Andalucía Acoge, APDH-A, Prodein y SOS Racismo discrepan de la decisión de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla de archivar definitivamente la causa por la que habían sido imputados ocho guardias civiles por su actuación en la valla fronteriza de Melilla ante un intento de entrada de inmigrantes ocurrido hace año y medio, el 15 de octubre de 2014, y por los golpes que recibió un inmigrante cuando descendía de la mencionada valla.
En este sentido, las entidades demandantes expresan su rechazo a cómo se ha desarrollado este procedimiento, desde el inicio de la instrucción a este archivo de la Audiencia Provincial, que básicamente ha puesto de relieve una escasa voluntad política, administrativa y, en última instancia, judicial de esclarecer estos hechos y depurar las responsabilidades pertinentes en su caso. Entienden que resulta particularmente grave que no se hayan tenido en cuenta cuestiones esenciales, como las pruebas solicitadas por la acusación que no se han llevado a cabo, como informes clínicos sobre lesiones de las personas devueltas a Marruecos o la solicitud de testificación de la persona que acompañó a uno de los heridos al hospital de Nador.
Por todo ello, las ONG apuntan que la actuación judicial no ha servido para aclarar lo que realmente sucedió el 14 de octubre de 2014 en la valla fronteriza de Melilla. Por el contrario, y en el colmo del absurdo, la investigación corrió a cargo de la propia Guardia Civil y la firmaba el mismo coronel que estaba siendo investigado.
Para las ONG, las pruebas que aportaron al juicio y que no fueron consideradas por la Audiencia Provincial, demuestran sobradamente que las fuerzas de seguridad, cuya obligación era haber garantizado la asistencia sanitaria de forma inmediata de las personas inmigrantes afectadas, facilitando su transporte a un centro de salud, por el contrario, les proporcionaron un trato degradante en el que claramente se vieron violados sus derechos humanos.
Por ello, entienden que este archivo no contribuye a garantizar por parte de la administración y de las fuerzas de seguridad el respeto de los Derechos Humanos en la frontera sur, objeto de una continuada denuncia desde numerosas entidades y que está siendo investigada por tratos degradantes en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En este sentido, las entidades demandantes expresan su rechazo a cómo se ha desarrollado este procedimiento, desde el inicio de la instrucción a este archivo de la Audiencia Provincial, que básicamente ha puesto de relieve una escasa voluntad política, administrativa y, en última instancia, judicial de esclarecer estos hechos y depurar las responsabilidades pertinentes en su caso. Entienden que resulta particularmente grave que no se hayan tenido en cuenta cuestiones esenciales, como las pruebas solicitadas por la acusación que no se han llevado a cabo, como informes clínicos sobre lesiones de las personas devueltas a Marruecos o la solicitud de testificación de la persona que acompañó a uno de los heridos al hospital de Nador.
Por todo ello, las ONG apuntan que la actuación judicial no ha servido para aclarar lo que realmente sucedió el 14 de octubre de 2014 en la valla fronteriza de Melilla. Por el contrario, y en el colmo del absurdo, la investigación corrió a cargo de la propia Guardia Civil y la firmaba el mismo coronel que estaba siendo investigado.
Para las ONG, las pruebas que aportaron al juicio y que no fueron consideradas por la Audiencia Provincial, demuestran sobradamente que las fuerzas de seguridad, cuya obligación era haber garantizado la asistencia sanitaria de forma inmediata de las personas inmigrantes afectadas, facilitando su transporte a un centro de salud, por el contrario, les proporcionaron un trato degradante en el que claramente se vieron violados sus derechos humanos.
Por ello, entienden que este archivo no contribuye a garantizar por parte de la administración y de las fuerzas de seguridad el respeto de los Derechos Humanos en la frontera sur, objeto de una continuada denuncia desde numerosas entidades y que está siendo investigada por tratos degradantes en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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