El empresario hizo caso omiso de la suspensión cautelar de
la actividad de su empresa ordenado por la Delegación Territorial de la Consejería
de Salud
Los inspectores de Sanidad ordenaron el cierre de la empresa
por considerar que el mantenimiento de la actividad podía suponer un riesgo
extraordinario e inminente para la salud pública
La Guardia Civil ha detenido a un empresario y a su esposa
como presuntos autores de un delito contra la salud pública y de un delito de
desobediencia a la autoridad, después de que hicieran caso omiso de la
suspensión cautelar de la actividad de su empresa ordenado por la Delegación
Territorial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y hubieran
seguido vendiendo sus productos a pesar de que estos podían suponer un riesgo
extraordinario e inminente para la salud pública.
Este empresario se dedica en un municipio de la Costa de
Granada a la elaboración de productos de pesca y uno de sus productos, unos
boquerones en vinagre, provocaron una alerta sanitaria el pasado mes de mayo.
En Sevilla y Jaén se detectaron dos casos de intoxicación por anisakis en los
que resultaron afectadas cuatro personas y se descubrió que las cuatro habían consumido
boquerones elaborados por esta empresa granadina.
Como estos boquerones en vinagre se habían distribuido a
establecimientos de Andalucía, Aragón, Madrid, Cataluña, Canarias y
Castilla-León, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
estableció una alerta sanitaria en la que advertía de la comercialización de
boquerones en vinagre con presencia de parásito vivo anisakis de esta empresa,
y recomendaba “a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado
por esta alerta se abstengan de consumirlo y lo devuelvan al punto de compra”.
Tras tener conocimiento de estos hechos los inspectores del
Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada inspeccionaron la empresa. A la vista
de las irregularidades detectadas, fue clausurada de forma cautelar el pasado
día 5 de mayo por la Delegación Territorial de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, por considerar que el mantenimiento de la actividad podía
suponer un riesgo extraordinario e inminente para la salud pública.
Dos meses después, el pasado día 7 de julio, los técnicos
veterinarios del Distrito Sanitario Granada Sur de Motril solicitaron el
auxilio del Seprona de la Guardia Civil para inspeccionar nuevamente esta
empresa, porque habían sabido que había seguido funcionando a pesar de la
suspensión cautelar que pesaba sobre ella.
El Equipo de Policía Judicial Medioambiental de la Guardia
Civil de Granada y la Patrulla del Seprona de Motril acudieron junto con los
inspectores del Distrito Sanitario Granada Sur de Motril e inspeccionaron la
empresa.
Los agentes comprobaron que la empresa estaba funcionando de
manera clandestina: dentro había cuatro empleados trabajando “en las funciones propias
de la industria”; y además descubrieron que el detenido, presuntamente, había
ignorado la suspensión cautelar y desde el día siguiente al de la clausura
habían seguido facturando productos. La Guardia Civil se incautó del ordenador
de la empresa y los agentes han contado hasta 114 facturas expedidas, pero en
las facturas aparecía el nombre de la mujer del empresario y no el de este,
aunque el etiquetado del producto seguía siendo el mismo.
Durante la inspección se inmovilizaron 1.327 kilos de
producto: boquerones, boquerones en vinagre, camarones, sardinas, rejos,
calamar, pulpo y pulpo seco, por “riesgo inminente y extraordinario para la
salud de las personas”.
Ambos detenidos, tras prestar declaración fueron puestos en
libertad.
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