El sector agrario, como base
de la alimentación, es estratégico para el conjunto de la sociedad española y
así reclamamos que se establezca dentro de la agenda del nuevo gobierno.
Crisis de rentabilidad de las
pequeñas y medianas explotaciones, mantenimiento del presupuesto de la nueva
PAC, impacto del Brexit y de la política arancelaria de Trump, entre los retos más
importantes a corto y medio plazo.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
considera que la continuidad de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura,
(y su conocimiento de las problemáticas que afectan en estos momentos al campo
español), debería servir para acelerar y afrontar con garantías las mejoras que
necesita el modelo social y profesional de agricultura en nuestro país. En este sentido, desde COAG se considera que
desde el Ministerio de Agricultura se debe dar respuesta a las múltiples amenazas que se ciernen sobre el
sector a corto y medio plazo, caso del Brexit, el pleno desarrollo de
acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países (Mercosur, próximos
Australia y Nueva Zelanda), mantenimiento del presupuesto de la nueva PAC, las
importaciones masivas sin control de estándares de calidad, seguridad
alimentaria, sostenibilidad ambiental y condiciones laborales y sociales, (caso
de las frutas y hortalizas procedentes de Marruecos), la salvaje política
arancelaria de la administración Trump, el desmantelamiento de los sistemas de
regulación de mercados y del principio básico de preferencia comunitaria en el
seno de la UE. Además, para reactivar los bajos precios del aceite de oliva en
el campo es vital ejercer una mayor presión en Bruselas para que la UE aumente
el presupuesto para el almacenamiento privado, un auténtico fiasco en las
últimas licitaciones por falta de voluntad política y presupuestaria de las
autoridades comunitarias.
A todo ello, se
suma la creciente ola de criminalización de la actividad agrícola y ganadera
por parte de los movimientos más radicalizados del animalismo y de los grupos ecologistas. "A nivel social, el sector agrario debe
ser reconocido por su carácter estratégico como productor de alimentos de
calidad, saludables y suficientes, vertebrador del territorio, garante de un
medio natural sostenible frente la cambio climático y freno más eficaz contra
el acelerado proceso de despoblamiento de la España vaciada", ha
apostillado el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, a lo que ha añadido; “la consolidación de
un modelo social y profesional de agricultura fuerte y con futuro, que
garantice el relevo generacional, debe ser una cuestión de
Estado y como tal tiene que estar en las prioridades de la agenda política
de la nueva legislatura”.
El desplome de la
renta agraria en 2019, (-8,6%), ilustra la crisis generalizada que los sectores
agrícolas y ganaderos de nuestro país. La caída de los precios y la espiral
alcista de los costes ha situado a miles de pequeñas y medianas explotaciones
por debajo del umbral de rentabilidad, uno de los principales síntomas del
proceso de “uberización” qua ya afecta al campo español. “Si el nuevo modelo de
oligopolios empresariales se impone en el sector, España camina hacia una
agricultura sin agricultores”, ha sentenciado Miguel Blanco. En este
sentido, el secretario general de COAG ha subrayado que “la brutal reconversión
que ya se vislumbra amenaza con convertir a los profesionales autónomos e
independientes en “asalariados” de las grandes corporaciones agroalimentarias,
como ya está pasando en sectores como la uva de mesa, en el que tres grandes
grupos controlan el 85% de la producción y comercialización del producto”.
Para revertir este
proceso, COAG pedirá a Planas la renovación de la actual Ley 19/95 de
Modernización de Explotaciones a través del Estatuto de la Agricultura Social y Profesional, una
iniciativa legislativa que debe priorizar el desarrollo de un modelo social
agrario, mediante la puesta en marcha de un paquete de medidas que impulsen un
relevo generacional sostenible en el sector, facilitando la incorporación de
jóvenes y mujeres ( acceso a la tierra, ventajas fiscales, amplicación ayudas
primera instalación, formación, etc..).
Además, se antoja
imprescindible un reequilibrio de la
cadena de valor alimentaria. Ante las políticas orientadas a la
desregulación generalizada, es necesario reforzar la regulación de la columna
vertebral del mercado alimentario. “La
cadena debe ser rentable y sostenible en su conjunto, para lo cual hay que
acabar con el abuso de posición de dominio y que el valor creado se reparta de
manera justa y equilibrada entre todos los operadores, asegurando unos precios
rentables para los productores y asequibles para los consumidores”, ha
puntualizado el Secretario general de COAG. En ese sentido, desde COAG se propone
mejoras de la Ley de Cadena Alimentaria, tales como el aumento y optimización
de los recursos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la
extensión de los contratos obligatorios al conjunto de las operaciones en la
cadena, la introducción de la “venta a pérdidas” como práctica comercial
abusiva sancionable, la ampliación de la figura del mediador y la prohibición
de las campañas de promoción basadas en el regalo de alimentos básicos
(productos primarios o productos envasados como leche o aceite de oliva) para
no inducir a error sobre el precio y valor real de dichos productos. En el
capítulo de costes e insumos, es necesaria la creación del Observatorio de costes y mercados de insumos para aumentar
la vigilancia de los oligopolios que controlan los insumos del sector:
energía, fertilizantes, piensos, semillas, etc. y evitar así la especulación y
los costes injustificadamente elevados para los agricultores y ganaderos.
Todo ello debe ser
complementado con una potenciación del sistema de aseguramiento. El seguro agrario debe ser una
herramienta fundamental del mantenimiento de rentas ante el entorno económico
actual tan volátil y por el esperable aumento de los riesgos para la
agricultura ocasionado por los efectos del cambio climático. En ese sentido, se
reclama un incremento de la partida presupuestaria estatal destinada al seguro
agrario al menos hasta los niveles de 2007-2011, para reducir el coste de las
pólizas y contribuir a la universalización del mismo.
El apoyo a la
innovación también deberá tener un papel relevante en la nueva legislatura. En
ese apartado, desde el ministerio se deberán asignar más recursos a un proceso
de transformación digital
inclusivo y democrático. “No queremos que
la digitalización sea un tsunami para el sector, sino el impulso que nos
coloque en la cresta de la ola. Pero para ello es necesario el desarrollo de
las infraestructuras del medio rural, que termine con la brecha digital que
existe hoy en día entre el campo y la ciudad. Y sobre todo, que todas las
políticas y medidas que se pongan en marcha coloquen en primera línea a las
pequeñas y medianas explotaciones familiares, que no tienen capacidad
suficiente para capitalizar estas nuevas tecnologías", ha remarcado el
Secretario General de COAG.
Asimismo, es
necesario un Pacto Nacional del Agua
y una firme y decidida defensa del regadío. Conviene no olvidar que el 16% de
las hectáreas de regadío generan el 60% de la producción agrícola, siendo
España un referente mundial en la optimización del agua para usos agrícolas.
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