Bajo el lema “Tenemos 72 horas
para actuar”, las entidades de acción social de la Iglesia que trabajan con
refugiados y migrantes —Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de
Jesús y Justicia y Paz— lanzan hoy una campaña viral de recogida de firmas para
reclamar al Gobierno de España su oposición a ratificar, en la reunión del
Consejo Europeo que se celebra los próximos 17 y 18 de marzo, el principio de
acuerdo alcanzado la semana pasada entre la Unión Europea y Turquía para
devolver a suelo turco a los refugiados y migrantes que llegan a territorio
europeo a través de la Frontera Este.
Según el texto aprobado, por cada persona siria devuelta desde la UE a
Turquía, se trasladaría a una persona siria desde este país a Europa, aunque el
cuándo y el cómo de ese reasentamiento son cuestiones absolutamente inciertas.
El resto de personas migrantes y refugiadas procedentes de otros países que
lleguen a Grecia se devolverían a Turquía.
Para las entidades promotoras de la campaña, este plan supone llevar a
cabo devoluciones colectivas y tratar a las personas que huyen de la guerra y
de las migraciones forzadas como monedas de cambio. Además, vulnera los
derechos humanos y el estado de derecho
en Europa.
No se trata de una crisis de refugiados sino de una crisis de Europa,
ya que lo que se pone en juego con la firma de este acuerdo son los valores y
la identidad europea. Cabe señalar, además, que tanto España como Europa tienen
los medios para ayudar a estas personas.
Por esa razón, se pide al Gobierno español hospitalidad en vez de
hostilidad y se exige al Consejo de la Unión Europea la protección de migrantes
y refugiados con derechos, y la adopción de políticas urgentes de acogida e
integración, en vez de medidas que alientan el miedo y rechazo al otro.
Además, el acuerdo, que sería contrario al Derecho Internacional y al
Derecho Comunitario, ha sido rechazado también por numerosas instituciones
civiles y por la inmensa mayoría del Congreso.
Las organizaciones de Iglesia que trabajan con personas migrantes y
refugiadas se suman al rechazo a este acuerdo. Para ello, a través de la
recogida de firmas se pide al Gobierno español que no apoye la ratificación del
mismo y que defienda:
-
Mantener abiertas las fronteras externas de la
Unión Europea para garantizar el acceso a las personas con necesidades de
protección.
-
Tramitar individualmente cada solicitud de asilo
y sin discriminación por razón de nacionalidad, conforme a la normativa europea
e internacional.
-
La prohibición de devoluciones colectivas a
Turquía o a cualquier otro país.
-
La necesidad de solidaridad con los países
europeos a donde están llegando la mayoría de los refugiados, así como con los
países limítrofes a los conflictos, que albergan las cifras más elevadas de
personas refugiadas.
-
Establecer vías de acceso legal y seguro a
Europa, y un sistema de distribución de la población refugiada en Europa que
sea justo para los Estados y para las personas refugiadas.
-
La necesidad de abordar las causas por las que
tantas personas abandonan involuntariamente sus hogares por el miedo, la guerra
o el hambre.
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