La moción presentada por el Grupo Municipal de IU exigía, en primer lugar, a la Presidencia de la Mancomunidad a llevar a cabo las actuaciones oportunas para esclarecer la legalidad de la prórroga de la concesión del servicio por veinte años a la empresa Aguas y Servicios. En segundo lugar, se instaba al Ente mancomunal a que, en el caso de que se determinara que dicha concesión resultara lesiva para el interés ciudadano, se iniciaran los trámites legales necesarios para recuperar la gestión pública de este servicio.
Todos los Grupos excepto el Partido Popular se han mostrado de acuerdo en que esclarezcan las circunstancias de dicha prórroga a la vista del Informe de Auditoría 2010-2013 –realizado por una empresa profesional independiente— en el que se pone en duda su legalidad, además de denunciar la falta de colaboración de Aguas y Servicios en la realización del trabajo de auditoría.
Sin embargo, el gobierno de Flor Almón ha sumado sus votos a los de la derecha motrileña pra rechazar el acuerdo que proponía avanzar hacia la remunicipalización del servicio. Esto es, para el rescate de su gestión, nuevamente, de manera pública.
Para Inmaculada Omiste, Concejala del Grupo de Izquierda Unida que ha defendido la moción ante el Pleno, resulta inconcebible que un derecho básico como el del agua se haya convertido en nuestra ciudad y en la Comarca en un suculento negocio privado. Un chollo para la empresa concesionaria asegurado durante casi 40 años a costa del interés general de los vecinos y vecinas que ven cómo sus recibos no han dejado de incrementarse en los últimos años a través de conceptos incomprensibles en la facturación, a la vez que la calidad del servicio se ha ido deteriorando.
La concejala de IU ha manifestado que su formación está convencia que la gestión de los intereses de los ciudadanos debe estar en manos públicas. En el caso del agua, su gestión pública garantizaría, entre otras cosas, el derecho a su suministro báisco y su gestión erficaz y eficiente desde la perspectiva del interés de la ciudadanía.
El gobierno de Flor Almón y el PP han rechazado en bloque que la gestión del agua deje de ser un negocio en manos privadas argumentando que la reversión de la concesión supondría una indemnización a la empresa concesionaria de 60 millones de euros, además de la cantidad correspondiente al lujo cesante correspondiente a los 20 años prorrogados a través de ese contrato de dudosa legalidad.
En opinión de Inmaculada Omiste, sólo estos argumentos deberían ser suficientes para evidenciar las condiciones leoninas de un contrato lesivo para los intereses de los ciudadanos formalizado, únicamente, por criterios políticos cuando menos discutibles.
Izquierda Unida ha anunciado que continuará con su campaña “El agua no es un negocio. Es un derecho”, a través de la recogida de firmas en apoyo a su solicitud, además de poner en conocimiento de la Fiscalía Provincial y del Defensor del Pueblo el Informe de Auditoría realizado de este último período.
No hay comentarios:
Publicar un comentario