Esta es una de las consecuencias de la mala gestión del urbanismo en nuestra provincia, donde el dejar hacer por parte de los responsables políticos puede desembocar en acciones totalmente desproporcionadas como esta
Si realmente las obras en cuestión son legales no se entiende la respuesta hacia los trabajadores de los medios de comunicación, que están ejerciendo un derecho constitucional que tenemos los ciudadanos a informar y ser informados.
Si la Dirección Provincial de Costas ha autorizado estas obras, se contradice con toda la dinámica que lleva el Ministerio de Medio Ambiente, que está derribando chiringuitos y diversas edificaciones junto al mar y que está propugnando la ampliación de la servidumbre de protección hasta los 200 metros en algunos lugares. Autorizar estas edificaciones a tan pocos metros del agua, en una playa que según los últimos estudios está condenada a desaparecer, parece algo incongruente, ya que pondría en peligro la vida de las personas si llegaran a ser habitadas.
Es de destacar que, según se desprende de lo publicado en los medios de comunicación, los periodistas fueron atacados porque pensaron que eran los ecologistas, ya que parece ser que atacar a quien denuncia hechos contrarios a la ley está permitido y así va a resultar que, en esta sociedad que padecemos, el culpable no es el que comete el delito, sino quien lo denuncia.
Desde aquí pedimos al ministerio fiscal que intervenga de oficio, pues estos hechos pueden ser el inicio de un esperpento social si no se ataja con contundencia desde el poder judicial.
Vaya nuestro apoyo a los reporteros agredidos con nuestros deseos de pronta recuperación y de que sea esta la última agresión que sufren, tanto ellos como el resto de trabajadores de los medios de comunicación, en el desempeño de su labor informativa.
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