El BOE de 1 de marzo 2014, alumbra un nuevo RDL, el 3/2014, que
garantiza a los empresarios, a todos, grandes, medianos y pequeños,
que nos
pueden aún sobreexplotar más y a menor coste.
Este “decretazo”, sobrepasa cualquier límite de lo que es la
indecencia
política, para adentrarse en los métodos mafiosos y en la acepción más
literal del
término. Con la fuerza de las “armas legales” (BOE) que da el poder,
nos roban de
lo público unos 7.000 Millones de euros en los próximos 24 meses, a
partir del 1 de
marzo 2014 hasta el 1 de marzo de 2016.
La propaganda mediática, vendida en los circos del parlamentarismo, en
el
pasado “debate de la nación”, utiliza la mentira al presentar a la
sociedad una
“recuperación económica”, cuando ésta, no sólo es incierta (si de toda
la economía
habláramos), sino que a la recuperación que se refieren es a la de las
grandes
empresas1 (transnacionales la mayor parte) y a los poderosos que
dominan
realmente la economía global. Nada que ver con la condición social de
las personas
y sus economías de empleo, rentas salariales, pensiones, y de sus
condiciones de
vida, sanidad, educación, libertad, justicia…
La indecencia se torna escarnio con la presentación de la “famosa
tarifa
plana -100 euros-, en las cotizaciones empresariales por las
contrataciones
indefinidas novedosas que se hagan a partir del 28 de febrero. El RDL
3/2014
posibilita a todos los empresarios que metan la mano en la caja
pública y se
apropien de más de 7.000 millones de euros en los próximos dos años.
Los requisitos para reducirles sus cotizaciones empresariales, por
contingencias comunes, del 23,60% sobre la base salarial, se pasa a
cotizar
solamente 100 euros mensuales, si es a jornada completa, y 75 euros si
es jornada
parcial de al menos el 75% de la jornada, y 50 euros cuando la jornada
parcial es a
media jornada-, son tremendamente trileros.
Los Beneficios netos de las grandes empresas del IBEX 35 durante el
2013, ascendieron a casi los 20.000 millones de euros. Un 57% más que en el
2012.
Se requiere que las contrataciones realizadas desde el 25 de febrero
del
2014 hasta el 31 de diciembre de 2014 sean indefinidas, bien a tiempo
completo,
bien a tiempo parcial, y supongan un incremento de empleo, medido
éste, con la
variable del empleo existente en los 30 días anteriores a la
celebración del
contrato. También que no se hayan producido despidos colectivos o
individuales,
declarados improcedentes, en los seis meses anteriores a la fecha de
contratación.
Aquí llega una de las primeras trampas de trileros: las empresas
pueden
haber despedido a cientos, miles de trabajadores/as con anterioridad
al 25 de
febrero 2014 (ejemplos clamorosos: RTVV, Tele Madrid, Coca- Cola,
Panrico, etc.) y
no tendrían ningún problema en contratar cientos, miles de
trabajadores/as a
precios de saldo, tanto en los salarios como en las reducciones en sus
cotizaciones
empresariales a 100 euros. El período de seis meses anteriores,
empieza a
contar a partir del 25 de febrero 2014.
El impulso a la creación de empleo (efecto llamada empresarial ante el
“todo a 100” que les ha normativizado el poder político), es otra gran
mentira.
Los empresarios no van a realizar más contrataciones que la cantidad
de contratos
que necesitan para cubrir las necesidades de la oferta empresarial
para la
producción de bienes y servicios que requiera el mercado.
Estadísticamente, así se demuestra a lo largo de la historia del
mercado
laboral español. Es decir, si los contratos indefinidos ascendieron en
el 2013 a
1.134.949 (solamente el 8% de todos los contratos), son los posibles
contratos que
se realizarán a lo largo de todo el 2014, otros tantos en el 2015 y
los
correspondientes a dos meses del 2016 (el tiempo que dura la “tarifa
plana”). Aquí
aparece nuevamente el escarnio, la burla y el robo: por cada contrato
realizado en
este período de 24 meses, de media, el empresario se apropia (ahorra)
3.520
euros. Si lo multiplicamos por 1 millón de contratos año, nos
encontramos con la
expropiación de 7.000 millones de la caja pública.
Este es el “negocio” y esta la recuperación de los empresarios, no de
los
trabajadores/as que, a cambio, seremos aún más y más
sobre-explotados/as.
Para cerrar el círculo dos agresiones aún, otra vez más, dirigidas
directamente a las personas asalariadas: los trabajadores y
trabajadoras
abonaremos nuestro 4,70% en contingencias comunes sin ninguna
reducción. Los
empresarios (sobre todo los grandes y aquellos segmentos con necesidad
de
contrataciones de precios medios-altos), abonarán siempre 100 euros,
llegando a
la sinvergüencería de que un trabajador/a con salario anual de 26.000
euros
cotizará 1.222 euros anuales. El empresario solo lo hará por 1.200. A
partir de esta
cifra las diferencias se incrementan a favor del empresario y empeoran
para el
trabajador/a.
Es una estafa en toda regla, además, con luz y taquígrafos (BOE). La
patronal consigue una pieza que llevaba años y años persiguiendo: el
abaratamiento significativo de sus cotizaciones, es decir, de sus
contribuciones a la
Caja Pública Común, la de la Seguridad Social, rebajando sensiblemente
sus costes
de producción.
La estafa se redobla pues el Servicio Público de Empleo, al ser
reducciones
directas sobre la cuota patronal, y no subvenciones a la contratación,
no ingresa a
la caja de la Seguridad Social la diferencia de cotizaciones,
agravando de esta
manera miserable “el problema de financiación del segmento
contributivo” (se han
perdido más de 3,5 millones de afiliados/as a la seguridad social
desde el 2009,
junto a la bajada de salarios generalizada, supone menores ingresos al
sistema
público), por lo cual se tirará del Fondo de Reserva hasta dejarlo
exiguo.
Esta reducción brutal que se une a las 17 formas de reducción en las
cuotas
patronales, vía subvenciones por ejemplo, hasta exonerar del 100% de
la cuota en
ciertos contratos de la última Reforma Laboral, viene para quedarse
durante
mucho, mucho tiempo, y ésta sólo tiene una fecha de caducidad, cuando
el paro
baje del 15%. Es decir, anualmente nos meterán la mano en la caja
común para
robarnos 3.500 millones.
Este “decretazo” nos adentra en esa política de acoso y derribo que de
manera calculada, fría y metódica, el capitalismo y sus representantes
políticos,
vienen ejecutando contra las clases asalariadas para reducirnos a mera
mercancía
de usar y tirar.
Este sistema anti social, anti humano, estos poderosos y sus
representantes
políticos, no sólo merecen nuestro desprecio, sino que tenemos que ser
capaces de
terminar con su sistema y con sus “formas de representación”.
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