La
aprobación de la Ordenanza Municipal
Reguladora del Procedimiento Administrativo de Declaración de Asimilado al
Régimen de Fuera de Ordenación de edificaciones en suelo no urbanizable, es
decir, de legalización de chalés ilegales en suelo prohibido, es el mayor
atentado ambiental que ha sufrido el municipio de Motril.
La
legalización de más de
2500 de las 4000 construcciones ilegales que reconoce el PGOU a través de este procedimiento, significa su
reconocimiento y legalización sin ningún tipo de medida correctora, obviando
los requisitos contemplados en el propio planeamiento urbanístico existente.
Se
trata de un premio al infractor, un aval para el urbanismo salvaje ya que la
legalización exige mucho menos requisitos y el pago de una tasa muy inferior a
la exigida a las viviendas legales (3,4% frente al 6%).
El
modelo de diseminación de viviendas, con
una red de abastecimiento anárquica y una red de caminos que se han asfaltado
con dinero público consolida un modelo contrario al propio planeamiento (ciudad
compacta, mediterránea, policéntrica)
que consume mucha más agua y energía, y produce residuos difíciles de
gestionar y demandaran infraestructuras individuales difíciles de controlar que
generarán un caos ambiental y paisajístico.
Esta
ordenanza no solo no garantizará a partir de ahora que se cumplan las normas urbanísticas y que se impidan más
viviendas ilegales, sino que, muy al contrario, creará un efecto llamada y un
gravísimo precedente: cualquier persona podrá hacerse una vivienda, con o sin
licencia municipal, porque al final será legalizada.
La
asociación Buxus presentará alegaciones contra su aprobación y exige la
intervención tanto de la administración ambiental como de la urbanística para
paralizar este desastre territorial.
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