Este manifiesto reclama mayor control sobre el urbanismo desbocado que vive España ya que "la urbanización masiva y sobre terrenos no siempre adecuados es muy preocupante".y tiene "consecuencias ambientales y paisajísticas muy negativas", y "consecuencias perniciosas para la calidad de vida de los ciudadanos". Además, "puede comportar efectos preocupantes para el equilibrio del sistema financiero y la actividad económica". Los firmantes reclaman al Gobierno que entre en la gestión del territorio y no lo deje todo en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
El manifiesto dice que el urbanismo se hace de forma opaca, que a menudo acaba en corrupción política, y que "prevalecen los intereses de los agentes urbanizadores" frente al bien común; y añade que, de mantener el actual ritmo de construcción "de grandes beneficios privados", vendrán largos periodos de "costes ambientales, económicos y sociales".
También dice el manifiesto que no por urbanizar más, mejora la economía de una zona. "Un territorio bien gestionado constituye un atractivo económico", ya que "disponer de un entorno de calidad" confiere "valor añadido" a los servicios turísticos. Las zonas de costa más urbanizadas ven cada año cómo disminuye su atractivo turístico debido a la masificación.
Los expertos reclaman al Gobierno y a las Cortes que no se desentiendan, y dicen que respetando la Constitución, que da las competencias en urbanismo a las comunidades y los ayuntamientos, el Estado puede controlar, a través de la planificación de las obras públicas y el agua, el crecimiento del urbanismo. Y piden que cambie la Ley del Suelo de 1998, "según la cual la vocación esencial del suelo" es ser urbanizado. Éste tiene "valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del
suelo".
Por todo ello, los firmantes piden una nueva cultura del territorio, que partiría de lse sustentaría en 10 principios
- El territorio es un bien no renovable, esencial y limitado
- El territorio es una realidad compleja y frágil
- El territorio contiene valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo
- Un territorio bien gestionado constituye un activo económico de primer orden
- El planeamiento territorial y urbanístico es un instrumento esencial para la actuación de los poderes públicos
- El planeamiento municipal debe tener como principal objetivo facilitar el acceso a la vivienda, el goce de los servicios y la preservación del ambiente
- El planeamiento territorial debe proveer acuerdos básicos sobre el trazado de las infraestructuras, el desarrollo de los asentamientos y el sistema de los espacios abiertos
- El Gobierno central y las Cortes Generales del Estado no pueden desentenderse del territorio
- En un mundo crecientemente integrado la gestión del territorio debe atender también a los compromisos de solidaridad y responsabilidad global
- El impulso de los valores de sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad social requiere de una nueva cultura del territorio
El texto está auspiciado por el presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, Rafael Mata, el presidente del Colegio de Geógrafos, Alexandre Tarroja, y arquitectos urbanistas y juristas como Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Entre los firmantes también se encuentran el presidente del Colegio Superior de Arquitectos, Carlos Hernández Pezzi, responsables de planeamientos urbanísticos, como el jefe de Urbanismo de Castilla y León, Ángel Marinero, y biólogos como Miguel Delibes.
El manifiesto dice que el urbanismo se hace de forma opaca, que a menudo acaba en corrupción política, y que "prevalecen los intereses de los agentes urbanizadores" frente al bien común; y añade que, de mantener el actual ritmo de construcción "de grandes beneficios privados", vendrán largos periodos de "costes ambientales, económicos y sociales".
También dice el manifiesto que no por urbanizar más, mejora la economía de una zona. "Un territorio bien gestionado constituye un atractivo económico", ya que "disponer de un entorno de calidad" confiere "valor añadido" a los servicios turísticos. Las zonas de costa más urbanizadas ven cada año cómo disminuye su atractivo turístico debido a la masificación.
Los expertos reclaman al Gobierno y a las Cortes que no se desentiendan, y dicen que respetando la Constitución, que da las competencias en urbanismo a las comunidades y los ayuntamientos, el Estado puede controlar, a través de la planificación de las obras públicas y el agua, el crecimiento del urbanismo. Y piden que cambie la Ley del Suelo de 1998, "según la cual la vocación esencial del suelo" es ser urbanizado. Éste tiene "valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del
suelo".
Por todo ello, los firmantes piden una nueva cultura del territorio, que partiría de lse sustentaría en 10 principios
- El territorio es un bien no renovable, esencial y limitado
- El territorio es una realidad compleja y frágil
- El territorio contiene valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo
- Un territorio bien gestionado constituye un activo económico de primer orden
- El planeamiento territorial y urbanístico es un instrumento esencial para la actuación de los poderes públicos
- El planeamiento municipal debe tener como principal objetivo facilitar el acceso a la vivienda, el goce de los servicios y la preservación del ambiente
- El planeamiento territorial debe proveer acuerdos básicos sobre el trazado de las infraestructuras, el desarrollo de los asentamientos y el sistema de los espacios abiertos
- El Gobierno central y las Cortes Generales del Estado no pueden desentenderse del territorio
- En un mundo crecientemente integrado la gestión del territorio debe atender también a los compromisos de solidaridad y responsabilidad global
- El impulso de los valores de sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad social requiere de una nueva cultura del territorio
El texto está auspiciado por el presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, Rafael Mata, el presidente del Colegio de Geógrafos, Alexandre Tarroja, y arquitectos urbanistas y juristas como Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Entre los firmantes también se encuentran el presidente del Colegio Superior de Arquitectos, Carlos Hernández Pezzi, responsables de planeamientos urbanísticos, como el jefe de Urbanismo de Castilla y León, Ángel Marinero, y biólogos como Miguel Delibes.
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