Las organizaciones agrarias trasladaron la gran inquietud del sector del tomate ante las negociaciones de los contingentes del Norte de África por lo que solicitaron a la Administración un control más exhaustivo de los contingentes de productos procedentes de países terceros y que se equiparen las exigencias sociolaborales y sanitarias a las de las producciones nacionales.
El sector citrícola también se encuentra gravemente perjudicado por la aplicación de la nueva OCM de frutas y hortalizas que conllevará la desaparición de este sector en la provincia, por lo que solicitaron una ayuda medioambiental que supla la pérdida de ayuda que ha traído consigo la aplicación de la OCM.
La creación de una mesa de seguimiento de los precios de los insumos, petróleo y cereales es otra medida destacada por parte del sector productor ya que las organizaciones agrarias advierten que las variaciones del precio de los insumos, especialmente los referidos al petróleo, no se reflejan en el precio final de los productos.
El enorme y abusivo diferencial de precios que existe entre los precios percibidos por los agricultores y los pagados por el consumidor también preocupa a las organizaciones profesionales que solicitan la puesta en marcha de una Ley de Comercio y la intervención de la Administración en el mercado a través de las Organizaciones Interprofesionales.
La creación de una mesa de seguimiento de los precios de los insumos, petróleo y cereales es otra medida destacada por parte del sector productor ya que las organizaciones agrarias advierten que las variaciones del precio de los insumos, especialmente los referidos al petróleo, no se reflejan en el precio final de los productos.
Para paliar el descenso de renta generalizado que afecta a los profesionales del sector agrario han solicitado medidas de corte laboral y fiscal, entre las que proponen la anulación del pago del IBI y la reducción de los módulos fiscales de todas las actividades agrarias y ganaderas de la provincia.
Las organizaciones agrarias de la provincia coinciden en que históricamente Granada ha tenido un trato discriminatorio en todo lo referente a políticas de agua. Critican que a pesar de ser una provincia meramente aportadora de recursos hídricos al resto de la Comunidad Autónoma, cuenta con muchas menos concesiones que otras provincias en proporción a su superficie agraria útil. Por ello, las Organizaciones agrarias requieren que se dé una solución este mal funcionamiento de la gestión y administración del agua articulándose medidas específicas para Granada dentro del Plan Hidrológico.
Respecto a los seguros agrarios, las principales demandas son la rebaja de la prima en general, la mejora del convenio actual y la mejora de las líneas 18 y 52, de cultivos protegidos y de almendro.
Por último, las organizaciones agrarias advierten de la falta de liquidez generalizada que en estos momentos aqueja a muchos agricultores por lo que instan a la Administración a que agilice el pago de las ayudas pendientes y articule un plan de apoyo económico para el sector agrario provincial.
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