A partir de que se crean las “unidades de gestión sanitaria”
en el hospital de Motril se introduce un modelo privatizador de la sanidad
pública.
Esto consiste en una
cierta autonomía de gestión de recursos económicos de los distintos servicios
del hospital y centros de salud por sus respectivas jefaturas de servicio.
Ligada a un nuevo sistema de remuneración, basada en objetivos impuestos por
estas mismas direcciones. Objetivos de índole sanitaria y de ajuste de recursos
humanos.
Es en el Ahorro de
Recursos Humanos (capítulo 1), donde se focaliza y prima con un “complemento de
productividad” que premia fundamentalmente al gerente, dirección médica y jefes
de servicio, con miles de euros anuales y que pervierte todo el sistema.
Esto trae aparejada
la falta de contrataciones y sustituciones de bajas y vacaciones, sobre la ya
insuficiente plantilla. Implica el cierre de servicios en verano, retraso en
las listas de espera, tanto quirúrgicas como de consultas, o se vulnera el
derecho constitucional de huelga. El SAS impone unos servicios mínimos que
hasta el TSJA, en denuncia interpuesta por CGT ha fallado el 21 de mayo contra
la Junta por “cercenar el derecho a huelga “el 8 de marzo, pues “no cabe fijar
los servicios mínimos en un 100%”dice la sentencia.
En atención primaria hemos comprobado que se llegan a dar
citas de hasta 15 días de demora, provocando el colapso en las urgencias. En la
atención especializada hay asimismo retrasos de varios meses.
Por cierto, uno de los “objetivos” que tienen los médicos de
familia, ligado a su complemento de productividad, consiste en dar el mínimo de
derivaciones al especialista.
Este modelo fue implementado en el 2002 por el SAS y firmado
con el beneplácito de CCOO, UGT y CSIF.
Se trata de un modelo
que privatiza enmascaradamente la gestión de la sanidad pública, llamando
productividad a lo que es un beneficio relevante en altos cargos y jefes de
servicios. Es un modelo perverso que asimétricamente reparte esos Beneficios
oscilando de los cerca de 60.000 euros de complemento de productividad anual para
el gerente a unos pocos cientos anuales para un celador.
Las consecuencias de esta forma de gestión de los recursos
sanitarios son contratos basura de 4 horas en turnos de noche y una excesiva
rotación de personal por contratos de días, incluso en servicios tan sensibles
como cuidados críticos y urgencias.
La sanidad pública andaluza está en peligro. Como también
demuestra la cesión de espacio hospitalario público del hospital de Motril a
una empresa privada para realizar resonancias magnéticas.
Es responsabilidad de usuarios, trabajadores y
administración la defensa de un derecho fundamental como es la salud. No
debemos consentir que se mercantilice y se favorezca el lucro personal y
empresarial jugando con la salud de todas las personas.
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