Propone que se sufraguen los costes con el
dinero que se recauda a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de
Rústica, prestando así un servicio clave en el medio rural contra la sofocante inseguridad
que continuamente padece.
En el mundo rural se detectan
muchas brechas en cuanto a infraestructuras y servicios básicos con respecto al
mundo urbano y al resto de sectores, al igual que se evidencia entre uno y otro
una patente discriminación económica. Los ayuntamientos, sin embargo, a través
del IBI recaudan de los bienes rústicos la mayor parte de los ingresos con los
que financiarse, sin verse por ello mejoras que repercutan en la calidad de
vida de los agricultores y ganaderos como máximos contribuyentes que son. Los ayuntamientos incluso se valen de este
impuesto para reactivar sus maltrechas economías subiendo de golpe las tasas,
como así viene sucediendo en estos últimos años de forma continuada, sumando,
además, al llamado recibo de la contribución, más tipos de propiedades que
antes no tributaban, como balsas, casetas para riego, establos, casetas de
aperos, etc. Desde ASAJA GRANADA creemos que una buena fórmula para restituir
al campo parte de los ingresos que los ayuntamientos recaudan a través de este
impuesto sería la instauración de guardas rurales, una figura regulada por la
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que al igual que sus homólogas,
guardas de cotos o de pesca, depende directamente de la Guardia Civil tanto
para su acreditación como en su actuación.
Esta propuesta no obsta para que
los equipos ROCA de la Guardia Civil, especializados en robos en el campo, se
refuercen con más recursos materiales y humanos y, al menos, haya un equipo por cada una de las diez
comarcas de nuestra provincia. Su creación en 2013 fue un acierto, de hecho, desde
que operan, los delitos han disminuido en Andalucía en un 44% y su labor se ha
venido notando desde entonces en el esclarecimiento de delitos, en la detención
de delincuentes y bandas criminales, en la recuperación de mercancía robada,
aunque los 25 equipos que en concreto operan en Andalucía son, a todas luces,
insuficientes. Granada solo cuenta con una unidad especial en todo el ámbito provincial,
y los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana que la respaldan son cada vez
más escasos en nuestros pueblos, al verse mermada por los recortes
presupuestarios derivados de la crisis económica, como reconoce la propia
Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
De hecho, en la comarca de
Alhama hubo la semana pasada una oleada de robos en cortijos llevándose los
ladrones todo lo que encontraban: herramientas, grupos electrógenos, maquinaria,
bombas de riego, placas solares, cuadros eléctricos… Una verdadera pesadilla
para los afectados, que no solo ven interrumpido su trabajo diario, sino que
sufren daños irreparables en infraestructuras e importantes pérdidas económicas.
Otra semana y otro día (no en vano, la provincia de Granada se encuentra entre
las quince provincias de toda España que concentran el 74% de los robos en el
campo), los delincuentes se trasladarán a otros lugares y robarán otro tipo de
mercancías, cada vez de más amplio espectro: cosechas de aceitunas y almendras,
frutas y hortalizas (ajos, naranjas, calabacines, aguacates, mangos, maíz…),
productos fitosanitarios, estaciones fotovoltaicas, cobre, hierro, gasóleo,
etc., todo aquello que tenga valor en el mercado.
La instauración de las guarderías
rurales a cargo de los ayuntamientos, tal y como proponemos, crearía un
servicio permanente de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas
rústicas, no solo durante periodos críticos como la recolección de frutos, y daría
también un fuerte respaldo a los cuerpos y seguridad del Estado, evitando así
que los agricultores y ganaderos ejerzan su actividad en las extremas
condiciones de inseguridad que desde siempre vienen padeciendo.
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