La actual redacción del Anteproyecto no obliga a los municipios menores de 5.000 habitantes a presentar listas electorales paritarias, excluyendo a un total de 6874 municipios, con una población de 6.062.369, es decir al 12,4% de la población total de nuestro país. “Con esta medida, el mundo rural queda excluido de la democracia paritaria”, ha apuntado Inmaculada Fernández, responsable del Área de la Mujer de COAG
El Pleno del Consejo Económico y Social aprobará hoy el dictamen sobre el Anteproyecto de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y hombres, cumpliéndose de esta manera uno de los trámites necesarios para la futura aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros. El texto final del dictamen recoge algunas de las mejoras que, sobre esta Ley, ha planteado el Área de la Mujer COAG durante las reuniones previas celebradas para la elaboración del mismo:
- Disposición Adicional Segunda. Modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. En lo referente a la excepción sobre la composición equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas que se presenten en los municipios con un número de residentes igual o inferior a 5.000 habitantes, consideramos que ha de ser revisado dicho límite ya que se excluye de una medida tan importante para alcanzar la Democracia Paritaria, a un total de 6874 municipios, con una población de 6.062.369, es decir al 12,4% de la población total de nuestro país. En ese sentido, el Área de la Mujer de COAG solicita que la futura Ley de igualdad de oportunidades incluya las listas electorales paritarias en los municipios con menos de 5.000 habitantes.
- El dictamen del CES también recoge que, dentro de las bonificaciones del 100 % en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de los contratos de interinidad, junto a trabajadores autónomos, socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas, se han de incluir a las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia.
- Asimismo, el texto del dictamen hace referencia a la necesidad del desarrollo del concepto de “titularidad compartida” de las explotaciones agrarias. Desde esta organización se echa en falta en el Anteproyecto de la Ley de Igualdad una definición clara de la titularidad compartida de la explotación agraria, así como las consecuencias que jurídicamente tal definición supone. “No hay que olvidar que las explotaciones agrarias tienen unos derechos administrativos que figuran a nombre del titular de la explotación. Con la ausencia de la “titularidad compartida”, estos derechos recaen en el titular, normalmente el marido, quedando, prácticamente, expulsada la mujer del sector agrario, en el caso de divorcio, por ejemplo, y, agravando, por tanto, uno de los problemas del sector: la masculinización del mismo”, ha puntualizado, Inmaculada Fernández, responsable del Área de la Mujer de COAG.
Dentro de la futura Ley, en el apartado sobre Desarrollo Rural, se deberían ampliar las acciones que favorezcan la incorporación de las mujeres a las cooperativas y a las organizaciones profesionales agrarias así como la incorporación de las asociaciones de mujeres a los grupos de desarrollo rural incluyendo las juntas directivas de los mismos.
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