La Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía en Granada ha aprobado una partida de cerca de
un millón de euros para ayudas que se destinarán a la mejora de la seguridad y
salud laboral en negocios de pymes y autónomos de la provincia. Según ha
informado hoy el delegado territorial, Juan José Martín Arcos, en total se han
aprobado 91 proyectos de empresas que han concurrido a la nueva línea de
incentivos de la Consejería de Empleo dirigida a pymes y autónomos para el
desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales.
Martín Arcos ha recordado que la nueva línea de
incentivos, que incluye tanto los proyectos de mejora como la compra o
renovación de equipos de seguridad laboral, cubre el 75% de la inversión. Se
trata de una de las principales novedades de esta nueva convocatoria, pues la
cobertura de las anteriores alcanzaba sólo hasta el 50% de la inversión de los
proyectos empresariales en materia de prevención de riesgos. La cuantía de las
subvenciones oscila entre los 1.500 euros y los 18.000 euros en incentivos.
Así, la Delegación de Economía y Empleo ha
concedido 91 incentivos por un importe total de 913.105 euros que se
destinarán, en la mayoría de los casos, a la adquisición de maquinaria
(atomizadores, desbrozadoras, cabezas vibradoras, etc.), así como la renovación
de otros equipos agrícolas o la mejora de las condiciones para la adecuación de
los puestos de trabajo a las normas de salud laboral.
Prioritarios
Martín Arcos ha subrayado que en las valoraciones
de las solicitudes, que han sido resueltas en régimen de concurrencia
competitiva, han sido priorizados los proyectos de mejora de la protección en
los casos de exposición a sílice (empresas de transformado del cuarzo); agentes
cancerígenos, mutágenos y teratógenos (malformaciones); para el control del
ruido en la industria de la madera o para implantar dispositivos de prevención
del vuelco de maquinaria.
También, los proyectos de ergonomía participativa
(estrategias para prevenir los trastornos musculuoesqueléticos por las cargas
físicas en los centros de trabajo) o de mejora de la ergonomía en la industria
agroalimentaria. Las empresas tienen un plazo de 9 meses para ejecutar los
proyectos a partir de la publicación de las resoluciones, que ya han sido
comunicadas a sus beneficiarios.
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