Hoy miércoles ha registrado en la Delegación de
Hacienda y AAPP de la Junta un escrito en el que se insta a la Administración a
que se dictamine contable y jurídicamente los detalles de la prórroga por
veinte años de la concesión a la empresa Aguas y Servicios, a la vista de las
dudas sobre su legalidad que señala una auditoría externa encargada por la
Mancomunidad de municipios.
Inmaculada Omiste, concejal de IU Motril y vocal en
representación de su Grupo en la Mancomunidad de Municipios de la Costa
Tropical, junto con el coordinador provincial de su organización, Manuel
Morales, han presentado en la delegación de Hacienda y Administraciones
Públicas de Granada un escrito en el que reclaman que la Consejería investigue
la prórroga de la concesión por veinte años a la empresa Aguas y Servicios, al
que han adjuntado las alegaciones que su organización presentó a esta prórroga
en su momento.
Izquierda Unida ya denunció entonces la presunta
irregularidad de esta prórroga acordada con los votos del PSOE y del PP en
2013, siete años antes de la finalización de la vigencia del contrato.
Recientemente se ha conocido un informe acerca de
la ejecución del servicio del Agua durante el período 2010-2013 llevado a cabo
por una consultora independiente por encargo de la Mancomunidad, en el que se
pone en duda la legalidad de la prórroga y en el que se denuncia la falta de
colaboración de la empresa Aguas y Servicios en la realización del trabajo de
auditoría. Este informe ha permanecido guardado en un cajón por el Partido
Popular, dueño y señor del ente mancomunal durante los últimos años.
La representante de IU ha exigido que el ente
comarcal emprenda la actuaciones necesarias para que se depuren las
responsabilidades legales que puedan derivarse de este proceder presuntamente
irregular. En caso contrario, será su formación
la que, velando por el interés de los vecinos y vecinas, ponga en conocimiento
de las instancias judiciales oportunas y de la Cámara de Cuentas este Informe
de auditoría.
Omiste ha señalado cómo durante el período
2010-2013 la Mancomunidad, con su presidente García Fuentes al frente, ha permitido
la falta de control de la empresa concesionaria a cambio de la financiación de
eventos ajenos al servicio (como la salida de una etapa de la Vuelta ciclista a
Andalucía desde Motril en 2015) y de presumibles favores de carácter político.
La Mancomunidad de municipios gobernada por el
Partido Popular ha tenido como único objetivo hacer de la gestión del agua un
negocio privado, gravoso para los ciudadanos pero muy rentable para los
gestores políticos. Baste recordar que la prórroga –aprobada con los votos del
PP y del PSOE en 2013—supuso importantes ingresos para diferentes Ayuntamientos
en concepto de “adelanto” (9 millones de euros para Motril, 6 para Almuñécar y
2,2 para Salobreña.
Izquierda Unida defiende, en cualquier caso, que
los municipios mancomunados de la Costa se adhieran al Pacto Social por el Agua
en defensa de la gestión pública.
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