UGT señala que la Junta de Andalucía distingue a trabajadores de primera y segunda categoría en el sector de colectividades

Desde la Federación de Servicios, Movilidad  y Consumo (FeSMC) de UGT Granada, siempre  se mostró cautela en el análisis del Decreto Legislativo que promulgó la Junta de Andalucía dada la falta de claridad. Nuestros temores no fueron infundados.  Empresas de todos los ámbitos, estatales, regionales y provinciales de este sector que en en primera instancia se fiaron de la administración andaluza, han visto como tanto ellas mismas como los trabajadores y trabajadores de colectividades han sido dejados de la mano de la Junta de Andalucía.

Mediante instrucciones de normas de facturación a sus proveedores, comprobamos desde este Sindicato la clasificación de trabajadores de primera y segunda categoría, ya que la Junta de Andalucía sólo permitía la facturación de Monitoras y Monitores cuyo contrato fuera de SERVICIOS.

Desde UGT queremos recordarle al Presidente de la Junta de Andalucía, que TODOS ESTOS CONTRATOS SON DE SERVICIOS: por Directiva Europea había que adaptar todos los contratos de la Administración pues se les estaba dando el tratamiento de contratos de CONCESIÓN de forma errónea a contratos cuyos importes no superaban los 5.000.000 €.

Cabe recordarle a la Junta de Andalucía que los Monitores/as y Auxiliares de Colectividades, son trabajadores y trabajadoras que cuidan y están pendientes de alimentación de nuestros niños y niñas, los que se están exponiendo al COVID 19 realizando la entrega de almuerzos y meriendas a niños y niñas en riesgo de exclusión social. Para dar este servicio, las mismas empresas ponen sus recursos económicos que en ninguno de los casos tienen certeza de cuándo y cuanto les van a pagar  y la Junta de Andalucía no sólo se cuelga  los galones, sino que además los abandona.

Con esta decisión la JUNTA DE ANDALUCIA, deja desprotegidos a 15000 trabajadores en nuestra CCAA, cosa que no está ocurriendo en otras Comunidades Autónomas que sí han dado en valor el cuidado de nuestros niños y niñas.

La pregunta que lanzamos desde UGT a la JUNTA DE ANDALUCIA, es la siguiente: ¿si no se ha podido hacerse cargo de compañeros y compañeras cuya jornada laboral en  el mayor de los casos es de 2 horas, como pretende gestionar una recuperación económica en Andalucía?

Hacer constar desde el Sindicato, que esta decisión tomada a la ligera por la JUNTA DE ANDALUCIA no la va a dejar pasar por alto, y que tomará todas las medidas que estime oportunas para dignificar a todos aquellos compañeros y compañeras que a igual trabajo, categoría, funciones, etc.. se han visto relegadas por parte de la Administración. 

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El Ayuntamiento de Motril procederá a la reapertura del cementerio municipal el próximo 11 de mayo

 El plan de desescalada del Gobierno central frente al COVID-19 permitirá la celebración
de velatorios al inicio de la fase 1 bajo determinadas circunstancias y limitaciones

El cementerio municipal de Motril, que ha permanecido  cerrado de manera preventiva durante el periodo del estado de alarma, podrá se reabierto a partir del próximo día 11 de mayo, coincidiendo con el inicio de la fase 1 de la desescalada y respetando siempre las medidas de distancia de seguridad interpersonal, tal como está previsto en el plan de desconfinamiento presentado por el
Gobierno central.
Del mismo modo y según lo establecido en la fase 1, las ceremonias fúnebres,
velatorios y enterramientos se podrán realizar con un máximo de aforo, con un
pequeño grupo de familiares y con protocolos de distancia física y seguridad. Se
impone además la limitación del 30 por ciento del aforo en los lugares de culto. Estas
restricciones de asistencia se mitigarán en la fase 2, a partir del 25 de mayo, en la que
se ampliará el número de personas que pueden despedir a un ser querido que ha
fallecido. Pero no será hasta la fase 3, prevista para el 8 de junio, cuando se elimine la
condición de ‘familiares’.
El cementerio municipal de Motril permanece cerrado desde el 14 de marzo, fecha en
la que se decretó de forma inicial el estado de alarma y las medidas de confinamiento
de la población general y en la que quedaron aplazadas todas las ceremonias
religiosas o civiles para despedir a los difuntos. La celebración de los velatorios en
instalaciones públicas o privadas permanece prohibida desde el pasado 30 de
marzo por orden del Ministerio de Sanidad. Esta prohibición afecta a todos los
fallecidos y no solo a aquellos que hayan sido víctimas del coronavirus COVID-19.

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Desde el Ayuntamiento motrileño, se comparte el hecho de que las circunstancias
derivadas de estas restricciones en las despedidas a los seres queridos suponen “una
tensión emocional agravada” para los familiares que sufren una pérdida, pero también
se insiste en la necesidad de cumplir estrictamente con las normas higiénico-
sanitarias, una vez que se proceda a la reapertura del camposanto.
Por ello, el Consistorio motrileño agradece que todas las personas que accedan al
cementerio a partir del 11 de mayo cumplan escrupulosamente las recomendaciones
dictadas por las autoridades sanitarias sobre las medidas de seguridad y prevención,
con el objetivo de seguir protegiendo a la ciudadanía en general y, en particular, a los
familiares de los difuntos y a los trabajadores del cementerio, así como para seguir
garantizando la prestación del servicio con la máxima seguridad.

Carchuna suspende sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Llanos y San Isidro Labrador

· La presidenta de la Entidad Local Autónoma, Concepción Abarca, y la Comisión de
Fiestas adoptan de forma consensuada la decisión de cancelar los festejos de este año

 La presidenta de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Carchuna-Calahonda, Concepción Abarca, ha decidido suspender, de acuerdo con la Comisión de fiestas, las fiestas patronales de Carchuna en honor a la Virgen de los Llanos y San Isidro Labrador, como medida preventiva y de protección de salud de los vecinos por las indicaciones sanitarias ante la crisis sanitaria provocada por la
pandemia del COVID-19 en las que no se permiten las aglomeraciones de personas.
La fiestas patronales de Carchuna, que ahora quedan aplazadas hasta el próximo año,
estaban programadas para los días 2 al 5 de julio. Estos festejos populares, que
celebran siempre la primera semana de julio, cuentan con la organización de
competiciones deportivas, juegos para niños y adultos, comidas para todo el pueblo y
verbenas, además de la tradicional procesión de sus patrones por las calles del anejo.
Como en ediciones anteriores, la Comisión de Fiestas había programado un amplio
calendario de actividades para todas las edades, así como actuaciones musicales
durante todas las veladas nocturnas.
Concepción Abarca ha agradecido el trabajo que realiza a lo largo de todo el año la
Comisión de fiestas y todas las entidades implicadas en estos festejos y ha lamentado
que “toda esa dedicación y todo ese esfuerzo se hayan visto truncados en esta
ocasión por la situación excepcional que está atravesando nuestro país”. En este
mismo sentido, Abarca ha subrayado que “la prioridad de la ELA es el bienestar y la
salud de todos los vecinos de Carchuna y Calahonda” y que la celebración de
actividades en espacios públicos de ambas poblaciones en los próximos meses estará
condicionada a las indicaciones que dicten las autoridades sanitarias en cada
momento”.

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Tras recordar que estos festejos son “muy esperados por todos los vecinos de
Carchuna-Calahonda y de toda la comarca, la presidenta de la ELA ha querido
transmitir un mensaje de ánimo a sus vecinos y se ha mostrado convencida de que las
fiestas patronales de 2021 serán “aún más especiales”, porque “tendrán la alegría
acumulada de dos años” y viviremos el momento de celebrar que todos juntos
pudimos superar el mal sueño que estamos viviendo este año”. Finalmente, Abarca ha
reiterado la buena disposición de la Entidad Local Autónoma para ayudar en la
organización de las fiestas del próximo año en todo lo que se le requiera, “como
siempre hemos hecho”.

Motril inicia una campaña de promoción del pescado fresco de su lonja en defensa del sector y “de lo nuestro”

 La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, hace una llamada a la
“implicación” y al “compromiso” de todos para ayudar de uno de los principales
sectores productivos de la ciudad, la Comarca y la provincia

El Ayuntamiento de Motril, en colaboración con la
Asociación de Productores Pesqueros y de los agentes implicados en la
comercialización del pescado de Motril, está trabajando para poner en marcha una
campaña de promoción y consumo del pescado fresco motrileño. El objetivo de esta
nueva iniciativa, que se enmarca dentro de las medidas para la recuperación del tejido
productivo puestas en marcha por el Consistorio, es incentivar el consumo del
pescado comercializado en la lonja motrileña como producto pesquero de calidad,
fresco y de proximidad y reforzar el sector como uno de los puntales de la economía
local.
La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha puesto de manifiesto el gran
número de familias de la ciudad y la comarca que viven de la pesca de forma directa e
indirecta, por lo que resulta imprescindible, “ahora más que nunca, prestar al sector
pesquero todo el apoyo que necesitan para sacar adelante sus capturas y ayudar a los
pescadores a salir juntos de la actual situación, que también les afecta a ellos de lleno
y de forma directa”. En este sentido, tanto los responsables municipales como los
interlocutores del sector pesquero han destacado la importancia de realizar acciones
de reactivación de la economía circular y “defender lo nuestro”.
Con esta finalidad, se está diseñando un Plan de Medidas de Apoyo al sector
pesquero y de promoción del consumo de pescado en el actual escenario de crisis
sanitaria, social y económica provocada por la enfermedad COVID-19. Conviene
recordar que Motril es el único puerto pesquero que tiene Granada y que sus
productos abastecen a toda la provincia. Esta circunstancia supone un potencial y una

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fortaleza que el Ayuntamiento, la Asociación de Productores Pesqueros y los
diferentes agentes comercializadores pretenden poner en valor y aprovechar para
visualizar este potencial como “una gran oportunidad”.
Las consecuencias derivadas del estado de alarma decretado para frenar la
propagación del COVID-19 ha supuesto para los productores pesqueros motrileños la
pérdida de una importante vía de salida de sus productos, ya que la población tiene
más dificultades para acceder a estos alimentos de proximidad. Por ello, el Consistorio
motrileño trabaja en una estrategia de custodia sobre la cadena alimentaria del
pescado que ofrezca además garantías en el abastecimiento y en la sostenibilidad
local del mar. La producción de la lonja pesquera, además de fresca, tiene el valor
añadido de la proximidad desde el punto de vista medioambiental.

Un plan estratégico por fases

Los principales objetivos fijados en esta campaña son garantizar la correcta nutrición
del censo poblacional a través de un Plan Estratégico promovido por los propios
productores pesqueros y que incluirá a todos los agentes sociales y comerciales de la
localidad y de la Comarca, así como a los comercializadores.
El plan estratégico ha sido diseñado en diferentes fases, que se irán dando a conocer
a partir de la próxima semana, con la finalidad de para dar cabida y salida a “lo nuestro
y defenderlo con acciones de economía circular, al objeto de fomentar y promocionar
el consumo de pescado de nuestra lonja”, ha explicado la primera edil motrileña.
Vídeos y spots promocionales y plataformas de participación serán algunas de las
muchas iniciativas que se pondrán en marcha en breve. Luisa García Chamorro ha
señalado que, “desde el Ayuntamiento, defendemos lo nuestro y consideramos de vital
importancia la implicación y el compromiso de todos para llevarlo a cabo y lograr todos
estos objetivos en defensa de nuestros pescadores, de nuestra ciudad, de la Comarca
y de la provincia de Granada”.

Motril permitirá a bares y restaurantes ampliar su ocupación de vía pública para compensar las normas por el coronavirus

· La alcaldesa Luisa García Chamorro emitirá un bando con las directrices que
regularan la tramitación para solicitar estas ampliaciones, una vez que se permita
la apertura de terrazas con un 30 por ciento de ocupación a partir del 11 de mayo

 El Ayuntamiento de Motril tiene intención de minimizar el posible impacto económico negativo sobre el sector local de la hostelería y restauración que pueda tener la aplicación de la normativa sanitaria que se impondrá durante la primera y segunda fases de desescalada. Además de la exención en el pago de la tasa durante todo el año 2020, el Consistorio motrileño dejará en suspenso
la ordenanza reguladora de ocupación de vía pública para permitir que los bares y
restaurantes que lo soliciten puedan ampliar sus terrazas y ver, así, compensada
las consecuencias económicas que pudiera acarrearles la restricción del aforo, que
no podrá superar el 30 por ciento de su capacidad.
De este modo, los bares y restaurantes del municipio de Motril que dispongan de
terraza podrán ampliar su superficie ocupada para incrementar el número de mesas,
en aquellos lugares donde sea posible y respetando siempre las normas de
distanciamiento mínimo de seguridad emitidas por las autoridades sanitarias. Los
locales que quieran incrementar el número de mesas y sillas en la vía pública
tendrán que solicitarlo formalmente en el Consistorio a partir del día 5 de mayo.
El plan de transición del Gobierno central para la desescalada prevé la apertura de
terrazas con una limitación de aforo del 30 por ciento en la fase 1, que se iniciará a
partir del día 11 de mayo. No sería hasta la fase 2, la etapa intermedia programada
para la última semana de mayo y la primera de junio, cuando bares y restaurantes
puedan abrir el espacio interior de los locales para el servicio de mesas habitual, con
la misma restricción de un tercio del aforo del local, impuesta para las zonas de
terraza.

Esta misma semana, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, dictará un bando
en el que recogerán las instrucciones y directrices que regularán cómo solicitar estas
ampliaciones de superficie a partir del próximo 5 de mayo, que el Ayuntamiento
resolverá a la mayor brevedad posible. Igualmente, los servicios técnicos municipales
estudiarán todas las peticiones, tanto las ocupaciones ya concedidas como las nuevas
solicitudes y aquellas que se encontraban en tramitación en el momento de decretar el
estado de alarma y el confinamiento de la población.
La propia alcaldesa de la ciudad ha explicado que esta medida excepcional persigue
ofrecer todas las facilidades al sector de la hostelería y la restauración para que,
“en estos tiempos de dificultades económicas, se produzca el menor el impacto
posible para la restauración y la hostelería del municipio. “El compromiso del
Ayuntamiento y de todas las fuerzas políticas que integran la Corporación es que
nadie se quede atrás en esta crisis y que todos juntos superemos estos momentos
complicados”, ha dicho García Chamorro.

Motril potencia su proyecto turístico con medidas complementarias para posicionarse como un destino seguro

· El Ayuntamiento motrileño se suma a las iniciativas preventivas que estudia el Instituto para la Calidad Turística Española para garantizar destinos seguros · El Consistorio ha solicitado medidas de apoyo al sector y ratifica el compromiso de que sus playas estarán listas desde el mismo momento en que puedan reabrirse al público

“El riesgo es perderte Motril como destino turístico”. El plan de comunicación que ultima del Ayuntamiento de Motril para la promoción del sector turístico del municipio pretende normalizar la prestación de servicios de este destino turístico, de cara a la presente temporada estival y una vez que finalice el estado de alarma y se inicie la desescalada del confinamiento decretado por parte del Gobierno central. Para ello, el Consistorio motrileño se ha sumado a la iniciativa del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) para estudiar cuáles han de ser los protocolos higiénico-sanitarios para garantizar un mayor nivel de seguridad en los principales destinos turísticos del país.

El teniente de alcalde de Turismo, José Lemos, ha asegurado que el objetivo de su departamento es potenciar el proyecto de desarrollo turístico sostenible, de ocio, salud y deporte, con medidas complementarias que posicionen a Motril además como un destino sanitario seguro. Para lograrlo, el Ayuntamiento de Motril ha participado activamente en la conferencia virtual organizada por el ICTE y la Secretaría de Estado de Turismo en la que, bajo el título ‘Presentación del Proyecto Nacional de especificaciones técnicas y sello de garantía para la prevención del COVID-19’, se han analizado las cuestiones prioritarias para el sector turístico español con motivo de la pandemia de coronavirus.

El encuentro ha contado con la participación de la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y responsables de Turismo de la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Canarias y la Xunta de Galicia, junto a la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver. La conferencia telemática ha servido para planificar el reinicio de la actividad turística y ofrecer al sector turístico y a la propia Administración pública herramientas que permitan la implantación de protocolos de seguridad que garanticen la minimización de riesgos frente al coronavirus y la reactivación de la economía, desde la colaboración público-privada.

El Ayuntamiento mantendrá en ese sentido líneas de colaboración con las empresas turísticas del municipio para establecer estrategias conjuntas en el ámbito sanitario y dotarse de elementos de prevención y protección para “hacer de Motril un destino seguro”, en un primer momento, para el turismo de nacional y de proximidad y, más adelante, para los potenciales turistas internacionales.

A la espera de la normativa estatal que pueda decretarse en las próximas semanas, el Consistorio motrileño mantiene operativos todos los servicios básicos para el uso y disfrute de las playas por parte de los vecinos y visitantes, incluidos los servicios de limpieza el litoral y los de vigilancia y salvamento en zonas de playas. El objetivo es -en palabras de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y del teniente de alcalde de Turismo, José Lemos- “que las playas motrileñas estén en perfecto estado de revista al inicio de la temporada turística -incluso si no la hay-, porque nuestra ciudad seguirá siendo un destino turístico privilegiado y de referencia en la costa granadina cuando esta situación acabe”.

Toma de decisiones para el sector

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha tomado hace tiempo la iniciativa y ha venido trabajando activamente para conseguir aliviar la situación del sector turístico de playa. Entre los pasos que se han dado ya se incluye solicitar al Gobierno central que se exonere al Consistorio del pago de la tasa por ocupación de dominio público marítimo terrestre, correspondiente a la prórroga aprobada de 2020 para la explotación de los servicios e instalaciones de temporada, en las playas del término municipal. Esta medida de respuesta a la actual situación excepcional permitiría a su vez poder liberar de esta carga económica a las pequeñas y medianas empresas y autónomos que ejercen su actividad en las playas y garantizar en un futuro los puestos de trabajo que generan.

Igualmente, se ha solicitado también a la Administración central la exoneración en el pago del canon de 2020 a los establecimientos playeros de Motril, Carchuna y Calahonda y, en el caso de aquellos que ya hayan efectuado el ingreso correspondiente al primer semestre del año, se proceda bien a su devolución, bien a la compensación del canon del primer semestre de 2021.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que la crisis sanitaria y el período de confinamiento afecta a todos los sectores productivos y, especialmente, al turismo de sol y playa, con una temporada que estará marcada por la reducción en el número de visitantes. Sin embargo, también se ha incidido en que la climatología y la ubicación geográfica de la ciudad de Motril garantizan el uso y disfrute de su litoral casi a lo largo de todo el año, por lo que el compromiso municipal es que las playas estén preparadas y listas para los vecinos y visitantes desde el mismo momento en que puedan reabrirse al público.

UGT afirma que ahora la prioridad es preservar la salud y salvar vidas y después los empleos

 

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2020, hechos públicos hoy, sitúan a Granada con una tasa de paro de un 19,08%: 79.300 personas, 4.500 menos que el trimestre anterior (83.800), y 12.700 menos que justo hace doce meses (92.000, cuando la tasa de paro fue de un 21,67%). La tasa de empleo se sitúa en el 43,80%, con 336.500 ocupados, 5.500 menos que hace tres meses (342.000) y 4.000 más que hace justo un año (332.500, cuando la tasa de empleo fue del 43,63%). Granada es provincia andaluza con menos tasa de paro, situándose una vez más, por encima de la tasa nacional (14,41%), pero por debajo de la andaluza (21,21%).

El Secretario General de UGT Granada, Juan Fco. Martín valora la causa del descenso del paro en Granada en que en el total de los tres primeros meses de 2020, los últimos 15 días de marzo, ya en estado de alarma, no han tenido efecto pleno en el computo trimestral, y el descenso en la ocupación ha sido contenido. Cree que el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 es ya tan real, y será tan enorme en los meses venideros en Granada, que deja sin sentido la valoración en el día de hoy de un dato tan relevante  como el de la Encuesta de Población Activa. Porque en estos momentos, dice, no sirve como indicador de tendencia. Así, considera que los datos conocidos hoy se pueden asemejar más a los de una economía en estado de excepción, asolada por un shock externo que a la que se reflejaba en los últimos meses y años. En estos momentos, señala, sabemos ya que con toda seguridad entraremos en situación recesiva, y las preguntas relevantes son cuánto durará y qué hacer para combatirla.

Así,  declara que la prioridad absoluta en este momento es que se frene la expansión del virus y que se recuperen las personas afectadas y, en lo laboral, evitar despidos y garantizar rentas a los granadinos y granadinas que se vean afectados por la crisis.

Desde el Sindicato, apunta, se valoran todas aquellas actuaciones que se están poniendo en marcha para hacer frente al impacto de la crisis del coronavirus y a la  vulnerabilidad que están sufriendo, tanto trabajadores como autónomos o pequeñas empresas. En este sentido, el representante de UGT insta a las administraciones públicas que pongan la preservación de los empleos como prioridad, sólo por detrás de la de salvar vidas y preservar la salud, porque el empleo es la base de nuestra estructura productiva y social, necesaria para minimizar los daños y poder salir de esta penosa situación cuanto antes, una vez que se recompongan los estándares sanitarios.

Estas medidas, en opinión de Martín (UGT) deben ser coordinadas y globales, integrando actuaciones de todo tipo: inyección de fondos para la sanidad, facilita miento del crédito a las empresas, aplazamiento de pagos de todo tipo, ayudas directas a los más necesitados (renta mínima vital), gravámenes extraordinarios para los que pueden obtener rentas extraordinarias en esta situación y, por encima de todo, garantías de todo tipo al mantenimiento del empleo, asegurando que, cuando la crisis pase, que lo hará, se recupere cuanto antes el pleno funcionamiento de la economía  provincial y la calidad de vida de la ciudadanía granadina. Por eso, opina que es necesario que se condicionen las ayudas a las empresas al mantenimiento del empleo, para que una situación coyuntural como es esta pandemia no se convierta en algo estructural e irreversible durante décadas.

Es el momento de poner sobre las mesa todas las actuaciones, instrumentos, medidas y acciones posibles para salir de esta crisis sanitaria sin los menores daños colaterales posibles, ya que vuelven a ser los trabajadores y trabajadoras uno de los colectivos más afectados por esta pandemia; es el momento de, una vez superada esta pandemia, podamos construir una economía  provincial más fuerte, una sociedad más cohesionada y un mundo del trabajo con más y mejor empleo, ha concluido.

La Junta licita nuevas acciones para el Centro de Lucha Contra Incendios Forestales (Cilifo)

La inversión supera los 757.000 euros y va destinada a  adquisición de suministros o actuaciones de sensibilización, entre otros

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) ha licitado diversas actuaciones que suman más de 757.000 euros para el Centro Ibérico para la Investigación y la Lucha contra los Incendios Forestales (Cilifo) presentado el pasado año en Huelva, y que está llamado a ser el gran referente en materia de innovación, divulgación, formación y acreditación en materia de incendios forestales.

Estas inversiones van a permitir avanzar en los grandes objetivos del centro, los procedimientos de trabajo y el intercambio de experiencia entre las regiones de Andalucía, el Algarve y el Alentejo portugués. Andalucía cuenta con un importante operativo para la actuación contra los incendios forestales, tanto en las situaciones de emergencia como en su prevención, a través del Plan Infoca que garantiza la protección del medio natural frente a estos siniestros, gracias a una extensa red de instalaciones, recursos terrestres y aéreos que se movilizan de forma automática cada vez que se produce algún incendio forestal y que será principal beneficiaria del Cilifo.

Las inversiones que ahora se contratan se destinan a suministros para laboratorio, estaciones meteorológicas, señalización para la prevención de incendios forestales y antorchas de goteo (herramienta usada en el combate de incendios forestales mediante la quema controlada y otras aplicaciones forestales en las que se inician fuegos controlados) y para campañas de sensibilización social de cara a la prevención de incendios.

El Cilifo es un proyecto de cooperación transfronteriza del que se van a beneficiar también los operativos de emergencias del país vecino. Liderado por la  consejería, cuenta con socios de instituciones de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. Su objetivo es unificar protocolos y procedimientos, cubrir la formación y acreditación del personal del operativo de extinción de ambos dispositivos y la puesta en marcha de este centro tecnológico desde la perspectiva de la necesidad de aunar esfuerzos a ambos lados de la frontera para el abordaje conjunto de las emergencias.

Igualdad firma un convenio con seis diputaciones y ayuntamientos para trabajar en el desarrollo de la Historia Social Única Electrónica

Las diputaciones de Granada y Huelva y los ayuntamientos de
Málaga, Jerez de la Frontera, La Rinconada y Morón de la Frontera
participarán en el proceso de diseño e implantación de los proyectos
CoheSSiona y ProgreSSa

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha firmado convenio de
colaboración con seis entidades locales para el análisis funcional, desarrollo e
implantación de la Historia Social Única Electrónica de Andalucía (CoheSSiona) y
del Sistema de Gestión de Servicios Sociales Comunitarios (ProgreSSa). De este
modo, la Diputación de Granada, la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de
Málaga, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el Ayuntamiento de La
Rinconada (Sevilla) y el Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla) son las
entidades que han firmado el acuerdo y que participarán en el desarrollo de estos
proyectos de la Junta de Andalucía representando al total de entidades locales
andaluzas hacia las que van dirigidos.
En este sentido, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha manifestado que “estos
proyectos harán más eficaz y eficiente el sistema de servicios sociales de
Andalucía, que atiende a más de 2 millones de personas usuarias e integra a unos
75.000 profesionales. Estamos apostando por una atención más integral de los
ciudadanos y ciudadanas, reorganizando los recursos y perfeccionado los
procedimientos. La implantación de la Historia Social Única Electrónica, que se
contempla en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, sin duda que supondrá un
revulsivo para la gestión de los servicios sociales en nuestra Comunidad”.
La Historia Social Única recogerá el conjunto de la información relevante sobre las
necesidades de atención, la planificación, el seguimiento y la evaluación del
Proyecto de Intervención Social. Por este motivo, la Consejería ha estimado que
resulta de gran importancia para la adecuada funcionalidad y calidad de los
sistemas CoheSSiona y ProgreSSa, la participación de un conjunto de entidades
locales gestoras de servicios sociales comunitarios para el establecimiento de los
requisitos funcionales de ambos sistemas y en las pruebas de aceptación para su
validación funcional.
De esta forma, se constituirá un grupo de trabajo en el que participarán personas
expertas en la gestión de servicios sociales comunitarios de estas entidades locales
y cuyas funciones serán, entre otras, consensuar unos contenidos temáticos
comunes para el sistema CoheSSiona y definir los requisitos, características y
funcionalidades que debe contener la primera versión del sistema ProgreSSa.
Además, este grupo tendrá que analizar las mejores prácticas buscando la
complementariedad con otros sistemas, elevar propuestas de sistematización con el
objetivo de definir un modelo flexible y adaptable, analizar la arquitectura técnica e
identificar y consensuar los estándares tecnológicos que permitan el intercambio de
información y la interoperabilidad entre sistemas.

Finalmente, la Consejería de Igualdad pondrá a disposición de las diputaciones y
ayuntamientos que han suscrito este convenio la primera versión de los sistemas
CoheSSiona y ProgreSSa.
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación tiene asumidas las
competencias en cuanto a la dirección y coordinación de todas las actuaciones,
servicios, recursos y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de
Andalucía y, por lo tanto, en cuanto a la elaboración y aprobación de los
instrumentos técnicos comunes de intervención social como son CoheSSiona y
ProgreSSa. Por su parte, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y
diputaciones provinciales tienen competencias en materia de prestación de
Servicios Sociales y de promoción y reinserción social.
Por lo tanto, tanto CoheSSiona como ProgreSSa llegan para mejorar la gestión de
los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento, la elaboración
del Proyecto de Intervención Social, su seguimiento y evaluación, el ejercicio de las
funciones de los profesionales de referencia y el equipo profesional de servicios
sociales comunitarios, así como la gestión de las ayudas económicas previstas en el
Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.
Mejora de gestiones a la ciudadanía
La Historia Social Única Electrónica simplificará los procesos y facilitará las
gestiones a la ciudadanía. Mediante esta figura, se va a conseguir integrar e
incorporar en un único sistema de información electrónica toda la información de los
servicios sociales comunitarios y especializados, así como la correspondiente a las
entidades, tanto públicas como privadas, proveedoras de estos servicios sociales.
Se trata de una herramienta informática que va a facilitar y simplificar a las
entidades locales los procesos de intervención de los servicios sociales
comunitarios, así como la labor de los profesionales del sistema que van a poder
compartir y consultar la trayectoria de las personas usuarias con garantías
suficientes de seguridad, confidencialidad y protección de datos personales.
Además, los propios ciudadanos y ciudadanas van a poder acceder a información
de su interés, pudiendo tanto consultar sus propios expedientes administrativos
como obtener certificaciones tales como la valoración y reconocimiento de una
situación de discapacidad, la acreditación de la situación de vulnerabilidad y de
exclusión social o la percepción de prestaciones económicas.

La Junta apoya la modernización de pymes agroalimentarias con 31 millones de euros

La Consejería concede 88 ayudas para proyectos que conllevan una inversión de 87,6 millones en el tejido empresarial andaluz




La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha concedido más de 31 millones de euros en ayudas que respaldan las inversiones materiales e inmateriales de pequeñas y medianas empresas (pymes) dirigidas a impulsar la transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas en el sector agroalimentario. Se trata de un total de 88 subvenciones relativas a proyectos que conllevan una inversión privada de 87,6 millones de euros en el tejido empresarial andaluz.




La consejera Carmen Crespo ha puesto en valor que, con esta gestión, la Junta de Andalucía “inyecta liquidez a las pymes agroalimentarias” de muy diversos sectores, unas entidades “que necesitan ahora mismo, más que nunca, recursos para poder invertir y seguir adelante”. En cuanto al efecto del estado de alarma decretado en España para controlar la propagación del Covid-19, la titular de Agricultura ha resaltado que “en estos momentos tan delicados de pandemia es muy importante que se den posibilidades a las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario que son fundamentales para el devenir de Andalucía”.




Las subvenciones, que no contemplan proyectos relacionados con el sector oleícola y de la aceituna de mesa al existir una línea especifica para estas empresas, se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía (2014-2020) y cuentan con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader).




Este montante total puesto a disposición del sector por parte de la Junta de Andalucía es el resultado de un aumento de la dotación inicial realizado en 2019 ante el gran número de peticiones recibidas. Finalmente, la Consejería ha podido dar respuesta a las necesidades del sector atendiendo todas las solicitudes de ayuda que cumplían con los requisitos establecidos en la orden.




Con el fin de agilizar la recepción de los recursos económicos para potenciar la liquidez de las entidades y empresarios, los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa pueden acceder a un anticipo de hasta el 50% de la subvención que tienen aprobada.




Diversidad de proyectos y sectores




Entre otras iniciativas, estas ayudas respaldan proyectos dirigidos a mejorar el sistema de trazabilidad de las entidades beneficiarias, implantar sistemas de gestión de calidad o avanzar en la mejora tecnológica de las agroindustrias a través, por ejemplo, de la robotización del proceso de envasado de los alimentos. Asimismo, también apoyan iniciativas que buscan mejorar en sostenibilidad poniendo en marcha líneas ecológicas, aumentando el ahorro energético o avanzando en procesos de economía circular como, por ejemplo, la transformación de productos hortofrutícolas en ensilado para su aprovechamiento como alimentación de rumiantes.




Los proyectos respaldados por la Junta de Andalucía a través de estas subvenciones se enmarcan en una gran variedad de sectores entre los que se encuentran la producción y comercialización de jamones, embutidos, huevos, frutos secos, legumbres, semillas, productos lácteos, carnes, cítricos, cereales o semiconservas vegetales. Además, también se han aprobado incentivos dirigidos a empresas que se dedican al tostado de café, a la elaboración de productos de pastelería y panadería o a la fabricación de piensos.

La pandemia de COVID-19 ha revelado la debilidad de la prevención de riesgos laborales en Granada

28 de Abril, Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo

 

Con  motivo de la celebración, este martes 28 de abril, del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, y tras hacer un reconocimiento público a las víctimas del COVID-19 y a la labor de los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales, UGT y CCOO recuerdan que en 2019 Granada se situó como la primera provincia andaluza con mayor siniestralidad laboral mortal, con 17 accidentes mortales; y en 2020, hasta febrero, ascienden a 3, incluyendo el fallecimiento del primer médico víctima de la pandemia en Granada, el doctor José Manuel Fernández, de 61 años de edad, del Centro de Salud de Gran Capitán de Granada,  accidente laboral producido, sin duda, por una notable falta de medidas de protección, que los sanitarios siguen sufriendo a día de hoy, en la provincia andaluza con mayor número de personas contagiadas de este colectivo. Siendo conscientes de que se está luchando actualmente contra una pandemia que está provocando una crisis sanitaria y económica sin precedentes, desde ambos Sindicatos se considera que no por ello hay que renunciar a la prevención de riesgos laborales y a la lucha contra la lacra de la siniestralidad laboral, que cada año le cuesta la vida a un buen número de personas trabajadoras en nuestra provincia.

Lectura del manifiesto conjunto elaborado por ambos Sindicatos:  https://youtu.be/3jqjK3AKHg8

El responsable de Salud Laboral de UGT Granada, José Antonio Enríquez, recuerda que los trabajadores, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el desarrollo de sus labores profesionales, por lo que es la empresa la que debe adoptar las medidas de protección que garanticen y protejan a los trabajadores de los riesgos para la salud. Sin embargo, denuncia, muchas empresas granadinas no están dando una respuesta adecuada ante esta crisis sanitaria, y no están adoptando las medidas preventivas necesarias, ni están proporcionando los EPIs para proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su cargo.

Así, el representante de UGT, ha reclamado  un aumento de la inversión en prevención de riesgos laborales por parte de las empresas, porque invertir en prevención es invertir en la salud de los trabajadores. Además, ha recordado que las empresas han de elaborar un plan de contingencia y un protocolo de actuación frente al coronavirus, consensuado con la representación legal de los trabajadores, ya que solo así las medidas que se adopten serán eficaces.

Por último,  Enríquez (UGT) ha exigido una Inspección de Trabajo y Seguridad Social con recursos suficientes para cumplir eficazmente con la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales;  y lamenta que, cuando se actualicen las cifras y se agilice la tramitación administrativa retrasada por el estado de alarma, las cifras de siniestralidad laboral aumentarán, ya que se están produciendo retrasos en la tramitación administrativa de los partes de accidentes de trabajo respecto a los plazos habituales, lo cual puede afectar a los resultados.

Por su parte, la responsable de Salud Laboral de CCOO Granada, María José López Garrido, ha denunciado que esta pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto una realidad que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo: la salud laboral forma parte indisociable de la salud pública. La prueba de ello son los contagios producidos, tanto en el ámbito laboral como en los desplazamientos al lugar de trabajo; no solo en ámbitos laborales muy evidentes como el Sociosanitario, sino también en otros no tan evidentes como el sector de Servicios o Industria, por ejemplo.

También, ha explicado la responsable sindical, se ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema preventivo que era ya patente, pues se basa en un modelo de la prevención como un negocio y no un derecho, externalizando su gestión. En su opinión, esta crisis ha visualizado las tremendas limitaciones de los servicios de prevención, fundamentalmente en los ajenos, en los que incluso se han realizado ERTEs en sus plantillas, en un momento en el que estos trabajadores y trabajadoras son aún más esenciales, lo que ha propiciado la práctica imposibilidad de cumplir las instrucciones de las autoridades sanitarias y poder así limitar las exposiciones al virus. 

Por todo ello, la responsable de Salud Laboral de CCOO Granada ha considerado que “ahora es más necesario que nunca un cambio de modelo en la prevención española, que priorice la salud y la seguridad de las personas trabajadoras”. Y ha pedido a las Administraciones estatales y autonómicas que empiecen a trabajar en este sentido.

Andalucía reconocerá con una Marca de Excelencia a las empresas que promuevan la igualdad real entre mujeres y hombres

 Esta distinción podrá ser considerada como mérito en las bases para ayudas y pliegos de los contratos públicos como cláusula social La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha acordado someter a información pública el proyecto de decreto elaborado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) por el que se regula la validación de los planes de igualdad en las empresas así como la concesión y utilización del reconocimiento Marca de Excelencia en Igualdad. La directora del IAM, Laura Fernández, ha destacado que “el objetivo de este decreto es contribuir a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, así como eliminar la discriminación por razón de sexo”. En la misma línea, ha señalado que “la obtención de la Marca de Excelencia nos garantizará la constatación de las medidas puestas en marcha por las empresas en la mejora de las condiciones del empleo de las mujeres” Este borrador de decreto, que consta de 20 artículos dividido en cinco capítulos y una disposición final, regula la finalidad de la Marca de Excelencia, su denominación, el procedimiento, los requisitos, criterios y condiciones para su concesión, las facultades derivadas de su obtención, las condiciones de difusión institucional de las entidades que la obtengan, así como los procedimientos de control sobre el mantenimiento de las condiciones y políticas que justifiquen su concesión, además de los procedimientos de retirada del reconocimiento en caso de incumplimiento por parte de las entidades afectadas. Además se indica que una Comisión evaluadora será la encargada de valorar la concesión de la Marca de Excelencia en Igualdad Así, en el borrador del decreto se establecen los requisitos para la obtención de esta marca entre los que destacan haber realizado un diagnóstico de situación y sobre la distribución de las mujeres y hombres que trabajan en la empresa conforme a las pautas e indicadores que ofrece la herramienta informática ‘Diagnóstico de empresas en materia de igualdad’ que facilita el Instituto Andaluz de la Mujer en su página web, contar con un Plan de igualdad aprobado por la empresa y haber superado la puntuación mínima establecida para la validación del mismo en la herramienta informática que el IAM ha habilitado a tal efecto (valorANDoMEI); y que los Planes de igualdad hayan contado con la participación de la representación del personal y comunicados a toda la plantilla. Además, la empresa debe establecer medidas específicas para prevenir y hacer frente al acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo que se produzca en el seno de la entidad; así como contar con un compromiso explícito en materia de igualdad de oportunidades en las condiciones de trabajo, la organización y el funcionamiento interno de la entidad. La obtención de este reconocimiento supondrá a las empresas la entrega de una placa acreditativa de dicha distinción que se podrá incorporar a la imagen corporativa de la entidad, así como su uso en el tráfico comercial de la entidad y en cuantos actos corporativos de imagen y, en general, con fines publicitarios, la valoración de dicha marca a efectos de la obtención de subvenciones o ayudas públicas en cuyas bases reguladoras se premie la efectiva consecución de la igualdad y la preferencia en la adjudicación cuando los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía señalen en los pliegos de cláusulas administrativas. Es decir, esta distinción podrá ser considerada como mérito en las bases de subvenciones y pliegos de los contratos públicos como cláusula social. La directora del IAM ha recordado que esta iniciativa normativa obedece al desarrollo de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en concreto del artículo 35, en el que se indica que, con dicha marca, se busca “distinguir a aquellas entidades comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres, con la finalidad de incentivar las iniciativas empresariales que implanten medidas para la promoción de la igualdad en la gestión de los recursos humanos, así como mejoras en la calidad del empleo de las mujeres”. La situación laboral en Andalucía se configura como un mercado laboral segregado por sexo, donde la oferta en él para las mujeres se caracteriza por ofrecer un abanico muy restringido de opciones profesionales, que son demás la de menor prestigio social y mayor saturación en el mercado, lo que lleva asociado menores probabilidades de empleo, peores condiciones laborales y retribuciones más bajas. En cambio, en el mercado laboral de los hombres el abanico posible de profesiones es mucho más amplio, hay mayores probabilidades de empleo en general, así como de ascenso y promoción profesional y de obtener mejores condiciones laborales y mayores sociales. A este respecto, Laura Fernández ha asegurado que “ante esta situación de desigualdad, desde el IAM, se desarrollan actuaciones con el objetivo de promover la igualdad en el empleo removiendo los obstáculos que la limitan o impiden, a través de políticas para el fomento del empleo, la conciliación y los planes de igualdad en las empresas, que impulsen la presencia de mujeres y hombres en el mercado laboral en condiciones de igualdad”. Asimismo, ha incidido en que “el diseño de esta metodología responde a una estrategia de acción positiva destinada a remover situación, prejuicios, comportamientos y prácticas culturales y sociales que impiden a las mujeres alcanzar una situación real de igualdad y oportunidades. Nos encontramos ante una medida correctora que pretende obtener un efecto beneficioso sobre la condición y posición de las mujeres tanto en la sociedad, como en el mercado laboral en general, y en las empresas en particular, con el fin de favorecer la igualdad real y efectiva”. Alegaciones al borrador de decreto El proyecto del decreto por el que se regula la validación de los planes de igualdad en las empresas así como la concesión y utilización del reconocimiento Marca de Excelencia en Igualdad se encuentra en información pública por un plazo de 15 días hábiles tras la publicación el jueves 23 de abril de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El texto se podrá consultar en la página web de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (Servicios y trámites) o en el enlace https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/s ervicios/normas-elaboracion/detalle/193117.html. Las alegaciones se podrán formular en la sede de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, sita en Sevilla, Avenida de Hytasa, 14, en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en formato digital a través de la dirección de correo electrónico del Instituto Andaluz de la Mujer, sinergias.iam@juntadeandalucia.es.

Igualdad distribuye 40.000 mascarillas entre sus residencias de mayores donadas por la Fundación Mapfre

 Rocío Ruiz destaca el compromiso social de esta entidad en estos momentos de crisis sanitaria por el coronavirus La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha distribuido entre los centros residenciales para personas mayores de gestión propia 40.000 mascarillas que han sido donadas por la Fundación Mapfre, atendiendo a la situación excepcional derivada de la pandemia del CODVID-19. La Junta de Andalucía cuenta con 14 centros residenciales para personas mayores de titularidad propia: El Zapillo (Almería); Jerez de la Frontera y Algeciras (Cádiz); Parque Figueroa (Córdoba); Armilla (Granada); La Orden (Huelva); Linares, La Carolina y Úbeda (Jaén); El Palo y Estepona (Málaga) y Heliópolis, Huerta Palacio y Marchena (Sevilla). La consejera Rocío Ruiz ha agradecido a la Fundación Mapfre la donación de este material y ha destacado el compromiso social de esta entidad en estos momentos de crisis sanitaria por el coronavirus. El envío de este material se ha priorizado entre el colectivo de personas mayores, que se han convertido en el colectivo más afectado por esta enfermedad. Este es el tercer reparto de material sanitario que se realiza por parte de la Consejería de Igualdad. El departamento que dirige Rocío Ruiz ya distribuyó un total de 45.000 mascarillas de 3 capas, con el objetivo de que las personas de Grado III de dependencia que son atendidas por los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), ya sea de forma directa por las entidades locales o través de empresas, pudieran disponer de estas medidas de protección de manera inmediata. En el grado III de dependencia se incluyen los grandes dependientes, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria y por su pérdida total de autonomía y, por tanto, son las más vulnerables. Fue personal de las ocho diputaciones andaluzas quienes recogieron el material, y las corporaciones provinciales las que se encargaron de distribuir las mascarillas entre los ayuntamientos, salvo en Almería donde fue la Delegación Territorial de Igualdad quien efectuó la entrega. El reparto se realizó con respecto al número de beneficiarios de la ayuda a domicilio con grado III de dependencia. Así, a Almería llegaron 3.750 mascarillas, Cádiz recibió 5.300, Córdoba 6.700, Granada 4.900, Huelva 3.700, Jaén 4.400, Málaga 7.100 y Sevilla 10.700. Otro de los envíos realizados por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación fue la distribución de 25.700 mascarillas en centros de protección de menores, centros para mayores y personas con discapacidad, servicios sociales e Inturjoven, entidad que gestiona la red de albergues juveniles de Andalucía, cuyas 770 plazas han sido cedidas para la atención sociosanitaria a personas y colectivos vulnerables y/o en grave riesgo durante la situación de pandemia provocada por el coronavirus Covid-19.

Economía incentivará proyectos de investigación contra el COVID-19 de rápida aplicación y con un año de duración

Las ayudas, dotadas con 3 millones, están dirigidas a entidades públicas de I+D y tienen como finalidad lograr un diagnóstico más temprano y unos tratamientos más eficaces

Las ayudas por valor de 2,95 millones de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad destinadas a incentivar la investigación científica sobre el coronavirus SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19 financiarán proyectos de I+D de rápida aplicación y de un año de duración. De acuerdo con la orden de bases reguladora de la convocatoria publicada en el BOJA, las propuestas podrán recibir una cuantía máxima de 100.000 euros, que subvencionará el 100% del presupuesto aceptado. Estos incentivos, cofinanciados con Fondos FEDER, se incluyen en el Decreto-ley 6/2020 de 30 de marzo aprobado por la Junta de Andalucía en el que se recogen medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos económico y social por valor de 94 millones de euros frente a la actual crisis sanitaria.

El departamento que dirige Rogelio Velasco, dada la urgencia por avanzar en la investigación y por razones de interés público, ha agilizado al máximo todo el procedimiento para aprobar en el menor tiempo posible esta orden de bases reguladora, que es el requisito previo a cualquier lanzamiento de incentivos públicos. El siguiente paso será abrir la convocatoria de ayudas, que se prevé en los próximos días. De hecho, Andalucía es la primera comunidad en impulsar una línea propia de incentivos. La convocatoria se realizará en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que no se establecerá comparación ni prelación entre los proyectos ni las solicitudes, tramitándose y resolviéndose de forma independiente.

Esta dotación de casi tres millones tiene como finalidad impulsar trabajos de I+D que logren un diagnóstico más temprano y unos tratamientos más eficaces que ayuden a minimizar los efectos de la pandemia, así como mejorar el conocimiento de la etiología y la epidemiología de la enfermedad y la respuesta de salud pública exigida.

Los incentivos apoyarán tanto la apertura de nuevas líneas de investigación para hacer frente al coronavirus, como el impulso de aquellos trabajos desarrollados previamente en la comunidad que ahonden en aspectos relacionados con esta enfermedad.

Según se recoge en la orden de bases, la convocatoria está dirigida a agentes públicos del sistema andaluz del conocimiento, es decir, a universidades públicas y sus institutos universitarios de investigación, a organismos públicos de investigación y a organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la Junta o participados mayoritariamente por el sector público. Las empresas podrán participar en estas iniciativas en asociación con estos agentes.  

8 líneas de trabajo

Los incentivos apoyarán líneas de I+D en ocho áreas de interés con las que se pretende cubrir todo el espectro de actuación frente al COVID-19. Así, se financiarán nuevos materiales y sistemas de detección precoz en la población asintomática; los estudios genómicos y epidemiológicos de la infección y de los mecanismos de transmisión; o la caracterización celular y molecular del virus SARS-COV-2 y de su ciclo vital. Igualmente, se dará cobertura a nuevas terapias de rápida implantación; a la respuesta inmune y a la patología y severidad de la infección (inmunoterapia); a técnicas de inteligencia artificial aplicadas al análisis y control de la enfermedad; así como a actuaciones, protocolos y sistemas de organización en gestión logística de emergencias; y las acciones sobre el impacto socio-económico de la enfermedad COVID19.

Para favorecer la puesta en marcha de estos proyectos, la Consejería de Economía ha establecido como medida excepcional que el importe total de las subvenciones pueda abonarse anticipadamente, de manera que los equipos de investigación puedan disponer de forma inmediata de los medios necesarios para avanzar en su actividad científica. 

Los trabajos se evaluarán por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), dependiente de la Consejería de Economía. Para ello, se creará en el seno de este órgano un Comité Científico-Técnico de Evaluación, que analizará con la máxima celeridad las memorias científico-técnicas de las solicitudes de acuerdo a criterios de excelencia científica y primando aquellos focalizados en cuestiones bien definidas y de respuesta a corto plazo.

Los criterios de valoración se ponderarán de la siguiente manera: la calidad de la memoria científico-técnica supondrá el 55%, la calidad del equipo de investigación, un 30%; la rápida aplicabilidad, un 10%; y la financiación obtenida por la persona investigadora principal, un 5%. Por su parte, en la Consejería de Economía se creará una Comisión de Seguimiento, que decidirá, a partir del trabajo previo ya realizado por la DEVA, la financiación de cada uno de los proyectos.

Los gastos que se podrán financiar con estas ayudas son los costes salariales derivados de la contratación de personal técnico o con el grado necesario para la ejecución del proyecto, la adquisición del material fungible y del material inventariable o el equipamiento científico indispensable para la realización del trabajo. También las colaboraciones externas, la asistencia técnica, los gastos externos de consultoría y los de publicación y difusión de resultados.

Inicio de formulación de la Estrategia de I+D

Por otro lado, la Consejería de Economía trabaja ya en la Estrategia de I+D+I de Andalucía (EIDIA) para el periodo 2021-2027, cuyo inicio de formulación aprobó a mediados de marzo el Consejo de Gobierno. Este instrumento pondrá el foco en la investigación y las tecnologías biomédicas para atender y dar continuidad a partir del próximo año a la investigación sobre vacunas, diagnóstico y tratamiento contra el coronavirus.

La EIDIA sentará las bases de la política autonómica en materia de investigación e innovación para los próximos siete años, será elaborado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y sustituirá al actual Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI), que culmina su vigencia este ejercicio.

Esta nueva planificación tendrá como finalidad última conseguir para Andalucía los niveles más altos de eficiencia y competitividad en términos de investigación e innovación y así contribuir a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que logre una economía basada en el conocimiento. Con ese propósito, dicho instrumento estará enfocado a fomentar la excelencia científica como base futura de la competitividad, impulsar la internacionalización del sistema de I+D+I, facilitar un entorno innovador como apoyo al sector empresarial, así como contribuir a la reorientación del modelo productivo andaluz.

El Ayuntamiento de Motril transmite un mensaje de tranquilidad sobre la recuperación económica del municipio

 Las medidas de alivio fiscal adoptadas por el Gobierno local, de forma consensuada con los representantes políticos y empresarios, y el crecimiento en el número de licencias urbanísticas vislumbran un panorama de recuperación

 La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y los tenientes de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, y de Economía y Hacienda, Nicolás Navarro, han querido transmitir esta mañana a la población motrileña un mensaje de tranquilidad sobre la recuperación económica del municipio, una vez que se supere por completo la crisis sanitaria y el período de confinamiento provocados por el coronavirus COVID-19. Las medidas económico-financieras del Consistorio -adoptadas de forma consensuada con todas las formaciones políticas y con todos los representantes de los sectores económicos de la ciudad-, junto con el crecimiento en el número de licencias urbanísticas permiten vislumbrar un panorama de recuperación de la economía de Motril.

La primera edil motrileña ha explicado esta mañana que el Gobierno local continúa trabajando tanto en la protección de la salud de los vecinos del municipio como en “el día después”, cuando se supere la actual crisis sanitaria. En este sentido, García Chamorro ha dado cuenta del encuentro mediante videoconferencia mantenido a lo largo de la mañana entre miembros del Ejecutivo local y los representantes de los sectores económicos de la ciudad, entre los que se encontraban los presidentes de la Cámara de Comercio, de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost) y de los comerciantes del centro de Motril, así como representantes del sector de la hostelería y la restauración.

Este encuentro virtual ha servido para “poner en común” las iniciativas puestas en marcha desde la Administración local y las acciones que pueden desarrollarse a futuro para contribuir a la recuperación del tejido productivo y generador de empleo del municipio. La alcaldesa ha anunciado próximas reuniones con la Gerencia del Hospital Comarcal Santa Ana para valorar la situación sanitaria “real” de Motril y con el sector pesquero para clarificar las medidas que pueden revitalizar su actividad.

Luisa García Chamorro y el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, han destacado el aumento en el número de licencias urbanísticas -que se situarán en más de un centenar-, lo que se traducirá para la población motrileña en una mayor creación de empleo en los próximos meses y de generación de riqueza indirecta por la compra de material de construcción. “Cien viviendas en Motril significa la creación de muchos puestos de trabajo y significa la creación de riqueza”, ha dicho García Chamorro, que ha asegurado que el objetivo es que “Motril vuelva a ser lo que era”.

En este sentido, Antonio Escámez ha indicado que su departamento permanece al margen de la actual situación de parálisis económica, a juzgar por el gran número de empresarios locales y foráneos interesados en obtener las licencias que les permitan iniciar sus proyectos lo antes posible. Escámez ha anunciado la aprobación en el próximo Pleno de estas licencias, que permitirán mantener la actividad en el sector de la construcción en los próximos meses, y ha recordado el comienzo de las obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario la semana pasada.

El teniente de alcalde de Urbanismo ha asegurado que su departamento está superando las “metas” previstas en el propio Plan General de Ordenación Urbana, con siete proyectos que supondrán la construcción de un centenar de viviendas, además de otros cinco proyectos comerciales, urbanísticos y agrícolas. En total, estos proyectos han supuesto unos ingresos en las arcas municipales superiores al millón de euros y la previsión es ingresar un millón más en los próximos meses. “Motril sigue creciendo a una marcha imparable”, ha dicho.

Medidas de alivio económico

El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Nicolás Navarro, ha detallado las medidas económicas adoptadas por el Consistorio la semana pasada, que fueron consensuadas con los portavoces de todos los grupos políticos municipales y que se someterán a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento a mediados del mes de mayo. Dentro de este paquete económico se incluye la suspensión de plazos tributarios, la modificación del calendario fiscal, el aplazamiento de impuestos o la exención de la tasa por ocupación de vía pública para sillas y mesas en el sector de la hostelería hasta final de año y que supondrá un decrecimiento de los ingresos municipales de aproximadamente 98.000 euros.

Del mismo modo, la decena de explotaciones en régimen de concesión administrativa del Ayuntamiento de Motril (como los bares y peluquerías en los centros de mayores o aquellas de carácter deportivo o del sector de la hostelería) estarán exentas del pago durante los meses de vigencia del estado de alarma decretado por el Gobierno central. Respecto a las medidas económicas, la alcaldesa Luisa García Chamorro ha subrayado la importancia de dar liquidez a las familias “que peor lo están pasando” y a las pequeñas y medianas empresas radicadas en el municipio en los peores momentos que se recuerdan desde la crisis de 2008”. Entre las decisiones económicas adoptadas por el Consistorio, se incluye la dilación o exención en el abono de tasas y tributos y el pago de casi tres millones de euros durante el período de confinamiento a los proveedores y suministradores del Ayuntamiento.

En materia social, Luisa García Chamorro ha señalado que el Ayuntamiento ha duplicado el número de personas atendidas y que, en estos momentos, se atiende a medio millar de familias motrileños para garantizar su subsistencia en estos momentos complicados. La máxima responsable municipal ha augurado que este número se incrementará en las próximas fechas y ha destacado el trabajo de los Servicios Sociales para atender todas estas necesidades para que “nadie se quede atrás”. García Chamorro ha destacado también el esfuerzo que se está realizando desde el área de Parques y Jardines para adecentar y mantener en perfectas condiciones los 278 jardines del municipio, con una superficie total de 300.000 metros cuadrados. Finalmente, la alcaldesa ha agradecido a todos los grupos políticos con representación en la Corporación su trabajo y, especialmente, a las formaciones que integran la oposición por su “mano tendida al Gobierno municipal” para garantizar el desarrollo del municipio.

El BOE publica hoy la Orden que regula las condiciones para los desplazamientos de la población infantil

 El objetivo es aliviar las medidas a las que han estado sometidos y las posibles consecuencias negativas que esta situación conlleva, al tiempo que se respetan las medidas de seguridad necesarias

 El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas considera que, en la situación de Estado de Alarma, se debería permitir a los niños y niñas poder disfrutar diariamente de actividades fuera de casa de manera supervisada y manteniendo las garantías de higiene y distanciamiento social 

 Hoy se ha publicado en el BOE la Orden, que regula las condiciones en las que deben tener lugar los desplazamientos por parte de la población infantil y que entrará en vigor mañana domingo. Según establece el texto los menores de 14 años podrán dar paseos controlados, acompañados de un adulto durante una hora al día, en un horario amplio para evitar aglomeraciones (entre las 09.00 h. de la mañana y las 21:00 h.), a una distancia de un kilómetro alrededor de su domicilio y sin acceder a espacios recreativos infantiles al aire libre o instalaciones deportivas. El paseo diario deberá realizarse como máximo en grupos formados por un adulto responsable y hasta tres niños o niñas. Durante el mismo deberá mantenerse una distancia interpersonal con terceros de al menos dos metros y cumplir con las medidas de prevención e higiene recomendadas. La persona que acompañe a los menores deberá ser mayor de edad, convivir en el mismo domicilio que el niño o niña actualmente, o ser un empleado de hogar a cargo del menor. Cuando el adulto sea una persona diferente de los progenitores, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho, deberá contar con una autorización previa de estos.

No podrán salir los menores que presenten síntomas, estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico confirmado por COVID-19 o estén en período de cuarentena domiciliaria por haber estado en contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de esta enfermedad. Respecto a los niños y niñas que residan en centros de protección de menores, centros habitacionales sociales de apoyo para personas con discapacidad u otros servicios residenciales análogos serán las comunidades autónomas, respetando lo regulado en esta Orden, las que podrán, en el ejercicio de sus competencias en materia de protección y tutela de personas menores de edad, adoptar las medidas necesarias para adecuar la aplicación de lo dispuesto en la misma. Beneficios Una salida controlada de la población infantil puede reportar beneficios asociados a un estilo de vida más saludable, prevenir algunos problemas asociados al mantenimiento prolongado del estado de alarma, como puede ser la mejora de la calidad del sueño o la síntesis de vitamina D, así como una mejora en el bienestar social o familiar. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha realizado recientemente un llamamiento general a los Estados alertando sobre los efectos físicos, psicológicos y emocionales en la infancia a consecuencia de la epidemia ocasionada por el COVID-19, de las medidas adoptadas y sus consecuencias. Así, el citado Comité considera que, en la situación de estado de alarma, se debería permitir a los niños y niñas poder disfrutar diariamente de actividades fuera de casa de manera supervisada y manteniendo las garantías de higiene y distanciamiento social. Para más información, consulte la resolución publicada hoy: https://boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf