20/1/24

IU Verdes Equo critica y rechaza el modelo de crecimiento propuesto por el gobierno local para Motril


Cuestiona los denominados proyectos estratégicos que el gobierno local ha
anunciado que pretende abordar en los próximos años porque promueven un
modelo de ciudad deshumanizada, alejada de las necesidades reales de la
ciudadanía, que se entrega al mercado inmobiliario y a la especulación, pasando por
encima de la preservación de nuestro patrimonio cultural y los espacios naturales.

La portavoz municipal de IU Verdes Equo ha valorado esta mañana el reciente anuncio de
los proyectos que el gobierno local pretende llevar a cabo en los próximos años, afirmando
que el “futuro prometedor” que anuncia el gobierno local se concreta en una serie de
proyectos estratégicos que, en su mayoría, viene presentando en los últimos años de
manera recurrente, como es el caso de la remodelación integral de las explanadas, el gran
hotel ciudad o la actuación en el recinto de la alcoholera. De todos ellos hemos visto a lo
largo de estos cinco años de gobierno del Partido Popular, simulaciones, infografías,
imágenes virtuales, declaraciones grandilocuentes, y se han adelantado fechas para su
inminente ejecución que nunca se han cumplido finalmente —ha comentado..
El gobierno augura un “futuro prometedor” con sus grandes proyectos, como la construcción
de un nuevo barrio con 650 viviendas, la transformación del recinto de la alcoholera, la
rehabilitación del Paseo de las Explanadas, la carretera provincial de las Ventillas o la
construcción de un centro de alto rendimiento deportivo en playa Granada.
IU Verdes Equo sostiene que el gobierno de Luisa García Chamorro no tiene la menor
credibilidad política. Así lo viene demostrando con sus mentiras y sus reiterados
incumplimientos con los vecinos, con el comercio local motrileño y con los empleados y
empleadas municipales (Policías locales y bomberos incluidos).
Las “derechas motrileñas” pretenden con estos proyectos, según sus palabras, “transformar
Motril”. Si los llevaran a cabo, lamentablemente lo conseguirán, pero la transformación será
para mal —ha señalado su portavoz, Inma Omiste— porque no será una transformación a
favor de la ciudad y de los ciudadanos que responda al interés general, sino que será para
favorecer intereses de negocio y de particulares, que es lo que siempre persigue el Partido
Popular.
Inma Omiste ha declarado que está muy bien que se lleven a cabo actuaciones en la ciudad
y en su término municipal, pero lo deseable es que sea en beneficio de todos, atendiendo al
interés general, no sólo que tengan que ver con grandes proyectos urbanísticos, que
movilizan grandes recursos económicos que propician “pelotazos” para enriquecer a unos
pocos.



Para la coalición de izquierdas ecologista ese futuro “prometedor” anunciado deja fuera las
actuaciones reclamadas por los vecinos, que son de menos relumbrón: no hay actuaciones
ni proyectos para reestructurar el Punto Limpio, para llevar a cabo actuaciones de mejora en
los barrios, en las instalaciones deportivas o en la limpieza de la ciudad. Tampoco hay
proyectos ni propuestas para garantizar el acceso a la vivienda de los vecinos más jóvenes
y las familias trabajadoras, la reestructuración del servicio municipal de acogida de
animales, o la protección del medio ambiente y la contribución a la lucha contra el cambio
climático en su ámbito (Motril sigue sin haber implantado una Zona de Bajas Emisiones).
Omiste ha insistido en que más allá del macroproyecto de futuro de la alcoholera, los
jóvenes siguen sin tener a su disposición espacios propios ni una oferta de ocio y cultura
atractiva, a día de hoy después de cinco años de gobierno de los populares.
Desde IU Verdes Equo defendemos que se hagan políticas para mejorar la vida de la gente
en su día a día, en sus barrios, en los espacios públicos para hacer una ciudad más
habitable como espacio de convivencia ciudadana, dando voz y participación a la
ciudadanía —ha subrayado—.
Para la coalición, el gobierno local identifica erróneamente el desarrollo económico con la
construcción de viviendas. El urbanismo de Motril ha decidido acabar con la que fue la
principal fuente de actividad y de empleo durante bastantes siglos, la Vega Vieja, una
práctica que ya se ha normalizado desgraciadamente. De este modo, el modelo económico
resultante será el de ladrillo y abundantes chiringuitos, una vez terminada la construcción de
las viviendas.
Las nuevas viviendas van dirigidas a inversores y usuarios de viviendas de temporada. El
modelo productivo resultante será el habitual en tantas ciudades españolas del
Mediterráneo, en el que reaparecen de nuevo los “pelotazos” inmobiliarios que enriquecen
a los promotores.
Inma Omiste ha reafirmado que IU Verdes Equo rechaza la estrategia del ladrillo y
especulación como modelo de desarrollo y crecimiento de la ciudad. detallando que
“apostamos” por la puesta en marcha de políticas activas de empleo que cualifiquen a las
personas jóvenes para empleos de alto valor añadido vinculado a las tecnologías de la
información y a la logística, una oferta de trabajadores cualificados que podría encontrar
acomodo en las actividades empresariales que se desarrollan en el Puerto de Motril.
Se ha referido también al megaproyecto de la Marina interior de playa Granada: “mención
aparte” merece el empeño de la alcaldesa y del gobierno municipal para arrasar parte de la
playa de Poniente y modificar la línea litoral para construir una marina náutica artificial, con
puerto deportivo, campos de golf y cientos de viviendas en playa Granada.
Una “gran idea en tiempos de emergencia climática”, cuando se anuncian restricciones de
agua en Andalucía y que, si se lleva a cabo, enriquecerá notablemente a un grupo de
“emprendedores”, propietarios de esos terrenos adquiridos en su momento a precios
ventajosos —ha ironizado.
Finalmente, Omiste ha concluido su comparecencia señalando que “conviene no olvidar”
que la alcaldesa de Motril Luisa María García Chamorro, que es quien lidera esta estrategia
para transformar Motril, está siendo investigada desde febrero de 2022 por una presunta
malversación de fondos públicos, sin que todavía haya concluido dicha investigación tras
dos años de instrucción, apelando a la necesaria y pronta resolución judicial de este
proceso para que la ciudadanía pueda conocer el alcance de lo acaecido.

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