El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció hoy que el próximo mes de diciembre tiene previsto nombrar un fiscal delegado para la lucha contra la siniestralidad laboral, que se encargará de coordinar las actuaciones de la Fiscalía en esta materia en toda España.
En declaraciones realizadas en Santa Cruz de Tenerife, Conde-Pumpido destacó que el fiscal delegado dirigirá una sección especial de la Fiscalía para combatir la siniestralidad laboral, que ayer se cobró seis nuevas víctimas mortales en el accidente de Almuñécar.
La labor del fiscal delegado para toda España será la coordinación de las actuaciones de los servicios especializados en accidentes laborales de todas las fiscalías, y hacer de interlocutor con todas las fuerzas sociales y políticas y con los órganos del Poder Judicial, con el fin de unificar criterios en este campo.
Desde su toma de posesión como fiscal general, Conde-Pumpido se ha mostrado especialmente preocupado con este problema y ha ordenado que se instituyan los servicios especializados en siniestralidad laboral en aquellas fiscalías donde no existían, o que se refuercen dichas secciones cuando ya estuviesen establecidas.
Las secciones especiales para siniestralidad laboral estarán compuestas por un fiscal especializado que se responsabilizará de la coordinación de todas las causas por siniestros laborales, y de uno o más fiscales que, con carácter preferente o exclusivo, despacharán este tipo de asuntos, según fuentes de la Fiscalía General. Estos servicios especiales de las fiscalías tendrán una "relación permanente y continúa" con las autoridades laborales.
En relación al accidente de Almuñécar, fuentes del Ministerio Público señalaron que se hará cargo la Fiscalía de Granada, dentro del procedimiento judicial que se abra en la provincia para investigar las seis muertes. Por otro lado, y de acuerdo a un convenio suscrito en el año 2004 por la Fiscalía General y la Junta de Andalucía, la Inspección de Trabajo andaluza remitirá los datos que recabe sobre el asunto a los fiscales, que decidirán si son útiles para incorporarlos a las diligencias judiciales.
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