La secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega, se
han reunido esta mañana en el puerto de Motril con alcaldes y empresarios de
los municipios de la Costa Granadina para analizar la incidencia del
Decreto-ley de medidas urgentes y para la protección del litoral en la
provincia.
En ambos encuentros, en los que también han estado presentes la
delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez, y la delegada de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, Sandra García, la secretaria
general ha explicado que la nueva norma no paralizará ninguno de los proyectos
previstos en la costa granadina ya que su aplicación no tiene carácter
retroactivo.
Los objetivos de la nueva norma según Vega, son, por una parte, reforzar
la protección de la zona más valiosa de un territorio como es el litoral
andaluz, y, por otra, incentivar la revisión del planeamiento municipal para
adecuar la planificación urbanística de los ayuntamientos a la realidad actual
y a las exigencias de sostenibilidad fijadas por el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía.
En cuanto a la protección del litoral, el Decreto-ley contempla un
nuevo instrumento de planificación territorial, el Plan de Protección del
Corredor Litoral de Andalucía, dirigido a preservar la franja más próxima a la
costa, así como mantener libres de urbanización los espacios no edificados que
no sean necesarios para la normal expansión de los pueblos y ciudades
andaluces. Para ello, actuará sobre la franja de los primeros 500 metros de la
zona de influencia del litoral y aquellas otras zonas que sean necesarias para
garantizar los objetivos de protección que se establezcan.
El Decreto-Ley para garantizar su efectividad durante la elaboración,
establece una serie de medidas cautelares de suspensión de carácter muy
limitado que, según ha aclarado la delegada del Gobierno andaluz en Granada,
María José Sánchez, no van a afectar a proyectos que se encuentren en
desarrollo en la Costa.
Los municipios granadinos del litoral no adaptados al POTA a los que
puede afectar las medidas de suspensión del Decreto-ley son Albuñol, Almuñécar,
Gualchos, Lújar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán y Motril.
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