El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, anunció hoy que pondrá en conocimiento de la Fiscalía las "irregularidades urbanísticas" detectadas por el Ayuntamiento en el Camping El Carambolo, situado en la Vega del río Verde y del que son copropietarios el coordinador de Ecologistas en Acción en Granada, Javier Egea, y el coordinador local en Almuñécar, Fermín Tejero, por considerarlos presuntos autores de un delito de malversación de fondos públicos y de atentado contra el territorio.
En rueda de prensa, Benavides mostró su sorpresa tras descubrir que "el gran inquisidor del urbanismo granadino --refiriéndose a Egea-- es responsable de un presunto delito contra la integridad del territorio al construir un núcleo urbano en la Vega de Río Verde en suelo no urbanizable de protección de cultivo".
Así, recordó que Javier Egea, responsable de Ecologistas en Acción en Granada, es el "protagonista de una persistente campaña de descalificación contra la gestión urbanística del Ayuntamiento de Almuñécar".
Benavides afirmó que las empresas mercantiles Karanda y Colibrí de las cuales es consejero Egea y que tienen como presidente al responsable local de Ecologistas en Almuñécar, Fermín Tejero, han sido los instrumentos utilizados para cometer "este desafuero urbanístico".
Según el alcalde, la inspección municipal ha detectado un importante número de edificaciones en el camping El Carambolo, explotado por dichas mercantiles, que no cuentan con licencia y que están construidas en suelo no urbanizable de la Vega de Río Verde. Se trata, según mantuvo, de 260 metros cuadrados construidos ilegalmente para viviendas y almacenes.
Por otro lado, acusó a Egea de presunta malversación de fondos públicos "al destinar una subvención del Instituto Nacional de Empleo y un proyecto pagado por el Ayuntamiento de Almuñécar para la construcción de un aula etnobotánica a construir un almacén del negocio de camping de Egea".
A este "cúmulo de irregularidades", según manifestó Benavides, se suma el descubrimiento de la inspección municipal de que este complejo "vierte ilegalmente aguas negras sin depurar al acuífero del río Verde en un grave atentado contra el medio ambiente".
"Egea y Tejero son asimismo propietarios de un bloque de tres plantas de altura ubicado en suelo no urbanizable de protección de cultivos de la vega de río Verde", informó Benavides, que ironizó con el "ejemplo de sensibilidad ambiental de los responsables de Ecologistas en Acción de Granada y Almuñécar".
Además, informó de que la sociedad que explota el camping de la cual son socios y propietarios Egea y Tejero ha sido expedientada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte por "infracción grave" de la Ley de Turismo. El camping está precintado desde hace meses por no cumplir con la normativa y por las irregularidades detectadas, según Benavides.
"Frente a este cúmulo de desafueros cometidos por los grandes inquisidores y denunciantes de la paja en el ojo ajeno", según apuntó Benavides, el Ayuntamiento ha adoptado una serie de medidas de disciplina urbanística y por lo que será "muy probable" que se llegue "a la demolición de lo ilegalmente construido y no legalizable".
Igualmente, el Ayuntamiento ha abierto expediente por vertido de aguas fecales al acuífero y denunciará la situación ante la fiscalía por atentado contra la ordenación del territorio.
Para Benavides, lo expuesto "nos lleva a una conclusión lamentable y sorprendente, ya que la credibilidad del gran inquisidor del Urbanismo granadino está por los suelos", por lo que instó a Egea a que "si le resta alguna dignidad debería de dimitir y no seguir desprestigiando al movimiento ecologista".
En rueda de prensa, Benavides mostró su sorpresa tras descubrir que "el gran inquisidor del urbanismo granadino --refiriéndose a Egea-- es responsable de un presunto delito contra la integridad del territorio al construir un núcleo urbano en la Vega de Río Verde en suelo no urbanizable de protección de cultivo".
Así, recordó que Javier Egea, responsable de Ecologistas en Acción en Granada, es el "protagonista de una persistente campaña de descalificación contra la gestión urbanística del Ayuntamiento de Almuñécar".
Benavides afirmó que las empresas mercantiles Karanda y Colibrí de las cuales es consejero Egea y que tienen como presidente al responsable local de Ecologistas en Almuñécar, Fermín Tejero, han sido los instrumentos utilizados para cometer "este desafuero urbanístico".
Según el alcalde, la inspección municipal ha detectado un importante número de edificaciones en el camping El Carambolo, explotado por dichas mercantiles, que no cuentan con licencia y que están construidas en suelo no urbanizable de la Vega de Río Verde. Se trata, según mantuvo, de 260 metros cuadrados construidos ilegalmente para viviendas y almacenes.
Por otro lado, acusó a Egea de presunta malversación de fondos públicos "al destinar una subvención del Instituto Nacional de Empleo y un proyecto pagado por el Ayuntamiento de Almuñécar para la construcción de un aula etnobotánica a construir un almacén del negocio de camping de Egea".
A este "cúmulo de irregularidades", según manifestó Benavides, se suma el descubrimiento de la inspección municipal de que este complejo "vierte ilegalmente aguas negras sin depurar al acuífero del río Verde en un grave atentado contra el medio ambiente".
"Egea y Tejero son asimismo propietarios de un bloque de tres plantas de altura ubicado en suelo no urbanizable de protección de cultivos de la vega de río Verde", informó Benavides, que ironizó con el "ejemplo de sensibilidad ambiental de los responsables de Ecologistas en Acción de Granada y Almuñécar".
Además, informó de que la sociedad que explota el camping de la cual son socios y propietarios Egea y Tejero ha sido expedientada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte por "infracción grave" de la Ley de Turismo. El camping está precintado desde hace meses por no cumplir con la normativa y por las irregularidades detectadas, según Benavides.
"Frente a este cúmulo de desafueros cometidos por los grandes inquisidores y denunciantes de la paja en el ojo ajeno", según apuntó Benavides, el Ayuntamiento ha adoptado una serie de medidas de disciplina urbanística y por lo que será "muy probable" que se llegue "a la demolición de lo ilegalmente construido y no legalizable".
Igualmente, el Ayuntamiento ha abierto expediente por vertido de aguas fecales al acuífero y denunciará la situación ante la fiscalía por atentado contra la ordenación del territorio.
Para Benavides, lo expuesto "nos lleva a una conclusión lamentable y sorprendente, ya que la credibilidad del gran inquisidor del Urbanismo granadino está por los suelos", por lo que instó a Egea a que "si le resta alguna dignidad debería de dimitir y no seguir desprestigiando al movimiento ecologista".
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