Antonio Escámez ha indicado que no entiende cómo Resur ha mantenido la planta de tratamiento cerrada para no hacer ninguna modificación, excepto sacar el lixiviado en 45 días, cosa que en el plazo de tres años no se ha hecho
Antonio Escámez, teniente de alcalde de Medio Ambiente y Deportes ha querido lanzar varias preguntas a la Diputación Provincial de Granada, a Resur y a la diputada socialista Pilar Peramos, tras las afirmaciones realizadas en días pasados en relación a la planta de tratamiento de residuos de invernaderos de Motril.
El responsable de Medio Ambiente en primer lugar se ha preguntado “qué se ha conseguido en los 45 días de cierre de planta, aparte del daño hecho a la agricultura, o el haber sacado los lixiviados en este tramo de tiempo, cosa que en tres años no se había hecho”. “Mientras, de resolver los problemas de los agricultores, nada”, ha puntualizado.
Además ha indicado que en un principio esta actuación hasta tenía sentido, puesto que la intención era que una empresa concesionaria, la UTE Biomasa Gualdaquivir se hiciera cargo de la gestión de la planta, y le realizara algunas mejoras cuyo coste ascendería a más de 1.193.000 euros. “La realidad es bien distinta –ha explicado Escámez- porque esta UTE no se ha hecho cargo de la planta, ni le ha hecho las mejoras, pero sí se están cobrando unos precios públicos a los agricultores, a pesar de que Resur es quien sigue gestionando la planta”.
“Lo único que se ha hecho es poner un precio público, que iba arreglado a esas mejoras, y que va a hundir un poco más si cabe la economía del sector agrícola”, ha subrayado el edil, quien considera que la obligación de la Diputación de Granada debiera haber sido “mantener en funcionamiento la planta, con las condiciones adecuadas y una gestión en condiciones y no imponer un precio público a un sector que lo está pasando tan mal”
Escámez también ha afirmado que las declaraciones de Pilar Peramos, diputada socialista, “son hirientes y manifiestan una absoluta falta de compromiso al decir que el Ayuntamiento de Motril sólo se ha quejado y exigido sin poner nada de su parte”. A este respecto le ha recordado el compromiso de este ayuntamiento con el sector agrícola en la huelga por los precios de los pepinos, cuando la planta cerró sus puertas y fue el consistorio el que tuvo que habilitar puntos de acopio para la recogida provisional de este fruto, siendo de más de 5.000 toneladas de pepinos la carga transportada hasta el punto limpio. Igualmente le ha recordado que parte de los costes del lixiviado lo pagó el Ayuntamiento de Motril cuando la obligación de la diputación era mantener el nivel del lixiviado y no que fuese este consistorio exclusivamente el que aportara dinero.
Por otro lado, se ha preguntado si es que esta diputada socialista y alcaldesa de Vélez de Benaudalla quería que el Ayuntamiento de Motril y este teniente de alcalde de Medio Ambiente “fuesen a fiscalía por delito medioambiental al permitir que los restos de invernaderos fueran al punto limpio sin la autorización pertinente de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía”. Igualmente le ha recordado que aún se está a la espera de que la Diputación de una respuesta a la puesta a disposición de 10.000 metros cuadrados de superficie que se hizo por parte del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Motril hace ya más de 30 días.
“La diputada socialista lo único que hace es poner el ventilador para repartir su ineptitud e ineficacia a todos los ayuntamientos mientras hunde si cabe un poco más a los agricultores, a los que después de permitir su ruina económica tiene que tratar durante 45 días de delincuentes medioambientales por una decisión única de Diputación y su diputada Pilar Peramos”, ha puntualizado.
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