En la presentación del informe 2017 sobre el Racismo en el estado
español, SOS Racismo exige acuerdos entre los grupos parlamentarios para
desarrollar legislativamente las iniciativas presentadas.
En el año 2017 han aumentado el 30% el número de denuncias
recibidas por SOS Racismo
Africano, en situación regular, es el perfil de denunciante más
habitual. Existen diferencias de género en cuanto a la tipología de delitos que
sufren estas personas.
En el informe, disponible en la página web de
la Federación (www.sosracismo.eu), se recogen más de 300 actos racistas en
todo el Estado, de los que la mayor parte tienen que ver con el racismo
institucional (82) seguidas de los conflictos y agresiones racistas (51). Le
siguen a cierta distancia el resto: problemas con la seguridad pública (46),
denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos (39), discriminación
laboral (40), denegación de acceso a servicios privados (40), problemas
relacionados con agentes de la seguridad privada (40) o casos relacionados con
la extrema derecha o el discurso del odio (11). Estas cifras en palabras de
Mikel Mazkiaran, Secretario General de SOS Racismo, suponen “una fotografía de una realidad
que debemos poner encima de la mesa para abordar soluciones que eviten, no sólo
los insultos, agresiones o conflictos vecinales que sufren estas personas, sino
también el deterioro en la convivencia en nuestras localidades”.
Respecto al auge del 30% en el número de
denuncias recogidas en el informe, se constata que, a pesar de no existir un
empeoramiento en la convivencia, hay un elemento positivo en ello en la medida
que “ciertos actos racistas que sufren
las personas día a día comienzan a verse como una anomalía a denunciar. Aun
así, la mayoría de casos de discriminación siguen permaneciendo ocultos, bien
porque se sigue normalizando, bien por el desconocimiento de las víctimas”. Sobre
esta cuestión se ha puesto como ejemplo el caso de las amenazas que sufrió el Presidente
de SOS Racismo Madrid, Moha Gerehou, en el cual “es importante señalar que socialmente conviven dos realidades, mientras
que por un lado hay un aumento significativo de la ciudadanía de apoyo a la
víctima, sigue existiendo un número importante de personas que apoyan este tipo
de actos delictivos, y que son un ejemplo palpable de la demanda de una Ley
integral”, sobre esta denuncia se señaló también la necesidad de una
implicación mayor de las diferentes fiscalías y de la policía nacional para que
la persecución de los delitos de odio no se circunscriban al ámbito del
enaltecimiento del terrorismo, sino que hay que recordar, que como en este
caso, “hay grupos vulnerables que sufren
ataques xenófobos a través de las redes sociales y ocupan un segundo plano en
los esfuerzos policiales y judiciales”.
Sobre la cuestión de las víctimas, la organización también ha
reclamado, que, de la mano de la ley anterior, se apruebe una Ley de protección de víctimas de delitos de
odio – que proteja a éstas independientemente de su situación
administrativa- que amplíe el concepto de delito de odio a otros supuestos
recogidos en el Código Penal como son la denegación de prestaciones públicas y
privadas, la discriminación laboral o actuaciones de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado.
Otro de los elementos que se ha analizado es el perfil de la
persona denunciante, que según Mazkiaran “las
personas procedentes del África Subsahariana, en situación regular, serian el
colectivo más discriminado, algo que ya se constataba en el informe del pasado
año. Es importante señalar que la regularidad es un elemento que contribuye a
dar ese paso tan importante como es denunciar una actuación discriminatoria. A
mayor estabilidad, mayor conciencia de que determinados actos discriminatorios
no deben ser aceptados”. Sobre la cuestión del género y más allá de la
diferencia en el número de denuncias –que coinciden con el informe sobre
delitos de odio del Ministerio de interior sobre 2016- merece la pena señalar
que “existe una diferenciación importante
en cuanto a la tipología del delito que sufren en función de su sexo, hecho
éste que refuerza la necesidad de abordar esta realidad desde una perspectiva
de género con acciones específicas”
Por último, a juicio de la Federación, las iniciativas
legislativas propuestas no tendrán impacto si no van de la mano de la creación
de una estrategia integral y consensuada entre administraciones públicas, sociedad
civil y ciudadanía en las que la lucha contra todas las formas de
discriminación, en sus formas directas, indirectas o virtuales, sea uno de los
vectores de las políticas de convivencia, por lo que instan a los grupos
parlamentarios a abordar de forma urgente los diferentes proyectos no de ley y
transformarlos en una política de Estado.
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