El uso de los bienes titularidad del Estado no puede, en ningún caso,
servir a intereses privados. Ese es el aparente sentido de la Ley de Patrimonio
Público y en ese estadio es donde se sitúa la respuesta dada por el Secretario
de Estado de Hacienda a la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Motril
mediante la cual se insta al Ministerio a la cesión gratuita de los 8 hoyos del
campo de golf Los Moriscos. El Ministerio, que se muestra favorable a la cesión
del terreno donde se sitúan los hoyos, se ha permitido incluso indicarle al
consistorio que un posible uso podría ser la ubicación de la escuela deportiva
municipal de golf. En su defecto, instará a los órganos jurisdiccionales que
ejecuten el lanzamiento previsto y aplazado con anterioridad.
Sin embargo, parece que entre las intenciones del Ayuntamiento de Motril no
se había barajado la situación que plantea el Ministerio de Hacienda, es decir,
sí a la cesión gratuita pero para uso no lucrativo y corriendo a cargo del
consistorio el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. La pretensión del
Ayuntamiento pasa por una ecuación que deja al margen los intereses públicos y
que podríamos representar gráficamente de una manera muy simple:
cesión gratuita del Ministerio = cesión del ayuntamiento para explotación privada.
Cabe indicar que el Secretario de Estado del Ministerio de Hacienda se
excede en sus competencias cuando abiertamente conmina al Ayuntamiento de
Motril a la ubicación en el lugar de la escuela deportiva municipal de golf,
sencillamente porque, respetando el contenido de la Ley de Patrimonio del
Estado en lo que a prohibición de obtención de lucro se refiere, está de más
cualquier otra apreciación, indicación o valoración sobre la gestión y uso de
la cesión. Por otra parte, el
Ayuntamiento no puede pretender la interpretación “sui géneris” de la
normativa, creando una apariencia de legalidad pero cuyo resultado sería el
beneficio de intereses privados totalmente ajenos a la colectividad, que es para la que se gestionan
los bienes públicos.
La mala o deficiente gestión empresarial privada, no debería descansar en
la responsabilidad de los ciudadanos y las arcas públicas para su salvación.
Sobre la espalda de todos los ciudadanos planea una especie de “cláusula de responsabilidad
patrimonial de la administración”, que entra en vigor casi automáticamente
cuando las cuentas no les cuadran a empresas que, por sus dimensiones o
funciones, actúan tildadas de importancia económica para la zona o sector de
actividad. A ese carro pretende engancharse todo aquel que pueda. Al fin y al
cabo, quién inició su marcha fue el propio gobierno de Rajoy con el saneamiento
de la banca y las autopistas con cargo a la ciudadanía.
El alcance y los fines de la función pública, no han sido bien
interpretados. La ética pública que se desprende de la propuesta del
Ayuntamiento de Motril, es más que dudosa y si no es así, cuando menos es conveniente
que por parte de los responsables municipales aclaren definitivamente la
intencionalidad que la propuesta del Secretario de Estado de Hacienda, pone de
manifiesto cuando advierte de que se accederá a lo solicitado desde el
Consistorio siempre y cuando su uso sea no lucrativo. Porque una de dos: o el
Ministerio estaba al tanto de las intenciones, o en su caso, la propuesta
elevada por el Ayuntamiento estaba plagada de dudas razonables.
Consejo Ciudadano de Podemos Motril
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