Ayer miércoles, la investigadora sobre cooperación internacional de la Universidad de Granada y portavoz de la Plataforma BDS-Granada, Lucía López, explicó en qué consiste y cómo se articula la campaña de presión al estado de Israel y empresas colaboradoras de la ocupación, promovida por organizaciones civiles palestinas e israelíes, en un acto organizado por Izquierda Unida y Podemos Motril. “Desde hace tiempo, diferentes colectivos están realizando una campaña de boicot, desinversión y de sanciones a Israel por la ocupación de Palestina. Hemos traído una charla informativa, para que Lucía, que pertenece al colectivo BDS nos cuente toda la labor que están haciendo y lo que pretenden hacer de ahora en adelante”, ha introducido Christian Linares, concejal de Izquierda Unida.
Las medidas de boicot y/o desinversión promovidas por el movimiento BDS están siempre relacionadas con las complicidades de determinadas empresas en el mantenimiento y/o desarrollo del sistema de colonialismo y apartheid israelí. “No se trata de boicotear a todas las empresas israelíes en su conjunto, puesto que estaríamos cayendo en el “Principio de Discriminación por origen”, se trata de negarnos a contratar y/o a mantener relaciones con aquellas empresas que se benefician del apartheid o por sus vínculos con el Estado que lo promueve”, ha explicado López.
“Podemos tiene un compromiso fuerte con los derechos humanos, y sin duda, en el territorio de Palestina se está produciendo una violación grave. Hemos organizado este acto junto con Izquierda Unida para conocer esta campaña que proviene de la sociedad civil palestina, similar a la campaña que hubo en Sudafrica contra el Apartheid, en la que se pide el boicot, las desinversiones y las sanciones”, ha dicho Yeray Castro, secretario general de Podemos Motril.
“Estamos hablando de un conflicto que se remonta a más de un siglo con el proyecto sionista a finales del siglo XIX, pero es a partir del final de la I Guerra Mundial, con la caída del imperio Otomano, cuando Gran Bretaña empieza a enviar los primeros asentamientos de judíos a la zona palestina. Se crea un proyecto político religioso en el que empieza a ser desplazada la población local, y ahí empiezan los conflictos”, ha recordado Castro. “En esta nueva etapa es la propia sociedad palestina quien está pidiendo herramientas pacíficas para presionar al estado de Israel para cumplir el derecho internacional y las sentencias de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y respeto al territorio.”
Izquierda Unida y Podemos Motril destacaron el papel que tienen tanto desde la ciudadanía como desde las instituciones públicas por defender los Derechos Humanos, y específicamente, la responsabilidad que tienen las entidades públicas (desde gobiernos estatales, autonómicos o locales) en no colaborar con aquellas empresas o Estados que vulneren los Derechos Humanos o cometan graves crímenes contra la humanidad como es el crimen de apartheid que practica Israel sobre la población palestina. Con ello, desde la iniciativa de promover que los Ayuntamientos de la provincia de Granada se declaren Espacios Libres de Apartheid Israelí (ELAI) se quiere apelar a la responsabilidad del respeto y la defensa de los Derechos Humanos al ámbito de la contratación pública y otros ámbitos de índole municipal.
Aquellas entidades públicas que se declaran ELAI, se comprometen a no contratar productos o servicios que contribuyan a vulnerar los derechos humanos de la población palestina, según marque la campaña BDS (boicot, desinversiones y sanciones a Israel). Esta campaña surge en 2005 desde la sociedad civil palestina, con la misma estrategia que se utilizo para combatir el apartheid en Sudáfrica y que tanto éxito tuvo. Los fines de la campaña son poner fin a la ocupación en palestina, así como asegurar el retorno de los refugiados palestinos (como establece la resolución 194 de la ONU), y terminar con la discriminación que sufren los palestinos en su propia tierra. A nivel internacional numerosas personalidades e instituciones se han sumado a esta campaña como Stephen Hawking, Desmond Tutu o los ayuntamientos de Cádiz, Santiago de Compostela o Gijón.
En España cerca de 60 Ayuntamientos ya se han declarado Espacio Libre de Apartheid Israelí.
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