El CAPM muestra su preocupación por los riesgos del anteproyecto de ley estatal de custodia compartida

El Consejo reclama la retirada de la custodia y la supresión del régimen de visitas para los agresores por violencia machista cuando existan medidas de protección o acogimiento a las víctimas

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Carmen Cuello, se ha reunido hoy con la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), órgano de representación del tejido asociativo de mujeres en la Junta de Andalucía, que ha reiterado su preocupación por el borrador del anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental, aprobado por Consejo de Ministros en 2013, y que se encuentra en proceso de consulta previa a su aprobación definitiva. El borrador(www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medios/1288781716675/Detalle.html) establece la retirada de la guarda y custodia de menores a un agresor condenado por violencia de género, una iniciativa que el CAPM ha calificado de “acertada pero insuficiente”, ya que “debería aplicarse siempre cuando existan medidas de protección o acogimiento de las víctimas”, casos que no son especificados en el documento, dejando la puerta abierta a la arbitrariedad judicial. Junto a ello, desde el CAPM se ha advertido del “enorme riesgo” que supone que el anteproyecto contemple la concesión “excepcional” por parte del juez o la jueza, “si lo considera conveniente”, de un régimen de visitas, una posibilidad que, según recalca el Consejo, “pone en peligro la integridad física y psíquica de las y los menores, que son también víctimas directas de la violencia de la violencia de género”, tal y como lo reconocen los organismos internacionales, y por lo que España ya ha sido amonestada por el Tribunal de Estrasburgo.
Según ha recordado el CAPM, “en muchas ocasiones” los agresores ejercen la violencia contra las mujeres a través de sus hijas e hijos, ya que pueden servir de instrumento de daño hacia la madre, por lo que se convierten en víctimas directas. En este sentido, el Consejo ha señalado que el momento de la denuncia o del inicio del proceso de separación es “especialmente peligroso no sólo para la mujer víctima, sino también para las víctimas menores”, por lo que ha subrayado la importancia de “buscar la máxima protección de las o los menores a la hora de aprobar el proyecto de ley”.
Asimismo, los niños y niñas que, desde edades muy tempranas, se exponen a la violencia de género en sus hogares corren el riesgo de reproducir esos patrones o sufrir secuelas que lastren el resto de su vida, al cargar con diversas consecuencias psicológicas, emocionales, sociales, cognitivas y físicas, en función del tipo de exposición a dicha violencia.
Por todo ello, desde el CAPM se ha manifestado el máximo respeto a las decisiones judiciales, si bien se ha subrayado la necesidad “urgente” de una legislación “clara y rotunda, sin excepcionalidad”, que no deje la protección de las víctimas en manos de interpretaciones jurídicas, dado “el peligro que ello conlleva”.