La Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía le dice al Alcalde que no puede dejar de aplicar la Ley porque algunas viviendas estén en un proceso penal.
La LOUA exige que se abra expedientes a todas las construcciones que no cumplan con la legalidad y que el último paso es devolver el terreno a su estado primitivo.
Se le exige al Ayuntamiento que envíe a la Administración Autonómica todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Consistorio en materia de disciplina urbanística.
Desde Ecologistas en Acción se lleva años denunciando los cientos de viviendas ilegales –algunas tan aparatosas como de más de 1000 metros cuadrados construidos- en terreno no urbanizable, al amparo de la casita de aperos para uso agrícola.
Estas construcciones, pistas y movimientos de tierras han convertido el paisaje de Molvízar en una maraña irreconocible, carente de personalidad y provocando un grave riesgo de erosión.
Esperamos ver la colaboración del Ayuntamiento con la Junta, sobre todo a la hora de facilitar la información correcta, pues no hay que olvidar que también el Alcalde tiene una enorme vivienda ilegal que ya fue denunciada por Ecologistas en Acción el verano pasado.
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