DIPUTACIÓN DE GRANADA
La violencia contra las mujeres es un problema estructural que, en nuestra sociedad, afecta a toda la ciudadanía; un fenómeno social de primera magnitud, es decir una cuestión pública, una lacra social, ante la que deben posicionarse, por lo tanto, las instituciones y los poderes públicos.
Su origen está en la situación de desigualdad de género existente en nuestra sociedad, para erradicar el espectro de sus manifestaciones que va de la agresión física pura y dura -en el plano de lo que corresponde a las relaciones personales-, hasta la marginación política o la feminización de la pobreza –en el plano de las relaciones sociales o económicas-
Casi dos años después de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y con la Ley Andaluza como horizonte, es el momento de preparar las actuaciones y los planes que den a la violencia contra las mujeres –hasta en sus formas más desapercibidas- el tratamiento global y transversal que renueve las estructuras sociales y remueva los obstáculos que aun existen. Las administraciones públicas y las instituciones públicas y privadas se convierten así en los principales agentes en contra de la desigualdad y la segregación de las mujeres, combatiendo de este modo cualquier forma de violencia contra las mujeres.
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