CA solicita al ministro de Justicia la derogación de la misma, y la sustitución por un texto legal en el que quede manifiestamente expresado que la justicia es gratuita, y por tanto igual para todos
El pasado día 12 de diciembre, los jueces y magistrados de todo el
país han secundado un paro parcial de una hora de duración y anunciado la
posibilidad de realizar una huelga en el próximo mes de enero. Los miembros de
la judicatura, como se sabe, son funcionarios, pero al mismo tiempo encarnan un
poder del Estado. 18 organizaciones de jueces, fiscales, secretarios
judiciales, trabajadores del sector y consumidores se unían para mostrarle su
oposición frontal.
Cerca de 20 colectivos de la justicia, entre los que se pueden contar
las asociaciones mayoritarias de jueces, fiscales y el Consejo General de la
Abogacía, convocaron en la mañana del día 11 de diciembre un acto ante la
prensa en el que manifestaron, de manera explícita, su rechazo frontal a las
medidas puestas en marcha por el ministro de Justicia, Sr. Gallardón, opinión
compartida por la mayoría de sindicatos y organizaciones de consumidores.
Las medidas adoptadas son interpretadas por estos colectivos como un
"ataque brutal al Estado de Derecho" además de un intento de
“privatización de la justicia”.
La “Plataforma Justicia para Todos”, con sus representantes reunidos
en una sala del Consejo General de la Abogacía, en Madrid, donde se
encontraban jueces, fiscales,
secretarios judiciales, abogados, representantes sindicales y miembros de
asociaciones de usuarios realizaron sus denuncias al abrigo de una pancarta donde podía leerse:
“Acto público de defensa de la Administración de Justicia”.
Según recogen diversos medios nacionales, el juez decano de Madrid y
portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol
afirmó: “La justicia está en descomposición por las reformas del ministerio.”
“Su gestión la rechazamos todos los colectivos y la población. ¿Para quién
gobierna el ministerio?”, preguntó Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia.
En parecidos términos se expresaron Ángel Dolado, del Foro Judicial Independiente,
y Álvaro Martín, de la Asociación Profesional de la Magistratura.
El resto de las organizaciones profesionales y sindicales presentes en
el acto se refirieron al “desmantelamiento de la justicia como servicio
público”, al “ataque brutal sin precedentes a la ciudadanía”, o de “crisis
institucional”.
En el origen de este malestar se encuentran distintas actuaciones del
Sr. Gallardón, pero sin duda la más trascendente desde el punto de vista de la
gratuidad de la justicia es la aprobación de la Ley de Tasas, en vigor desde el
20 de noviembre pasado. El Gobierno aumentó las tasas judiciales por poner una
demanda en primera instancia o un recurso en segunda, y las extendió a todos
los ciudadanos. Hasta el momento de la
aprobación de la nueva Ley, solo pagaban empresas con una facturación superior
a los ocho millones de euros al año; desde la entrada en vigor de la nueva ley, el pago afectará a
cualquier ciudadano que presente una demanda civil, contencioso-administrativa
o social. Pagarán, todas menos las demandas sociales, en primera instancia,
pero sobre todo al recurrir.
Veamos algunos ejemplos prácticos:
--Un divorcio ordinario soportará una tasa de 300 euros (más la
variable, resultante de multiplicar 0,5% por el valor de los bienes que se
reclamen).
--Una demanda en procedimiento abreviado contra la Administración por
una multa de tráfico serán 200 euros.
--Pleito por una deuda: 100 euros o hasta 1.200.
--Recurso por despido: El recurso contra una sentencia de despido ante
el Tribunal Superior costará 200 euros en tasas; el segundo, ante el Supremo,
300 euros.
Estas medidas, además de las protestas de los sectores más
directamente implicados, suscitan la desaprobación de la inmensa mayoría de
ciudadanos. Así, según una encuesta
realizada por Metroscopia y dada a conocer por el Consejo General de la
Abogacía afirma que incluso entre los votantes del PP existe una muy amplia
mayoría que está en total desacuerdo con la nueva ley. El 84% de los
encuestados afirman que esta ley vulnera el derecho a la tutela judicial
efectiva que establece la Constitución y por tanto debe ser recurrida ante el
Tribunal Constitucional “lo antes posible”.
El Partido Popular está desmantelando todos los fundamentos que
durante los últimos 30 años los españoles habíamos construido para
garantizarnos una sociedad cohesionada y de derechos. La sociedad del bienestar
que tanto esfuerzo ha costado está siendo puesta en almoneda por el Partido
Popular, sin respetar ningún tipo de derecho: casi eliminados los derechos
laborales, reducidas significativamente las prestaciones sanitarias y
educativas, nos encaminamos hacia una sociedad alineada con los principios mas
de derechas. El Partido Popular aplica un conjunto de medidas que contradicen
totalmente lo que pregonaban en su programa electoral: es más, están haciendo
justo lo contrario de lo que nos prometieron. Las políticas del Partido Popular representan una clara
agresión permanente a los sectores menos favorecidos y a las clases medias, que
son el sustento de una sociedad cohesionada.
Mientras cerca de seis millones de conciudadanos integran las listas del
desempleo, y cada vez hay menos presupuesto para las prestaciones sociales, y
hasta los pensionistas deben pagar parte de lo que cuesta su medicación, se
promulga una amnistía fiscal, se inyecta dinero a los bancos, o se subvenciona
a la Iglesia Católica. El gobierno del PP no protege a los ciudadanos, pero sí
a las grandes empresas, al capital. El último ejemplo es el de la Ley de Tasas
Judiciales.
Por todo ello, Convergencia Andaluza SOLICITA al Pleno de esta
Corporación:
1.- Mostrar nuestra disconformidad con la Ley de Tasas Judiciales.
2.- Solicitar al Sr. Ministro de Justicia la derogación de la misma, y
la sustitución por un texto legal en el que quede manifiestamente expresado que
la justicia es gratuita, y por tanto igual para todos.
3.- Que se consensue con los profesionales de la Justicia un Plan de
Modernización de la misma, en la que se contemple, entre otras cosas, la
ampliación de las distintas plantillas de funcionarios.
4.- Que se dé cuenta de esta moción al Sr. Ministro de Justicia, a las
Asociaciones Profesionales de Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales, a los
distintos Sindicatos y Organizaciones Profesionales representativas del sector
y de Consumidores, al Consejo General de la Abogacía de España, a los Grupos
con representación en el Parlamento Nacional, y al Sr. Presidente del Gobierno
de España.
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