El grupo parlamentario socialista ha presentado una proposición no de ley para instar
al Gobierno a crear de forma urgente una mesa de diálogo entre las
federaciones de los sindicatos más representativos de los trabajadores
de Puertos del Estado (UGT, CCOO y CIG) y el Ministerio de Fomento y el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para desbloquear el
convenio colectivo firmado entre Puertos del Estado (Ministerio de Fomento) y los sindicatos.
En
la iniciativa, el grupo parlamentario socialista solicita que se cumpla
el laudo arbitral dictado por el que se declara el derecho de los
trabajadores a percibir las cantidades retribuidas correspondientes al
incremento por productividad, así como el compromiso contemplado en el
artículo 52 del convenio colectivo, del que deriva el abono alternativo
de la diferencia de la asignación del plan de pensiones.
El coordinador del grupo parlamentario socialista y diputado Manuel Pezzi ha recordado que los trabajadores del organismo Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias vienen exigiendo el cumplimiento del convenio colectivo firmado entre Puertos del Estado (Ministerio de Fomento), y los sindicatos UGT, CCOO y CIG el 25 de junio de 2012, sin que hasta el momento hayan logrado sus objetivos.
Según
Pezzi, “el principal problema está en la contradicción entre el
Ministerio de Fomento, que apoya el convenio firmado, y la negativa de
la Comisión Interministerial de Retribuciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda, que ha dejado sin efectividad los acuerdos
alcanzados y rubricados, que afectan a unos 5.000 trabajadores y
trabajadoras de los Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, donde
queda claro la prevalencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, que se erige como el ministerio de mayor rango jerárquico”.
El diputado socialista ha subrayado que la situación lleva al Gobierno a invalidar el acuerdo suscrito por la mesa de negociación
del convenio entre el propio Ministerio de Fomento y los sindicatos
mayoritarios en el sector, “generando con esta situación un ataque
frontal al derecho de negociación colectiva”.
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