Convergencia no comparte la visión que tiene el PP Motrileño referente a la convivencia social, ni tampoco su visión referente a la represión de las manifestaciones públicas de protesta por las acciones del gobierno
Convergencia considera, sin entrar en consideraciones legales, que todos los actores intervinientes en la
convivencia social deben tener voz y a todos se les debe oír. Todos tenemos
derecho a nuestro espacio. La pluralidad de ideas, la repulsa a políticas
injustas, la denuncia de situaciones de abuso es lógico y hasta conveniente que
se refleje en unas actuaciones visibles socialmente como son las
manifestaciones públicas.
Las manifestaciones públicas de los ciudadanos es el mejor indicador
de la situación social, y cuya opresión, nunca ha sido una solución al
problema, muy al contrario, el control y la represión que se pone en marcha por
el Gobierno del Estado para evitar dichas manifestaciones públicas, no hace
sino aumentar la frustración de tod@s, a la par que evoca tiempos pasados no
queridos y nunca olvidados.
El borrador de la futura Ley de Seguridad Ciudadana no es sino un
compendio represivo y absurdo frente al derecho a manifestarse. La vigente Ley
de Seguridad Ciudadana y el Código Penal ya castigan cualquier abuso que se produzca
en el ejercicio de los derechos de asociación y manifestación. ¿Por qué ahora
una ley aun más sancionadora?.
Convergencia presentó una moción al pleno celebrado el pasado viernes
para que el Ayuntamiento de Motril diera su rechazo al borrador de Ley de
Seguridad Ciudadana. El PP de Motril no apoyó la moción. Las absurdas justificaciones del PP es que se
ha incrementado la partida prespuestaria para la Secretaría de Estado de
Seguridad y ello pone de manifiesto el firme compromiso del Gobierno en la
lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, así como contra el
tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, el ciberterrorismo, los delitos
contra la propiedad intelectual, el acoso en la red o la lucha contra la
inmigración irregular.
Convergencia lamenta el apoyo del PP motrileño a un texto legal que
criminaliza al ciudadano, que solo va
ayudar a aumentar la crispación y la frustración, y que lo apoye con excusas que nada tienen
que ver con el derecho constitucional a la manifestación democrática.
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