El estudio recogerá durante 18 meses las opiniones sobre el caso de coerción, tanto física como química, del propio paciente, del personal médico, del personal de enfermería y de las familias.El equipo, liderado por el profesor del departamento de Medicina Legal, Claudio Hernández Cueto, centra su estudio en el análisis los casos producidos en cinco hospitales nacionales: Clínico de Granada, Carlos Haya de Málaga, Hospital General de Asturias en Oviedo, Hospital Vall d’Hebron en Barcelona y Gregorio Marañón de Madrid.
Suministrar a un paciente un sedante para mantenerlo tranquilo, atarlo a una cama para evitar que se mueva, ofrecerle beneficios a cambio de que acepte las órdenes que se le imponen o no valorar la opinión del enfermo a la hora de llevar a cabo un tratamiento o una intervención quirúrgica son algunas de las prácticas que se desarrollan en los hospitales españoles para, en muchos casos, salvaguardar la seguridad del paciente o del propio personal sanitario. Estas acciones son necesarias para la correcta atención del paciente en muchos casos, pero las medidas coercitivas químicas o físicas pueden plantear situaciones de vulneración de sus derechos como ciudadano.
Conocer las medidas que se están aplicando y los criterios que se siguen para levarlas a cabo, discernir en que casos se deben emplear o no las medidas coercitivas siempre sin violar los derechos de los pacientes, determinar como se pueden controlar estas medidas o decidir si se debe contar con el consentimiento del paciente y sus familiares son algunas de las cuestiones que intentarán resolver a lo largo de los próximos 2 años un equipo de investigadores de la Universidad de Granada que tiene como objetivo la elaboración de un reglamente general sobre medidas coercitivas que se ponga en funcionamiento en todos los hospitales españoles.
Para ello van a llevar a cabo un análisis de casos sospechosos en los que se practican medidas coercitivas físicas o químicas en cinco hospitales nacionales: el Clínico de Granada, el Carlos Haya de Málaga, el Hospital General de Asturias en Oviedo, el Hospital Vall de Ebron en Barcelona y La Concepción de Madrid, sobre pacientes no psiquiátricos. La investigación, que comenzó hace tres meses y se extenderá hasta principios del 2007, contará con la presencia en cada hospital de un coordinador y una persona del grupo que se encargará de analizar a través de encuestas las opiniones tanto del paciente y su familia como del propio personal médico del hospital correspondiente.
Estudio pionero
Según el director del proyecto y el profesor del departamento de Medicina Legal, Claudio Hernández Cueto –con la participación de los profesores Francisco Torres y José Hervás como coordinadores del proyecto- se trata de “un estudio pionero” ya que hasta ahora sólo se habían analizado las medidas coercitivas en enfermos psiquiátricos, que a causa de las características de su patología son el foco más importante de la aplicación de estas medidas que impiden en muchas ocasiones que el paciente llegue a lesionarse asimismo o alguien de su entorno.
Así, el científico insiste en que en la práctica médica diaria se llevan a cabo medidas de coerción que no tiene ninguna consecuencia negativa e incluso se hacen necesarias sobre todo en aquellos casos en los que es imposible tratar con el paciente, como puede ser un enfermo de anorexia al que se le pide que coma a cambio de dejarle dar un paseo. A pesar de esto, la utilización de estas medidas sin control pueden conllevar efectos negativos, ya que como afirma el Hernández Cueto “un ser humano con plena conciencia, inteligencia y voluntad tiene derecho a decidir en todas las circunstancias incluyendo la enfermedad”.
Los resultados de este estudio, que concluirá a mediados de 2007, servirán como base para la elaboración de un informe general sobre el uso de medidas coercitivas que presentarán ante el defensor del pueblo autonómico y nacional para promover la creación de un reglamento para que se aplique en todos los hospitales públicos.
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