El Consejo de
Gobierno ha aprobado los planes de emergencia exterior correspondientes a dos
establecimientos industriales que manejan productos peligrosos en las
provincias de Granada y Sevilla. Se trata de la planta de almacenamiento de
combustibles de la empresa Secicar, SA, localizada en el Puerto de Motril y de
la planta hidrometalúrgica del complejo minero de Cobre Las Cruces, en el
municipio sevillano de Gerena. Estos dispositivos de prevención y respuesta,
que se suman a los ya implantados en la comunidad autónoma para otras 57
instalaciones industriales, se destinan a hacer frente a posibles situaciones
de riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
La planta de
Secicar en Motril, dedicada al almacenamiento de combustibles sólidos, líquidos
y gaseosos, está formada por tres grandes tanques de gasolina, uno de E-95
(materia prima del etanol), cuatro de gasóleo y otros dos enterrados para
posibles devoluciones. El material llega a las instalaciones por brazos de
carga marinos, situados en la zona sur de la planta dentro del muelle de Las
Azucenas.
Por su parte, Cobre
Las Cruces es un complejo minero de extracción de cobre a cielo abierto
que incluye una planta de tratamiento por hidrometalurgia situada en el
municipio de Gerena. Sus instalaciones producen una media anual de 72.000
toneladas, equivalente al 25% de la demanda nacional.
Los dispositivos de emergencia se diseñan en función de la
cantidad de sustancias peligrosas (fijada según el tipo) que las industrias
almacenan o usan en sus procesos productivos. Las empresas que ahora los
implantan han superado los umbrales que marca la normativa debido
fundamentalmente a la mejora o ampliación de sus instalaciones. Elaborados por
la Consejería de Justicia e Interior en colaboración con las empresas, los
planes permiten prevenir y mitigar las consecuencias de posibles accidentes,
así como hacer frente a situaciones que conllevan peligro para personas y bienes
o riesgos graves de contaminación. Se someten a la homologación de la Comisión
Nacional de Protección Civil e incluyen protocolos de intervención en función
del tipo de incidente, las sustancias peligrosas involucradas o las condiciones
meteorológicas.
El objetivo es conseguir una movilización rápida, coordinada
y eficaz de todos los recursos humanos y materiales necesarios para atajar
cualquier incidente y minimizar sus efectos cuando la situación deja de ser
controlable con los recursos de la empresa.
El operativo se activa cuando los accidentes
afectan al exterior de la instalación. La decisión se adopta a criterio de la
dirección del plan, que corresponde a la persona titular de la Delegación del Gobierno
de la Junta en la provincia. Esta autoridad también decide tanto la categoría
del siniestro como las actuaciones más convenientes para hacerle frente en cada
momento.
El plan cuenta con un comité asesor de apoyo
a la dirección, constituido por representantes de las consejerías de la Junta;
un comité de operaciones encargado de ejecutar las órdenes y de movilizar a los
servicios de emergencia necesarios, coordinado por la jefatura de Protección
Civil en la provincia, y un gabinete de información.
Los medios humanos y
materiales están integrados por los bomberos, la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias EPES 061, las policías locales, la Guardia Civil, la
Policía Nacional y la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, así
como al Grupo de Emergencia de Andalucía. Su despliegue se prevé mediante el establecimiento de un puesto de mando avanzado
que se encarga de coordinar la labor de los grupos operativos formados por
personal sanitario, de seguridad y de apoyo logístico, fundamentalmente. Toda
la estructura de coordinación, integrando al conjunto de efectivos, corresponde
al sistema de Emergencias 112.
Andalucía dispone de un plan territorial de emergencias de
ámbito autonómico, aprobado en 2011, al que se incorporan otros planes
específicos: el relativo a inundaciones y el de accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (ambos vigentes desde 2004);
los de contaminación del litoral y riesgos sísmicos (2008), y el de incendios
forestales (2010), además de los 35 de emergencia exterior para un total de 59
establecimientos que manejan sustancias peligrosas (incluidos los aprobados
hoy).
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