Los Servicios Sociales Comunitarios de la provincia
han tramitado casi 1.200 ayudas económicas familiares, de emergencia y de
urgencia social, que benefician a otras 4.000 personas
La Diputación de Granada, a
través del área de Bienestar Social y la
red de Servicios Sociales Comunitarios, ha atendido desde
la declaración del Estado de Alarma, a más de 22.000 personas vulnerables con
demandas de información, asesoramiento, intervención y movilización de recursos. De las personas atendidas, 3.182 corresponden a
altas de nuevos usuarios de servicios sociales sobre los que se ha realizado
alguna gestión, que acuden por primera vez a este servicio por circunstancias
sobrevenidas a raíz de la crisis y para los que se ha movilizado algún tipo de
recurso.
La
diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, ha señalado que la crisis sanitaria provocada por
COVID-19 “ha multiplicado las necesidades sociales en la provincia, generando
graves dificultades en la cobertura de necesidades básicas en muchas personas y
familias”. En este sentido, entre el 15 de
marzo y el 14 de mayo se han registrado 9.762 nuevas intervenciones y, además,
en 1.494 casos se han realizado gestiones sobre intervenciones ya abiertas
anteriormente. En total, en estos dos meses se ha realizado 11.256
intervenciones de gestión y movilización de recursos.
De la Rosa, que ha subrayado el papel
de los ayuntamientos de municipios menores de 20.000 habitantes en el
desarrollo de estas actuaciones, ha insistido en que esta situación
“sobrevenida” está provocando que surjan, y se agudicen, situaciones de riesgo
en colectivos vulnerables “que se encuentran en una situación de desventaja
socioeconómica tan grave que obliga a activar políticas que den respuesta de
manera eficaz y ágil a sus necesidades evitando con ello que se vean abocados a
situaciones de injusticia social”.
Ante está situación, ha precisado
la diputada, el personal técnico de servicios sociales comunitarios “está en
primera línea de atención, de intervención y acompañamiento, actuando
en muchas ocasiones como barrera de contención
de la crisis”. Por ello, es “necesario reconocer y
agradecer el gran trabajo que realizan a diario estos profesionales en todos y
cada uno de los pueblos de la provincia y la colaboración y esfuerzo de todos los
servicios implicados en la gestión económica y administrativa de estas ayudas
para aprobarlas con la mayor celeridad posible”. En este sentido, se ha
referido al personal técnico del equipo provincial de Coordinación de Servicios
Sociales, y los servicios de Gestión Presupuestaria, Intervención y Secretaria
“cuya labor es imprescindible”.
Ayudas
económicas familiares y de emergencia y urgencia social
Por otro lado, la diputada ha
explicado que, dado el gran numero de personas y familias
con necesidades económicas sobrevenidas, la Diputación de Granada, junto con
los ayuntamientos y con la colaboración de la Junta de Andalucía y del Gobierno
Central, que ha dotado un Fondo Social Extraordinario,
está haciendo un “enorme esfuerzo” para dotar económicamente las partidas
presupuestarias dirigidas a ayudar a las familias y está adoptando medidas
urgentes y extraordinarias para paliar esta situación.
Desde el inicio del Estado de Alarma se han aprobado 963
ayudas económicas familiares, ayudas de
emergencia y de urgencia social a personas y familias por valor de 1.024.126
euros, que han beneficiado a más de 3.000 personas, y están en tramite de
aprobación otros 204 expedientes de ayudas por una cuantía de 260.850 euros.
Por tanto, trascurridos dos meses desde el inicio de la
crisis sanitaria, se ha tramitado ya, por la red de Servicios Sociales de la
Diputación de Granada, 1.167 expedientes de ayudas económicas que ascienden a
un total de 1.284.976 euros. Esto supone que cerca de 4.000 personas se han
beneficiado ya de este tipo de ayudas.
Por
último, además de las propias ayudas económicas, los Servicios Sociales
Comunitarios de la Diputación de Granada y de los municipios, están colaborando
con las consejerías de Educación y de Igualdad, Política Social y Conciliación
para, de manera coordinada, desarrollar el Plan de garantía alimentaria (PLAN
SIYGA) en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Este
plan permite garantizar la alimentación adecuada a menores de familias
vulnerables que asistían a comedores escolares ahora cerrados. Son 838 menores
los que actualmente se benefician de la distribución diaria de menús en los
municipios.
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