López Cano: “El real decreto legislativo refunde todas las regulaciones que estaban vigentes en España en torno a la discapacidad y define, por primera vez, los tipos de discriminación de este colectivo y las respectivas sanciones”
La vicesecretaria general del Partido Popular, Ángeles López, ha valorado muy positivamente la entrada en vigor del 4 de diciembre de la nueva Ley General de Discapacidad.
Esta disposición está consensuada con las principales entidades del sector, actualiza las normas siguiendo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Refunde la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (Lismi), la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Liondau) y la ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
La norma incluye las definiciones de todos los tipos de discriminación: directa e indirecta, ya contempladas, a las que se añaden la discriminación por asociación y acoso, para completar el marco jurídico de prohibición de la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.
López Cano ha explicado que “la ley establece que existe discriminación por asociación cuando una persona o grupo es objeto de trato discriminatorio por su relación con una persona con discapacidad. Por ejemplo, si se discrimina a un trabajador que es padre de una persona con discapacidad y solicita un permiso para atenderla, así mismo, define la discriminación por acoso como aquella conducta que pretenda atentar contra la dignidad de una persona con discapacidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante o humillante”.
La nueva regulación protege especialmente a quienes sean susceptibles de sufrir discriminación múltiple por su situación de acusada vulnerabilidad, como los menores y las mujeres con discapacidad, del mismo modo, incluye la protección de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, desde la igualdad de oportunidades hasta la atención sanitaria, la educación y el empleo.
El texto, que incluye un título sin precedentes dedicado a garantizar estos derechos en todos los ámbitos, establece que las administraciones tendrán que desarrollar medidas que permitan una atención sociosanitaria eficiente y efectiva. Además, los equipos de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad no sólo valorarán las limitaciones, sino también las capacidades y habilidades.
La calificación de la discapacidad deberá hacerse de manera uniforme en todo el territorio nacional, garantizando con ello la igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los derechos y servicios que la ley contempla. Además de efectuarse dentro del plazo máximo de veinte días hábiles contado desde la solicitud del trámite, la que deberá contener los requisitos establecidos en el reglamento. La certificación de la discapacidad deberá expedirse dentro de los cinco días siguientes contados desde la fecha de la calificación.
La vicesecretaria popular ha declarado que “se trata de un paso necesario para la plena integración social, la igualdad de oportunidades, la vida independiente y la accesibilidad universal" que asegura que la discapacidad debe estar en el centro de todas las políticas de cualquier gobierno”.
Para finalizar, la edil de los populares ha manifestado la importancia de este texto refundido para el colectivo de personas con discapacidad, que sin lugar a dudas articula los mecanismos para proteger sus derechos y establece los cauces de coordinación para que, “junto con las Comunidades Autónomas consigamos una sociedad con más oportunidades, algo que redundará positivamente en nuestro municipio y por ende a las personas con diversidad funcional”.
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