La consejera ha inaugurado un nuevo centro en motril dirigido a este colectivo del que forman parte más de 60.000 en la comunidad
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, María José Sánchez Rubio, ha visitado hoy la Unidad de Estancia
Diurna con Terapia Ocupacional y el
Centro Especial de Empleo de APROSMO, Asociación en favor de las personas con
Discapacidad Intelectual en Motril y la Costa granadina, donde ha reconocido su
trabajo “por promover el desarrollo y la integración plena de las personas con
discapacidad intelectual en Andalucía”, un colectivo formado por más de 60.000
personas.
Sánchez Rubio ha reivindicado igualmente el
compromiso de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de su
entorno. “Un empeño por la igualdad de oportunidades que, como decía, comparte
con el Gobierno Andaluz, plasmado en una estrecha colaboración que se ha
desarrollado durante años y que nos ha permitido avanzar enormemente en materia
de atención a la discapacidad intelectual en Motril y la Costa granadina”.
APROSMO tiene aproximadamente 360 personas asociadas, atiende a más 500
personas y trabajan más de 210 profesionales de manera directa y 30 de forma
indirecta. Además, gestiona ocho centros con 230 plazas concertadas con la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), a la que se
destinan desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales más de 2,5
millones de euros.
La consejera ha querido resaltar también la
vitalidad del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y en
especial de la discapacidad psíquica, “y la necesidad constante de diálogo y
colaboración para impulsar proyectos como el de APROSMO, en Motril, y a nivel
andaluz el de FEAPS (Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las
Personas con Discapacidad Intelectural), reforzando al máximo la coordinación
con el conjunto del tejido asociativo”.
Anteproyecto Ley de Discapacidad
La futura Ley de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad tendrá como principales objetivos primar la garantía
de derechos más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y
menores; priorizar las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de
oportunidades, y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación,
vivienda, ocio, formación o servicios sociales.
La nueva normativa obligará a la Junta a elaborar
un plan específico de empleo para este colectivo, afectado por una tasa de paro
del 43%, y a reservarle un 3% de las plazas en los cursos de formación y de al
menos un 5% de las de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.
A la vigente reserva del 7% de plazas en las ofertas
de empleo público, el anteproyecto añade obligaciones específicas de
organización y adaptación de estos puestos y de sus dependencias y equipamiento
físico.
Entre otros derechos regulados en la nueva
normativa destaca el de la igualdad de oportunidades y no discriminación, que
contará con un régimen sancionador autonómico con multas que oscilan entre los
301 euros de las faltas leves a los 300.000 para las muy graves que supongan la
prohibición de acceso o la carencia de espacios reservados para personas con
discapacidad.
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