El diario Ideal publicaba el pasado lunes 25 de abril que “El gobierno de Motril paga 'sobresueldos' de hasta 5.000 euros a funcionarios de confianza”, a raíz de esta información cabe plantearse muchas preguntas.
El equipo de gobierno, lejos de desmentir, ha reconocido la práctica y se ha escudado en su legalidad y en ser una “práctica habitual” en todos los ayuntamientos. No obstante, la costumbre, el que se haga en otros sitios o que sea acorde a ley, no justifica el empleo reiterado de un procedimiento que se considera de carácter excepcional y único.
Así, cabe cuestionarse la legitimidad moral y política de repartir sobresueldos a discreción a determinados empleados mientras el conjunto de trabajadores públicos reclaman la paga extra retraída en 2012, se proclama la falta de liquidez del consistorio o se mantiene cerrado, en plena temporada, uno de los pocos espacios turísticos -el museo de historia-, en una ciudad que se pretende turística debido a no poder afrontar la reparación de un aire acondicionado.
Se argumenta desde el equipo de gobierno que se trata de complementos salariales para compensar la diferencia entre sus sueldos y el que deberían percibir por los puestos que están desarrollando en la práctica. Pero, sin poner en duda la labor desarrollada, cabe preguntarse dónde estaban entonces los titulares de esos puestos laborales y porque no se seguían los procedimientos normales para la delegación de funciones y nombramientos.
Pero más preocupante que tapar la incapacidad de la dupla PSOE-PA para sacar adelante unos presupuestos que pongan en orden los trabajos y trabajadores del consistorio es que dos funcionarios tan importantes como el interventor y el secretario, cuya labor es principalmente de control del ejecutivo local, consten entre los agraciados del reparto de gratificaciones.
Por todo ello, para aclarar dudas y despejar sospechas y suspicacias, ya que falta información actualizada en el portal de transparencia del ayuntamiento y entendiendo que la transparencia y la rendición de cuentas son ejes principales de una democracia sana, desde PODEMOS solicitamos al consistorio que informe en detalle de las circunstancias que rodean a esta noticia.
Creemos que la ciudadanía de Motril merece conocer el destino de su dinero y por lo tanto si se ha informado al pleno y a la ciudadanía de las cuantías y conceptos de las gratificaciones, si se han dado a conocer los trabajos desarrollados y los hechos objetivos que justifican la productividad y gratificaciones abonadas, si el equipo de gobierno era consciente de la posible doble retribución, cuales son los fundamentos jurídicos para que un funcionario o cargo de confianza desempeñe la función de concejal y si se ha dado la oportunidad a otros funcionarios de acceder a esos trabajos gratificados.
Por lo tanto, puede que la situación sea legal y habitual, como también lo son los desahucios o las preferentes, pero no parece procedente utilizar de forma recurrente, una y otra vez, una herramienta que es de carácter estrictamente excepcional y cuya finalidad, ante la falta de transparencia y detalle, no termina de estar clara.
No hay comentarios:
Publicar un comentario