el medio rural. “Los servicios de atención a las víctimas se
centralizan en cabezas de comarca y los viajes a esos centros de atención no
están accesibles para todas las mujeres. No existe formación a cerca de la
denuncia que puede ejecutar como auxilio, cualquier ciudadano y aún se entiende
el maltrato como “problemas privados de familia”, describe Idañez. Además, COAG
y CERES sostienen que el personal que atiende en los puntos donde se podría
detectar la violencia, como centros de salud, enfermerías o juzgados de paz, no
tienen coordinación entre sí. Esto provoca que en muchos casos, las mujeres
tengan que repetir el protocolo en cada uno de los puntos a los que acuden para
denunciar su situación y revivir la historia del maltrato repetidas veces,
“algo muy duro desde el punto de vista emocional”, lamenta la Presidenta de
CERES.
Pero por encima de todo, COAG y
CERES considera fundamental la prevención y para que sea efectiva, son
fundamentales presupuestos, educación y
la consideración de otras formas de violencia que ahora sólo se reconocen como
“discriminación”. En relación a ello, desde ambas organizaciones se está
trabajando junto con la plataforma 7N en un documento de propuestas todos los tipos de violencia machista. A
corto plazo, es necesario que la mesa de trabajo constituida en el Congreso de
los Diputados para avanzar en un Pacto de Estado contra la Violencia de Género
recoja una modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género en la que se
tengan en cuenta las duras condiciones de las víctimas que viven y trabajan en
el medio rural.
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