Los socialistas también mostraran en la última sesión plenaria del año su rechazo a las nuevas tasas judiciales aprobadas por el Gobierno de Rajoy y más protección para las personas a quienes los abusos de los bancos están dejando en la calle
El PSOE defenderá en el Pleno de Diciembre las reivindicaciones de los
vecinos de la Plaza Primero de Mayo, quienes se quejan de falta total de
mantenimiento en los jardines, y los trabajadores del Centro de Desarrollo
Pesquero, abocados al paro tras la decisión de la Diputación de Granada de
cerrarlo el próximo mes de enero tras 12 años de servicio al sector pesquero de
Motril. Los socialistas también mostraran en la última sesión plenaria del año
su rechazo a las nuevas tasas judiciales aprobadas por el Gobierno de Rajoy y
que suponen un escollo para el acceso a la Justicia para los ciudadanos, y de
protección de las personas a quienes los abusos de los bancos están dejando en
la calle.
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Motril, Flor Almón, ha
anunciado que reclamarán en el Pleno de mañana el peligroso abandono en que se
encuentra la Plaza Primero de Mayo y sus alrededores, donde los vecinos han
trasladado a los ediles socialistas los problemas generados por falta de
limpieza y mantenimiento los espacios públicos, principalmente en los jardines.
“Esta Plaza presenta
unas condiciones de mantenimiento y seguridad lamentables. Es por ello que los
propios vecinos han pedido que se limpien las jardineras, quiten los árboles
que invaden sus casas y ensucian el suelo y los sustituyan por otro tipo de
árboles menos agresivos y más fáciles de limpiar”, dicho Almón, quien ha
señalado que realmente el ambiente que se respira en la Plaza “es duro y foco
de infección”.
En este sentido, Almón ha vuelto a quejarse de la dejadez del equipo
de Gobierno del PP en ciertos barrios de Motril y ha asegurado que hay
numerosos lugares donde no se hacen tareas de mantenimiento y donde el Plan de
Embellecimiento de la ciudad “es una quimera”.
Por otra parte, el PSOE también quiere que el Gobierno municipal del
PP se ‘retrate’ y muestre su apoyo al Centro de Desarrollo Pesquero uniéndose a
la ‘Plataforma’ creada para salvarlo y, con ello, “no se pierdan cuatro puestos
de trabajo y Motril no se desprenda de una herramienta imprescindible para la
supervivencia del sector pesquero granadino”.
“Trajimos una moción en el anterior Pleno y el PP la rechazó. Y la
volvemos a presentar por solidaridad con las cuatro familias que se van a ver
en la calle; porque hacen una labor absolutamente necesaria por la gente del
mar”, ha argumentado la portavoz socialista, quien ha destacado que ya hay
numerosos colectivos y miembros del sector pesquero que se han adherido a esta
‘Plataforma’ para salvar el Centro de Desarrollo Pesquero, “que es el único de
la provincia de Granada y que ha prestado un gran servicio a los pescadores y
los armadores de Motril”.
“Además, está la Sala de Interpretación del Mar, que es un reclamo
educativo y turístico muy importante para Motril y por el que han pasado miles
de escolares de la comarca y cruceristas que arriban al Puerto”, ha comentado
Almón.
Respecto a las nuevas tasas judiciales, Almón ha criticado que se ésta
ha creado un gran revuelo e incluso la indignación de los profesionales de la
justicia porque es “solidaria e injusta”.
“El PP va a dejar la Justicia en manos de quien más tiene, como
siempre hace la derecha. Las nuevas tasas suponen un obstáculo para que la
mayoría de los ciudadanos acudan a los tribunales en defensa de sus intereses y
derechos. Unas tasas tan elevadas son disuasorias porque, en algunos casos, son
superiores a la cuantía del pleito, es decir, a lo que se obtendría en caso de
ganar el juicio”, ha indicado la portavoz socialista.
“Ahora sólo podrá acceder a la justicia quien tenga dinero”, ha
agregado Almón, quien ha puesto como ejemplo cómo una multa de tráfico con un
importe de 100 euros costará una tasa de 200 euros si se recurre en primera
instancia y de 800 euros si se hace en segunda. De igual forma, un trabajador
que quiera recurrir un despido o reclamar a una empresa una cantidad económica,
si recurre en segunda instancia deberá abonar 500 euros.
En la misma línea de proteger a las personas desahuciadas, el PSOE va
a exigir que sea obligatorio el Código de Buenas Prácticas para todas las
entidades de crédito que reciban apoyo público, es decir, participadas por el
FROB. Los socialistas también pedirán que se paralice el devengo de los
intereses de demora durante la sustanciación del procedimiento, si se trata de
la ejecución de vivienda habitual, y que se potencien los procedimientos extrajudiciales
de ejecuciones hipotecarias para evitar por todos los medios posibles los
desahucios, incluyendo la dación en pago.
Para finalizar Flor Almón ha señalado que reclamarán que se modifique
la Ley Hipotecaria, “tan antigua e injusta que hasta la propia Unión Europea la
ha criticado”, para que los intereses de demora no puedan ser más de dos puntos
superiores al tipo de interés remuneratorio.
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