La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y tras la reunión de la Comisión de Valoración, ha aprobado una nueva partida de 2,7 millones de euros para ayudas económicas a familias sin recursos de la provincia de Granada. En concreto, 1.144 nuevas familias se beneficiarán del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, más conocido como Salario Social, que permite a unidades familiares percibir el Ingreso Mínimo de Solidaridad durante seis meses.
Esta partida económica viene a sumarse a la aprobada
el pasado mes de febrero, con un montante de 1,4 millones de euros y a los 1,5
millones de euros aprobados el pasado mes de marzo, así como a las aprobadas en
el último semestre del año 2013 que alcanzaron los 5,4 millones de euros, lo
que hace un total de algo más de 11 millones de euros los dirigidos a este fin.
Estos datos han sido dados a conocer por la delegada
del Gobierno, Sandra García, junto con el delegado territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, Higinio Almagro, al término de la reunión de la
tercera comisión de valoración, que está integrada por distintas áreas de la
Junta de Andalucía, Diputación y representantes del empresariado y sindicatos.
En la Comisión de Valoración se han dado cuenta de
los expedientes aprobados que recibirán la prestación durante los próximos seis
meses. En total 1.144 familias granadinas, con dos miembros de media por
familia.
Ingreso Mínimo de Solidaridad
El
Ingreso Mínimo de Solidaridad es una prestación económica destinada a
garantizar la inserción social de aquellas personas que conforman las unidades
familiares que por carecer de recursos
económicos suficientes no puedan atender sus necesidades básicas. La cuantía
será equivalente al 62% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) actual, para
personas individuales, más un complemento del 8% del SMI aplicable por cada
miembro de la unidad familiar. Ésta ayuda tiene una duración de seis meses no
prorrogables.
El cobro de la ayuda llevará aparejado el
apoyo personal y la atención individualizada, por parte de los Servicios
Sociales, en función de las necesidades del beneficiario y de su familia, así
como el compromiso por parte del mismo de participar en las actividades
definidas como necesarias para su inserción social que se exigen a los
integrantes de las Unidades Familiares para poder ser beneficiario de ésta
ayuda.
La comisión
celebrada ha aprobado los diferentes compromisos de inserción que deben cumplir
los beneficiarios del mismo, en concreto relativos a la escolarización y
asistencia regular a clase, a asistencia a cursos de educación de adultos; al
control sanitario familiar, a mejorar las condiciones de las viviendas; a
participar en los proyectos de economía social y de inserción, y a asistir a
acciones formativas adecuadas para potenciar sus posibilidades de inserción
laboral. En esta ocasión las familias con medidas significan el 60% del total.
Urgencia social
Periódicamente se
llevan a cabo reuniones con los directores de centros sociales de la provincia
y coordinadores del programa de salario social, en la que se establecen los
criterios de urgencia social que llevan a las administraciones a agilizar los
procedimientos para hacer efectivas estas ayudas, poniendo como ejemplo la
posibilidad de desahucio de la vivienda por el impago de varios meses de
alquiler o préstamo hipotecario con apercibimiento de la entidad bancaria
correspondiente; existencia de problemas graves de salud de la persona que
sustente la unidad familiar; situaciones de realojo de urgencia; familias
monoparentales que tengan la posibilidad real de insertarse, personas sin
hogar. En estos casos, la resolución del expediente se hace de manera casi
inmediata.
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