ANDALUCÍA: 4 D 28 F
El recuerdo a tres figuras
decisivas para Andalucía: Blas Infante, Rafael Escuredo y Manuel José García
Caparros; es obligado para entender esa parte de la historia andaluza que
culminó en la celebración del referéndum el día 28 de febrero de 1.980. Blas
Infante, padre de la patria andaluza, designó lo que llamó las “insignias de
Andalucía”, su bandera y escudo. Su apuesta por la regeneración de España, mediante
la reconstrucción de una Andalucía diferenciada, le condujo a su muerte por
fusilamiento sin juicio ni sentencia. Rafael Escuredo, primer presidente de
Andalucía, que con su tesón rompió los obstáculos para la celebración del
referéndum del 28-F y Manuel José García Caparros, cuya muerte tuvo lugar el 4
de Diciembre de 1.977 por disparos de la policía armada durante el despliegue
policial que se produjo en Málaga a raíz de que otro joven, Manuel Trinidad
Berlanga, trepara por la fachada del edificio de la Diputación para colocar una
bandera de Andalucía.
A las andaluzas y andaluces, por
diferentes causas y acontecimientos, se nos negó la oportunidad de mostrarnos
dentro de España como lo que realmente somos, un pueblo diferenciado. Durante
la Segunda República, se impidió el debate parlamentario sobre el estatuto de
autonomía andaluza, previsto para el mes de agosto de 1.936, debido al golpe de
Estado en julio de ese mismo año, que desembocó en la dictadura de Franco, y
mas recientemente la propia Constitución de 1.978, vigente en la actualidad,
tampoco la reconoció como comunidad histórica en los términos que sí hizo con
el País Vasco, Cataluña e incluso Galicia.
Al pueblo andaluz, a nuestro
pueblo, se le ha robado parte de su memoria. Quienes pactaron en la
Constitución el Título VIII, a través del cual se reconocía un sistema
competencial y financiero de las llamadas comunidades históricas, entre las
cuales no se encontraba Andalucía, diferenciado y que supuso de facto una
España marcada por Comunidades de
distinto orden, por un lado País Vasco, Cataluña y Galicia, y en otro lado el
resto. Las primeras con reconocimiento pleno de competencias, para las demás
una “descentralización administrativa” representada por el famoso dicho de
“café para todos”, eran los mismos que en Andalucía gritaban con fuerza la
necesidad de acceder a la autonomía por la vía del artículo 151 de la
Constitución.
Incluso el papel atribuido a las
Diputaciones Provinciales, de marcada tendencia centralizadora, se asume
estatutariamente. Baste recordar el artículo 4º en sus apartados 2 y 3 del
Estatuto de Carmona, donde se decía que El gobierno y la administración
autónoma de la provincia corresponden a la Diputación, como órgano
representativo de la misma, con plena autonomía para la gestión de sus
intereses específicos.
Serán competencias de la
Diputación las siguientes:
Las que con carácter específico y para el
fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia le
vengan atribuidas por la legislación básica del Estado…, es decir, es en el propio
estatuto, donde se reproducen los mismos vicios centralistas contra los que se
combatían, representados en las Diputaciones Provinciales que asumían los
“intereses atribuidos por la legislación básica del Estado” y cargando el peso
de las decisiones políticas sobre la provincia.
Con estos antecedentes,
preguntarse actualmente por la movilización
que tuvo lugar el 4 de diciembre de 1977 donde todo un pueblo en forma
pacífica, pero con una brutalidad en cuanto a conciencia se refiere
espectacular, sólo tiene respuesta si acudimos al recuerdo que propicia la
memoria de los pueblos que se han sentido humillados, aún cuando no se
conocieran muy bien las causas.
Con todo, la celebración del
referéndum por la autonomía celebrado el 28 F y las duras condiciones impuestas
por el Gobierno de la UCD, hay que analizarlo desde el punto de vista político,
como una victoria política que abría un sendero espinoso en la conquista de las
libertades de nuestra tierra.
FRANCISCO CONTRERAS ESCRIBANO
Profesor. Abogado.
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