El PP-A pide la dimisión de Chaves y la asunción de responsabilidades e IU demanda una comisión de investigación en la Cámara andaluza
Empleo propondrá a la Mesa de Diálogo Social que se incluyan medidas que limiten la subcontratación en cadena
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, precisó que la Junta mantendrá la postura de paralización de las obras de la Autovía del Mediterráneo, donde la semana pasada se registró un accidente laboral donde fallecieron seis trabajadores, cinco de ellos portugueses y uno español, y precisó que la Inspección de Trabajo y la propia Junta "incidirán en las circunstancias y las condiciones de desplazamiento transnacional de los trabajadores portugueses".
El lunes de la pasada semana seis obreros fallecieron tras derrumbarse la estructura metálica empleada en la construcción de un viaducto en las obras de la Autovía del Mediterráneo, ubicado en la provincia de Granada.
Tras agradecer el hecho de que todos los grupos hayan accedido incluir esta comparecencia parlamentaria a petición propia, no prevista inicialmente, en la Comisión de Empleo, realizada un día después de que ocurriera el siniestro, Fernández precisó que la empresa portuguesa "debe garantizar a la Junta y a la Inspección un cumplimiento de las obligaciones laborales en cuanto a cumplimiento de las condiciones de salarios, jornadas, descansos y prevención de riesgos laborales, que deben cumplir un nivel mínimo equivalente a la normativa española".
Recordó la orden expresa de secreto sumarial "que impiden que podamos acceder a todos los datos al tener la obligación de respetar dicho secreto", a lo que se une el hecho de que la Inspección "está sometida a protocolos de actuación profesionales y criterios técnicos comunes a todo tipo de investigación de accidentes".
Durante dicha comparecencia precisó que en la Inspección Provincial de Trabajo de Granada "no se habían presentado denuncias previas ni sobre siniestralidad ni sobre incumplimiento de la jornada en relación con el tramo en que se produjo el accidente, a pesar de que en dicha obra se había suscrito un acuerdo por el que en ésta, además de la presencia habitual de delegados sindicales de prevención, se garantizaba la presencia extraordinaria de representantes sindicales para la revisión de las obras".
No obstante, precisó que la Inspección investigará las circunstancias en torno a las jornadas de trabajo "e investigaremos si la posible superación de la jornada ordinaria es cierta o no y en su caso si estaba compensada con descansos según la normativa española".
El consejero precisó que los trabajadores extranjeros se encontraban prestando servicios en España "de forma regular y legal" y agregó que la Inspección "investigará la realidad y el funcionamiento de la empresa portuguesa y el fondo de la contratación por si se hubiera realizado una práctica de cesión, legal o ilegal, de trabajadores, así como la implicación, las condiciones y el compromiso de la empresa de los trabajadores con carácter previo al desplazamiento".
Tras recordar que la Consejería ha promovido la creación de un equipo multiprovincial formado por técnicos de prevención "para profundizar en las causas del siniestro y ofrecer su colaboración a la Inspección de Trabajo y al Ministerio Fiscal", Fernández mantuvo la postura de paralización de la obra por mandato de la Autoridad Judicial y por decisión de la Inspección y de la propia Consejería.
PROPUESTA SOBRE SUBCONTRATACION
Además anunció que la Consejería de Empleo elevará una propuesta a la Mesa de Diálogo Social sobre el Mercado de Trabajo para introducir medidas que mejoren la seguridad jurídica en las contratas y subcontratas "e introducir mayor transparencia en la cadena de subcontratación".
Consideró que la descentralización productiva y la falta de reformas en la legislación laboral relativa a la subcontratación ha conducido a una situación caracterizada "por un no deseable deterioro de la seguridad de los trabajadores", por lo que consideró "aconsejable" una modernización de la regulación que limite la subcontratación en cadena.
Precisó que la UTE como contratista principal tenía un plan de seguridad aceptado por las subcontratistas y aprobado por el coordinador de obra. Indicó en ese sentido que se establecerá la responsabilidad solidaria del empresario principal en relación con las subcontratistas.
DATOS DE INSPECCION
El consejero precisó que los 128 efectivos que forman la plantilla de la Inspección de Trabajo detectaron en el sector de la construcción entre enero y septiembre de este año 3.431 infracciones, con 2.379 actas levantadas, por importe de 9,3 millones de multa. Se registraron 14.204 requerimientos y 441 paralizaciones de obra. En la provincia de Granada, en el citado sector se levantaron 502 infracciones a través de 307 actas, con multas por un importe de 1,3 millones de euros. Se dictaron 706 requerimientos y se paralizaron 42 obras.
Recordó otras iniciativas puestas en marcha en el ámbito de la prevención y precisó que se remitieron 1.007 comunicaciones a la Fiscalía especializada en siniestralidad entre enero y octubre, período en que dio orden de 187 paralizaciones de obra por la existencia de riesgos. En la provincia de Granada se remitieron 44 accidentes a la Fiscalía y 19 informaciones de paralización de obra.
PETICIONES DE DIMISION Y COMISION DE IVNESTIGACION
Por su parte, el diputado del PP-A Luis Martín Luna demandó la dimisión del presidente de la Junta, Manuel Chaves "que no puede estar ni un minuto más en el sillón ante esta situación, después de haber guardado un vergonzoso silencio". "Siguen sin esclarecerse las causas y siguen sumidos en el autobombo", denunció Martín Luna que lamentó la "falta de información, de claridad y de transparencia".
Tras pedir la asunción de responsabilidades políticas en ese sentido "tanto a nivel autonómico como nacional", Martín Luna ofreció una política de "mano tendida" a la Junta y apostó por "hacer una piña y establecer un gran pacto social y político con todos los grupos y el presidente de la Junta para hacer un plan de choque contra la siniestralidad laboral y para culminar la aprobación de la Ley del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales.
Por su parte, el diputado de IU Pedro Vaquero lamentó que "se mantengan todos los interrogantes" en este caso "donde siguen las incógnitas sobre las condiciones laborales y la jornada de trabajo", por lo que demandó la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz "para investigar a fondo y conocer en directo el testimonio de los trabajadores y los técnicos, así como los pormenores de esta investigación".
Además, lamentó que la Junta "no haya exigido un incremento de los efectivos de la Inspección" y urgió la necesidad de la tramitación de la Ley de Subcontratación, con la habilitación de un registro de subcontrataciones, así como el establecimiento de una campaña de prevención de riesgos "donde se diseñe un mapa de riesgos y se arbitren sanciones más importantes para las empresas incumplidoras".
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