El Tribunal Superior de Justicia (TSJA), con sede en Granada, juzgará a partir de mañana a la juez de Motril) Adelina Entrena, acusada de olvidarse acordar la libertad de José Campoy, un ,preso que pasó más de un año en la cárcel por un delito del que había sido absuelto.
Fuentes del caso han informado de que en el juicio, fijado para los días 2, 3 y 4 de abril y que comenzará a las 9:30 horas en la Real Chancillería, comparecerán, además de la imputada, más de una decena de testigos, entre ellos el propio Campoy, su madre, la secretaria del juzgado dónde trabajó Entrena y varios funcionarios.
También está prevista la testifical del fiscal que llevó la causa del preso, de uno de los abogados que defendió al reo y del juez que sustituyó a la magistrada durante una baja, además de seis médicos-peritos.
La Fiscalía Superior de Andalucía solicita suspensión de empleo o cargo público durante un año y tres meses para la juez y pide que indemnice a Campoy en un total de 75.230 euros, de los que 15.230 corresponden a los perjuicios causados por los días de indebida privación de libertad y 60.000 por el daño moral sufrido.
El Ministerio Fiscal considera a la magistrada autora de un delito contra los derechos fundamentales del artículo 532 en relación con el 530, preceptos ambos del Código Penal, en la modalidad de prolongar la privación de libertad de un preso por imprudencia grave.
En el relato de hechos el fiscal precisa que pese a que Campoy había sido absuelto a través de una sentencia declarada firme de un robo con violencia por el que fue juzgado, no se acordó ni se instó su libertad, lo que hizo que permaneciera en situación de prisión provisional.
La acusación particular le imputa a la juez el mismo delito que la Fiscalía y solicita que se le inhabilite ocho años para empleo o cargo público o, alternativamente, durante dos años si se entiende que hubo imprudencia grave, y además formula reserva de acciones contra la acusada y subsidiariamente contra el Estado.
La defensa de Entrena considera, por su parte, que la juez desconocía que Campoy estuviera en prisión indebidamente, lo que la exonera de toda responsabilidad criminal.
El escrito de defensa, al que tuvo acceso Efe, incide en que la que fue magistrada de Motril ignoró 'en todo momento' el estado de José Campoy en la prisión de Albolote (Granada).
Argumenta que después de que la juez regresara tras una baja, en los primeros días de diciembre de 2005, nadie 'en absoluto' la advirtió del estado del preso, cuando debieron hacerlo la secretaria y la funcionaria que tramitaba las ejecutorias.
La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, Adelina Entrena, se convirtió el pasado 28 de noviembre en el octavo magistrado expulsado de la carrera judicial por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 1984, aunque algunos de ellos fueron posteriormente readmitidos.
Su abogado ha recurrido esta decisión al entender, entre otras causas, que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el CGPJ no podría adoptar un acuerdo de esa índole mientras no termine el proceso penal que la juez tiene abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Terra Actualidad - EFE
Fuentes del caso han informado de que en el juicio, fijado para los días 2, 3 y 4 de abril y que comenzará a las 9:30 horas en la Real Chancillería, comparecerán, además de la imputada, más de una decena de testigos, entre ellos el propio Campoy, su madre, la secretaria del juzgado dónde trabajó Entrena y varios funcionarios.
También está prevista la testifical del fiscal que llevó la causa del preso, de uno de los abogados que defendió al reo y del juez que sustituyó a la magistrada durante una baja, además de seis médicos-peritos.
La Fiscalía Superior de Andalucía solicita suspensión de empleo o cargo público durante un año y tres meses para la juez y pide que indemnice a Campoy en un total de 75.230 euros, de los que 15.230 corresponden a los perjuicios causados por los días de indebida privación de libertad y 60.000 por el daño moral sufrido.
El Ministerio Fiscal considera a la magistrada autora de un delito contra los derechos fundamentales del artículo 532 en relación con el 530, preceptos ambos del Código Penal, en la modalidad de prolongar la privación de libertad de un preso por imprudencia grave.
En el relato de hechos el fiscal precisa que pese a que Campoy había sido absuelto a través de una sentencia declarada firme de un robo con violencia por el que fue juzgado, no se acordó ni se instó su libertad, lo que hizo que permaneciera en situación de prisión provisional.
La acusación particular le imputa a la juez el mismo delito que la Fiscalía y solicita que se le inhabilite ocho años para empleo o cargo público o, alternativamente, durante dos años si se entiende que hubo imprudencia grave, y además formula reserva de acciones contra la acusada y subsidiariamente contra el Estado.
La defensa de Entrena considera, por su parte, que la juez desconocía que Campoy estuviera en prisión indebidamente, lo que la exonera de toda responsabilidad criminal.
El escrito de defensa, al que tuvo acceso Efe, incide en que la que fue magistrada de Motril ignoró 'en todo momento' el estado de José Campoy en la prisión de Albolote (Granada).
Argumenta que después de que la juez regresara tras una baja, en los primeros días de diciembre de 2005, nadie 'en absoluto' la advirtió del estado del preso, cuando debieron hacerlo la secretaria y la funcionaria que tramitaba las ejecutorias.
La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, Adelina Entrena, se convirtió el pasado 28 de noviembre en el octavo magistrado expulsado de la carrera judicial por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 1984, aunque algunos de ellos fueron posteriormente readmitidos.
Su abogado ha recurrido esta decisión al entender, entre otras causas, que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el CGPJ no podría adoptar un acuerdo de esa índole mientras no termine el proceso penal que la juez tiene abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Terra Actualidad - EFE
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