El Ayuntamiento de Motril ha desalojado un asentamiento chabolista instalado en el barrio de Los Álamos, en unos terrenos de propiedad municipal, donde habitaban varias familias de nacionalidad rumana a las que el Consistorio ha pagado el viaje de vuelta a su país de origen, según han informado fuentes municipales, de IU y varias ONG's.
El concejal de Interior en el Ayuntamiento de Motril, José García Fuentes, ha defendido este miércoles que el procedimiento seguido cumple "la más estricta legalidad" y se ha llevado a cabo "sin tener en cuenta la nacionalidad" de los afectados, ya que en este asentamiento también vivían personas de origen magrebí y español.
"Se ha seguido el procedimiento de sanción administrativa habitual" y ahora "nos encontramos en la fase de que la totalidad de las personas que había --en el asentamiento-- se han marchado y las máquinas están limpiando la basura" acumulada en la zona, ha relatado el edil.
Asimismo, ha subrayado que el desalojo ha sido pactado con los afectados, aproximadamente unas 15 personas de nacionalidad rumana, las cuales "se querían ir" y por ello, a través de un acuerdo con el área de Bienestar Social, se les ha facilitado el billete de autobús para que regresaran a sus país de origen.
Durante este proceso, añade el concejal de Interior, se les ha prestado asistencia sanitaria y comida a través de Cruz Roja Española, mientras que los Servicios Sociales municipales han hecho un seguimiento de la situación en que se encontraban los menores que habitaban en este asentamiento.
Esta versión no es compartida por el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Motril, quien informó a Europa Press de que el desalojo se aprobó en pleno el pasado 29 de octubre para dar una solución "oportunista" a este problema aprovechando lo que "está ocurriendo en otros lugares", en relación a los desalojos realizados por el presidente francés, Nicolás Sarkozy.
Además, la edil de IU Daniela Piqué ha informado de que esta mañana "varias máquinas custodiadas por la Policía Local" se han presentado en el asentamiento para derribar las chabolas, pese a que aún "quedan tres personas --de una misma familia-- viviendo allí".
De hecho, varios miembros de ONG y de la formación de izquierdas se han desplazado esta mañana hasta esta zona del barrio de los Álamos para impedir la demolición de la chabola de esta familia, que "no se quiere ir porque tiene trabajo", ha señalado Francisco Torcuato, de la Plataforma por la Justicia Social, implicada en la defensa de este colectivo.
"Hace unos días había unas 15 ó 20 personas" y este lunes "quedan tres". Además, el "Ayuntamiento de Motril no ha presentado ninguna orden de demolición y "han estado amenazando a los afectados con llamar a los Servicios Sociales para que se ocupen de sus hijos si no se iban", ha lamentado Torcuato.
Asociaciones de Derechos Humanos ven en el desalojo de rumanos en Motril una "expulsión étnica disfrazada"
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asociación Gitana Anaquerando y Motril Acoge han suscrito un comunicado conjunto en el que critican la actuación del Ayuntamiento de Motril en el desalojo y pago del billete a su país de los ciudadanos rumanos de un asentamiento chabolista ubicado en el barrio de los Álamos, que han calificado como una expulsión "disfrazada" por motivos étnicos.
El proceso, censuran, "en ningún momento ha estado acompañado de una actuación integral y coordinada por parte de los Servicios Sociales de Motril", que podrían haber articulado "alternativas" ante esta situación de precariedad en la vivienda.
Además, señalan que la aprobación del desalojo, la repatriación y el derribo del asentamiento ha estado marcado por una "falta de transparencia total", y muestran su preocupación por esta "expulsión encubierta debido al origen étnico de las personas afectadas".
"En la Década por la Inclusión de los Gitanos este tipo de actuaciones son inaceptables y fomentan las actitudes racistas y xenófobas. Además, violan los derechos humanos y dan continuidad a las inadmisibles expulsiones de personas rom (gitanas de Europa del Este) comenzadas por Francia, Gran Bretaña y Alemania", han indicado.
Las asociaciones han recordado asimismo las declaraciones efectuadas en el pleno municipal del 29 de octubre por el concejal Antonio Escámez, miembro del equipo de gobierno en Motril, en las que éste describía a los rumanos gitanos como "una raza itinerante a la que le gusta vivir en chabolas rodeados de perros, haciendo fuegos y alimentándose de la basura".
"Esperamos que no sean representativas del sentir de la coalición al poder en Motril", han confiado las firmantes, que han criticado que sus afirmaciones no hayan tenido ningún tipo de consecuencia política ni se hayan desmentido y que además se hayan visto "reforzadas" por la expulsión de las familias afectadas.
ONG lamenta la solución "fácil" de desalojo de los rumanos y pide que no expulsen a los que quedan en la zona
La ONG Motril Acoge ha lamentado este miércoles la "solución fácil" adoptada por el Ayuntamiento de Motril de desalojar un asentamiento chabolista instalado en el barrio de Los Álamos y pagar a varias familias de nacionalidad rumana el viaje de vuelta a su país de origen y ha pedido que no expulsen a las tres personas que aún permanecen en la zona.
En declaraciones a Europa Press, el director de Motril Acoge, Eugenio Pérez, ha criticado esta "expulsión disfrazada de repatriación" que se ha llevado a cabo "sin comunicar nada a los afectados por escrito". "Si hubieran sido otro tipo de extranjeros comunitarios, no los hubieran desahuciado", ha criticado.
Según ha explicado, esta misma mañana se ha producido el desmantelamiento de las chabolas que había instaladas en el terreno, de propiedad pública, a excepción de las que habitan las tres personas que permanecen en la zona porque han rechazado la propuesta del consistorio de sufragarles el regreso a su país de origen.
Respecto a estas personas, Motril Acoge ha pedido al Ayuntamiento que no los expulse de los terrenos, pues "no molestan a nadie y no han causado ningún problema en el barrio" y, según afirma, las chabolas en la que viven están "bien acondicionadas y son dignas".
El resto, unas once personas, entre las que se encuentran niños pequeños y una mujer embarazada, volvieron a Rumanía el lunes pasado de madrugada, según relata, y días antes otras seis personas, todas de nacionalidad rumana, pues según matiza, "no habían nadie procedente de otro país como se ha dicho", ya habían salido en días anteriores de regreso a su país con la mediación también del Ayuntamiento, esta vez por temor a que los Servicios Sociales les quitaran a sus hijos.
Pérez ha lamentado que esta actuación se haya producido "sin que los Servicios Sociales del Ayuntamiento hayan intentado realmente insertarlos en la sociedad, sin darles siquiera una oportunidad de integración", siguiendo la política del presidente de la República de Francia, Nicolas Sarkozy, pero llevándola a cabo de una manera "más elegante".
"Al pleno municipal en el que se decidió el desalojo ni siquiera se llevaron informes de Servicios Sociales o de la Policía sobre su situación. No entendemos las prisas que se han tomado por desalojarlos de unos terrenos que actualmente no tienen ninguna función más que el hecho de que son rumanos que viven en la marginalidad y no son bien recibidos", ha señalado.
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